Reforma del Teatro Calderón de AlcoyALCOY. La Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana quiere salvar la causa judicial que hasta la semana pasada investigaba los supuestos sobrecostes de un 1,2 millones de euros en las obras del Teatro Calderón de Alcoy, que fueron ejecutadas por una de las empresas del constructor Enrique Ortiz. Y por ello, la agencia ha ofrecido al juzgado número dos de Alcoy, que es quien ha llevado a cabo toda la instrucción, la posibilidad de incorporar un perito que haga un informe independiente sobre si hubo o no sobrecoste en las obras, pues la razón que argumenta el juzgado es que ese informe no puede realizarse ahora ya que cinco peritos han renunciado a ese encargo. Lo curioso del caso es que la instancia de sobreseímiento la hizo el propio fiscal, que fue el valedor de la denuncia ante el juzgado después de una documentación aportada por el PSOE de Alcoy. Ahora, el consistorio alcoyano ha presentado recurso contra esta decisión.
En su momento, el Ayuntamiento de Alcoy calificó la motivación del archivo de «insuficiente» y aseguró que hay pruebas para abrir juicio oral para que determinar si las obras del Teatro Calderón tuvieron sobrecostes no justificados por más de un millón de euros.
Los hechos se remontan a principios del año 2000, cuando Alcoy, bajo un equipo de Gobierno del PP, realizó la reforma y ampliación de las instalaciones. Fue con el cambio de ejecutivo local cuando se presentó un procedimiento contencioso-administrativo «al detectarse irregularidades en la justificación de las obras de la infraestructura cultural», según el comunicado del consistorio alcoyano, ahora gobernado por el PSOE.
La causa se desestimó pero se abrió la penal al presentarse una denuncia porque se entendía que había un sobrecoste no justificado de las mismas. Ésta fue presentada el 23 de marzo de 2015, ampliada el 3 de marzo del 2106 y admitida por la fiscalía al constatar indicios de un presunto delito de estafa y falsedad documental.
Ahora, tras varios años en los que el procedimiento siguió su curso: el expediente constaba del informe aportado por el PSOE y el aportado por la empresa de Enrique Ortiz. Entonces, se intentó solicitar un tercer informe independiente para que dilucidara si había o no sobrecostes en las obras. Y el juzgado ha intentado nombrar un perito judicial para constatar el delito, pero renunciaron cinco profesionales a los que cuales se les ofreció este encargo. Y por ello, el juzgado dice que ya no es posible realizar la prueba pericial, que «no puede ser acreditada la perpetración del delito».
El ayuntamiento, en cambio, entiende que existen suficientes, puesto que hay una pericial de oficio, realizada dentro del procedimiento contencioso-administrativo, que se incorporó al auto y que ratificaba las presuntas irregularidades denunciadas.
En el propio recurso municipal se argumenta que «el hecho de que hubiera sido mejor la práctica de otro nuevo informe, por un perito judicial, no le priva ni de credibilidad ni de eficacia a las diligencias de investigación ya practicadas».
Y entre tanto, este martes, la Agencia Antrifraude de la Comunitat Valenciana ha anunciado que al tener conocimiento de este situación se ha puesto en contacto con la jueza de instrucción para ofrecer los servicios de la agencia para el estudio y emisión del correspondiente informe pericial. Según la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, por la que se crea la Agencia esta entidad puede colaborar con los órganos judiciales y elaborar informes de todo tipo incluidos los periciales.
La titular del juzgado ha valorado positivamente el ofrecimiento del AVAF para la elaboración del informe pericial lo que permitirá la reapertura del caso y que se pueda continuar con las investigaciones, según ha informado la agencia a través de un comunicado.
