Panorámica de la terminal de mercancías del Puerto en la que se asentaría el proyecto de los depósitos. ALICANTE. La propuesta para la instalación de una planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos promovida por XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante continúa generando contestación social, tras el acuerdo aprobado por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria en julio que da encaje a su construcción.
Tanto es así que las asociaciones de vecinos que agrupan a los residentes de los barrios más próximos, así como diversos colectivos ecologistas y secciones de algunas formaciones políticas, han acordado refundar y reformular los objetivos de la Plataforma contra los graneles del Puerto para crear una nueva Plataforma por un Puerto sostenible "que luche por un puerto que pueda convivir con el entorno urbano en el que se encuentra", según concretaron portavoces del colectivo consultados por Alicante Plaza. "Después de que se haya encontrado una solución al problema de contaminación que representan los graneles, con la construcción de una terminal específica con naves cerradas, no tiene sentido que se siga apostando por actividades que olvidan la obligada integración entre Puerto y ciudad con proyectos como el de los depósitos de combustible", insistieron.
La nueva plataforma prepara, así, una batería de iniciativas, entre las que se incluyen movilizaciones y concentraciones de protesta para tratar de evitar que la nueva propuesta empresarial prevista entre los muelles 19 y 21 pueda llegar a desarrollarse más de 20 años después de que se produjese el traslado de los antiguos depósitos de CLH desde el Puerto a la partida de El Bacarot.
EL EQUIPO DE GOBIERNO (PP Y CS) CONVOCARÁ UNA PRÓXIMA JUNTA DE PORTAVOCES PARA INFORMAR SOBRE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO, A PETICIÓN DE COMPROMÍS
Los primeros pasos de esa campaña de acciones se desencadenaron este lunes con el registro de varios recursos de reposición frente al acuerdo del consejo de administración del Puerto: el visto bueno a la modificación sustancial de la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste (TMS) con el fin de que puedan asentarse los depósitos de carburante de XC Business 90.
Según pudo precisar este diario, esos primeros recursos habrían llegado por parte de las asociaciones de vecinos de Gran Vía Sur, San Gabriel, La Florida, Benalúa y Ecologistas en Acción, entre otros, como el área de Medio Ambiente de EU l'Alacantí. Todos coinciden en solicitar la anulación y la suspensión del acuerdo -tras considerar que su ejecución puede tener perjuicios irreparables- con algunos de los argumentos que ya se presentaron en la fase de alegaciones frente a la solicitud de modificación de la concesión. Pero, además, añaden las supuestas anomalías que, a su juicio, se habrían producido precisamente durante la resolución de esas objeciones.
Así, los recurrentes insisten, en primer lugar, en el fraude de ley que, en su opinión, supone que se conceda autorización para un proyecto que se presentó dividido en dos fases: seis depósitos ampliables hasta 18 en un momento posterior, aunque ya haya trascendido la renuncia de la empresa a desarrollar esa segunda fase. Además, remarcan que el traslado de los depósitos de CLH se desarrolló gracias a una subvención europea (Fondos FEDER) y señalan que la reimplantación de instalaciones similares en el mismo recinto portuario conllevaría responsabilidades patrimoniales.
En tercer término, subrayan que los tanques de combustible se ubicarían en una zona afectada por el ámbito de protección del LIC de Tabarca y que, junto al proyecto, no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental ni informe de seguridad en caso de accidente. Se trata de dos de los informes que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha requerido ya a la Conselleria de Transición Ecológica (competente sobre medio ambiente) y a la Conselleria de Justicia (responsable sobre emergencias) al denegar la concesión de licencia de actividad y obra mayor solicitada por XC Business 90 por silencio administrativo positivo.
Los recurrentes también abundan en el supuesto obstáculo a la concurrencia competitiva en la que se habría incurrido por parte de la Autoridad Portuaria en la medida en que no se abrió el uso de los muelles de la terminal marítima concesionada a un nuevo concurso para que pudiesen presentarse otras propuestas.
Y por último, los recurrentes denuncian anomalías en la fase de exposición al público y de resolución de alegaciones al señalar que no se habría producido la publicación íntegra del acuerdo aprobado por el consejo de administración del Puerto (lo que impediría una adecuada valoración para abordar posibles recursos) y que tampoco se habría publicado en boletines oficiales ni el plazo ni la superficie concedida, al margen de no concretarse las tasas a recaudar.
El proyecto de instalación de los depósitos también continúa siendo objeto de controversia política en el Ayuntamiento de Alicante hasta el punto de que el equipo de Gobierno, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), accedió el pasado jueves a convocar una próxima junta de portavoces para informar sobre la posición municipal sobre la propuesta de XC Business 90 y sobre el estado de tramitación del proyecto, a petición del grupo municipal de Compromís.
