José Miguel Zaragoza y Roque Alemañ.SANTA POLA. La primera causa judicial de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola, que en breve será juzgada, sigue arrojando datos curiosos. Según ha podido saber Alicante Plaza, en el sumario aparecen muchos correos electrónicos, intervenidos a los acusados, en las que se narra cuál debe ser el modus operandi para amañar los contratos de los uniformes y poder saldar la deuda que el ayuntamiento santapolero mantenía con la firma Gil de los Ríos, suministradora de uniformes. Hay que recordar que hay dos causas: una referida a la empresa Gil de los Ríos, cuya instrucción está finalizada, y la otra referida al grupo de empresas Uniformes Riera, todavía a falta de concluir. Aunque cambian las sociedades, los agentes implicados son los mismos: el jefe de la Policía Loca, José Miguel Zaragoza; el oficial Roque Alemañ, además de los concejales de Hacienda del momento, Antonio Andrés García Baile y Antonio Pérez Huertas. Actualmente, el juez ya ha decretado la apertura de juicio oral en la primera causa y el consistorio ya ha solicitado penas para los acusados.
Tal y como recoge el sumario -al que hace referencia el escrito de acusación ejercida por el propio ayuntamiento- hay una serie de correos entre los investigados para ver cómo saldar la deuda del consistorio con Gil de los Ríos. Y de esos correos, se deduce que la jefatura de la Policía Local había ido solicitando y recepcionando prendas y material a la empresa suministradora sin ningún tipo de contrato y que, a posterior, se hacían contratos ad hoc o con cantidades superiores a los pedidos reglados para enjuagar las deudas pendientes. En total, la deuda con la empresa asciendió a 27.000 euros en el periodo entre 2009 y 2015.
Y en uno de esos correos, en noviembre de 2013, Roque Alemañ advierte a su superior, José Miguel Zaragoza, "que los dos concejales -el de Contratación y Hacienda- me plantean el tema de la deuda con Gil de los Ríos porque el concejal de Hacienda quieren liquidarlo cuanto antes, pero no sabe cómo hacerlo". Sigue el correo: "Querrían decírselo a la interventora, de forma directa, pero yo creo que sería un suicidio porque si se entera que se han firmado entregas de uniformidad sin haberse producido éstas, etc....como menos se irá a la Guardia Civil". "Les he dicho e insistido que este tema lo llevas tú (en referencia a José Miguel Zaragoza) desde el principio, pero el concejal de Hacienda tiene mucha prisa", sigue narrando Alemañ a Zaragoza.
"Finalmente, hemos quedado en una primera reunión, el lunes por la mañana, donde tengo que llevar todos los albaranes y documentación que tengamos al respecto...La idea del concejal de Hacienda es llegar a un acuerdo con Gil de los Ríos para que le reduzca la deuda a 15.000 euros y pagarlo todo de una vez; eso sí, previamente, destruyendo todos los albaranes que tenga antiguos...", prosigue la explicación de Alemañ a Zaragoza.
Toda esta cuestión, que refleja el correo, se saldaría con una adjudicación de un contrato menor -18.000 euros más IVA- en favor de la empresa Gil de los Ríos, que para esa ocasión actuó con la marca Insignia Uniformes S.L "haciendo constar el José Miguel Zaragoza que dicho suministro se ha realizado durante el 2013 y corresponden a prendas reglamentarias de uniformidad que ha habido que adquirir para reposición de vestuario". Pero pese a ello, el Jefe de negociado emite escrito en el que manifiesta que en base a lo expuesto (por Zaragoza) no puede emitir informe alguno “por desconocer la tramitación del expediente, no existiendo en el negociado constancia alguna de adjudicación del contrato o declaración de emergencia del mismo”.
Por esta razón, a juicio de la acusación, queda acreditado que el pago de la factura por importe de 20.570 euros pudo seguir "un procedimiento irregular en ejercicio y abuso de las funciones publicas para defraudar al Ayuntamiento de Santa Pola". Y que "se hizo actuando de manera arbitraria en el desempeño del Servicio Público; no constando albarán alguno de entrega del referido material de la factura durante el año 2013 y que dicho importe se refiere a prendas supuestamente servidas desde el año 2008" con el fin de llegar a un acuerdo con la mercantil Gil de los Ríos para saldar la deuda “previamente destruyendo todos los albaranes que tengan antiguos de Gil de los Ríos S.L.”, lo que vendría a determinar un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos, según la defensa del Ayuntamiento de Santa Pola, que ejerce de acusación particular en esta causa en condición de perjudicado.
