Concejales de la corporación de San Vicente. Foto RAFA MOLINASAN VICENTE. A veces una retirada a tiempo es un victoria para evitar el ridículo. Y es lo que pasó este miércoles por la tarde en el pleno municipal de San Vicente del Raspeig: los siete grupos políticos con representación tuvieron que retirar una declaración institucional para reivindicar a la Generalitat Valenciana más inversiones para el municipio después de que algunos de los grupos, y el alcalde, incluido, renunciaran a respaldar ese texto que los portavoces habían suscrito, de su puño y letra, en la junta de portavoces del pasado viernes.
El primero en renunciar a apoyar ese texto fue el propio alcalde. En la primera intervención, Jesús Vilar ya dejaba claro que no pensaba respaldar y que consideraba que había otras maneras de exigir inversiones a la Generalitat. Villar consideraba que se tenía que trasladar a València un planteamiento de legislatura y buscar los puntos de encuentro con el Consell, y a renglón seguido pasó a enumerar una serie de inversiones que ya realiza la Generalitat en San Vicente en materia de renta básica, ayudar al alquiler, servicios sociales, dependencia, ayuda a domicilio, polígonos industriales, plan Edificant, empleo y el Hospital de San Vicente.
La portavoz de Esquerra Unida, Raquel Rodríguez, justificó la tramitación del texto institucional y que éste reuniera la unanimidad de los grupos, algo que se perdía si el alcalde, a las primeras de cambio, se bajaba del autobús. Rodríguez dijo que su grupo ya presentó enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para que se incluyeran proyectos como la Ronda Este, el colector oeste y el corredor verde de la Rambla del Rambutjar. David Navarro, de Podemos, también lamentó que el alcalde no cumpliera el compromiso adquirido por los grupos en la junta de portavoces. Y David García, de Vox, también reclamó que había que alzar la voz por unas inversiones reales. Compromís había advertido que lo que se aprueba en la junta de portavoces no tenía porque cumplirse en el pleno, y que el propio alcalde así lo había indicado, según Ramón Leyda.
Y ahí es cuando comenzó el desmarque. Al alcalde le salió un aliado, al parecer, inesperado, que comenzó a cambiar las cosas: el PP también anunciaba que no iba a respaldar la reivindicación ante el Consell. Su portavoz, Óscar Lillo, indicó que lo que se firmaba en la junta de portavoces no tenía porque consumarse en el pleno y desde este punto de vista, no respaldaría el texto institucional.
Ciudadanos, perplejo ante el cariz de los acontecimientos, insistió en que debía haber unanimidad, de lo contrario, el texto perdería su influencia y efectividad. "Se trata de un instrumento, que, desde la moderación y el consenso, quiere conseguir más financiación para el municipio de San Vicente", dijo José Rafael Pascual, quien admitió no dar crédito ante el desmarque del alcalde y del PP.
El portavoz del PSOE, José Luis Lorenzo, para no quedar fuera de la jugada, también anunció que no iba a respaldar el texto, pero a su vez, defendió el carácter reivindicativo de los socialistas tanto ahora en el Gobierno, como hace años en la oposición. Lorenzo enumeró una serie de asignaturas pendientes que tiene San Vicente -falta de oficina del DNI o conexión ferroviaria con el aeropuerto- para justificar que se lo habían pedido a los gobiernos tanto del PP como del PSOE. ¿Qué hubiera pasado si el PP no hubiera cambiado de opinión? ¿Hubiera dejado al alcalde sólo, con su voto en contra? La cuestión es que el movimiento del PP le vino bien a Lorenzo, que tuvo que hilvanar un discurso para dar encaje a una postura que al principio iba a ser otra, muy distinta.
Viendo que la declaración institucional iba a quedar en papel mojado, y que por lo tanto, no tendría ni siquiera la unanimidad requerida, sino pocos votos favorables (sin PP y PSOE, podía reunir 11 de 25), el otro portavoz de EU, Albert Bevià, abogó por dejarla sobre la mesa y evitar el sainete de que un texto, respaldado previamente por siete partidos políticos, quedara en una anécdota. Y así lo secundaron David Navarro de Podemos y Ramón Leyda de Compromís, que reclamó al resto de grupos que dieran más importante a las decisiones que se tomen en la junta de portavoces.
Finalmente, el alcalde sometió la duda a la corporación y todos convinieron en la idoneidad de dejar el texto sobre la mesa para no hacer el ridículo de que no tuviera suficientes votos a favor para salir adelante. Casi todos pidieron disculpas al respetable que seguía la sesión plenaria por el fracaso del pronunciamiento colectivo. Y hasta el primer edil tuvo que regañar a su portavoz, José Luis Lorenzo, por haber distinguido entre socialistas buenos y malos en este debate.
