El deslinde que marca el Viscor Cartográfico de la Comunitat. A la izquierda Rafal, a la derecha Orihuela. Foto: APORIHUELA. El conflicto entre Orihuela y Rafal tiene dos vertientes, aunque interconectadas. Por un la lado, fijar el deslinde en una parte del municipio, en una calle. La otra, atender a una solicitud de Rafal para la segregación de un pequeño barrio oriolano, Casas Baratas, ubicado en el mismo deslinde que está en disputa. En esta situación, el edil de Urbanismo, José Aix, el alcalde, Emilio Bascuñana, declinaron ayer -en una rueda de prensa sobre las novedades del deslinde- adelantar las alegaciones y respuesta a esa solicitud. Comparecieron para anunciar las novedades respecto al otro conflicto, el deslinde. En el pleno ordinario del próximo 23 de junio, buscarán la ratificación del acta de la comisión creada para el deslinde, en base a un informe elaborado y remitido por el Instituto Cartográfico Valenciano.
Después de la batalla por la titularidad de una calle hace dos años con la colocación de señales de tráfico, verticales y horizontales, en la calle Infanta Elena, por parte de Orihuela, y el posterior repintado llevado a cabo por el primer edil de Rafal, tras catalogarlo como “invasión territorial”, llegan al Ayuntamiento oriolano un documento que refuerza su postura. El Instituto Cartográfico Valenciano registró en el Ayuntamiento el 18 de septiembre y el 20 de octubre de 2020 unos documentos sobre los trabajos de geometría de la línea límite entre los dos municipios.
No fue hasta el pleno del 30 de diciembre cuando se aprobó la creación de la Comisión de Delimitación Municipal. Medio año después, el lunes de esta semana, dicha comisión resolvía el acta fundamentada por los informes del Instituto Cartográfico Valenciano. En el pleno del próximo miércoles, el bipartito de PP-Cs, instará a la corporación a ratificar este acta e instar al Instituto Cartográfico a que proceda con el amojonamiento definitivo. Desde el equipo de gobierno lo interpretan como el fin de unas tensiones que se arrastran desde hace años. Desde la otra parte afectada, su alcalde, Manuel Pineda, espera la comisión compuesta por ambos municipios para que se presenten las alegaciones correspondientes.
Pineda defiende su postura en base al PGOU de Rafal de 2001, donde se incluía la vía en disputa y “nadie alegó”. También se ampara en un acuerdo de 2009 con la entonces alcalde de Orihuela, Mónica Lorente y su homónimo rafaleño, José Arronis, en donde se comprometían a respetar el ejercicio legítimos de las competencias de cada administración local. Orihuela se escuda desde que saltaron las tensiones en su PGOU, que es más de una década más antiguo, de 1990.
Desde Rafal, aunque siguen con interés el asunto del deslinde, están enfocados en dar una solución a lo que los vecinos del barrio también en disputa, Casas Baratas, vienen reclamando desde 2015. Los 200 vecinos de este pequeño barrio junto al casco urbano de Rafal piden desde hace seis años la segregación de Orihuela para formar parte de Rafal. Por oficio atendió la petición y a principios de 2019, la corporación rafaleña aprobó por unanimidad el inicio del expediente para agregar el pequeño núcleo oriolano. Pineda señala que tras subsanar unos errores de la documentación, están a la espera de que la Dirección General de la Administración Local les llame a audiencia.
Preguntado por el posicionamiento y los avances en cuanto a la solicitud de segregación, Bascuñana ha pospuesto su respuesta hasta que disponga de los informes que, según indica, se están recabando. Sí ha resaltado que defenderán los intereses de los vecinos de oriolano independientemente del núcleo urbano en el que residan.
A Orihuela se le acumulan los trabajos para fijar los límites de sus 365 km2 de término municipal. A la cuestión de Rafal se le une el deslinde de San Miguel de Salinas, Torrevieja e incluso Abanilla (Región de Murcia) y por defecto, el límite de la Comunitat Valenciana. También el de Bigastro, dónde al menos ha habido un tímido acercamiento o una puesta en escena. En febrero, los ediles de Urbanismo de Orihuela y Bigastro escenificaban su buena sintonía con una comparecencia y visita a uno de los puntos donde queda en evidencia la ausencia de una demarcación clara en Bigastro. Esto ha provocado que muchas parcelas industriales y sus instalaciones estén partidas entre los dos municipios, y algunas de ellas sin regularizar por no aparecer de forma clara en el catastro. Los depósitos del municipio o incluso el cementerio tienen una situación similar.
Bigastro quiere fijar los deslindes con el propósito de regularizar unos 10.000 m2. El pleno de Orihuela de febrero aprobó crear una comisión, pero sin apenas avances. Todos los esfuerzos y prioridad se han puesto en el expediente que afecta a Rafal, así lo ha confirmado Bascuñana y Aix.
