Juicio al PGOU de 'Brugal': Quesada declara que las citas con promotores eran habituales y necesarias 

ALICANTE. La primera jornada de declaraciones de testigos en el juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el caso Brugal, debía centrarse este lunes en los testimonios que debían ofrecer los dos arquitectos que lideraron los procesos de redacción de ese nuevo planeamiento, entre 2006 y 2010: Luis Cantallops y Jesús Quesada. Sin embargo, la declaración del primero de ellos (Cantallops) ha tenido que ser aplazada por problemas técnicos en el sistema de videoconferencia con el que se había previsto que respondiese a las preguntas de las acusaciones y las defensas. En principio, su testimonio ha quedado pospuesto hasta una nueva fecha todavía por determinar, que podría acordarse esta misma semana.

Quien sí ha comparecido ha sido Quesada, que llegó a figurar como imputado durante la instrucción de las diligencias hasta el año 2017. En gran medida, toda su declaración -que se ha prolongado durante más de tres horas- ha girado en torno a la celebración de reuniones con empresarios como Enrique Ortiz para hablar sobre el PGOU tanto en dependencias municipales como en otros emplazamientos, así como el papel que tenía el gabinete redactor que él dirigía (Laboratorio de Proyectos) a la hora de resolver las alegaciones y tomar decisiones sobre determinaciones del plan, en los casos en los que existía disparidad de opiniones con los técnicos municipales. 

En primer término, Quesada ha sostenido que ese tipo de reuniones con promotores, urbanizadores o entidades propietarias de suelo eran "habituales y necesarias". Y, en segundo término, ha sostenido que cuando existía diferencia de pareceres entre el gabinete redactor y los técnicos municipales, era siempre el Ayuntamiento el que acababa decidiendo y el que, por tanto, tenía la última palabra. Es decir, justo lo contrario de lo que había declarado, antes, el exarquitecto municipal que estuvo a cargo del área de planeamiento urbanístico durante los años en los que se redactó el PGOU, Miguel Ángel Cano. El técnico era, de hecho, uno de los miembros de la comisión mixta constituida entre Laboratorio de Proyectos y el Ayuntamiento para avanzar en la tramitación del plan.

Por partes. Quesada, que ha comparecido por la tarde, ha respondido, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que él era un socio más del gabinete redactor, Laboratorio de Proyectos, y ha explicado que el trabajo que se le encomendó fue el de completar la redacción del nuevo PGOU. "Había novedades normativas y unos planteamientos que había que acabar en todo el plan; el plan de Cantallops no era un documento acabado", ha dicho. "El modelo urbanístico globalmente no cambió, pero sí había particularidades que introducimos ex novo", ha añadido.

Así, ha explicado que el periodo temporal para el que debía extenderse la vigencia del PGOU era de 20 años. Briones le ha cuestionado sobre el número de viviendas que se daba cabida y Quesada ha apuntado que se hizo una proyección en función del número de habitantes, tras detraer el número de viviendas vacías que existían en la ciudad. El fiscal le ha cuestionado por el preacuerdo alcanzado en 2007 con el abogado Javier Gutiérrez (uno de los nueve procesados en la causa), con la intención de concurrir juntos al concurso que iba a convocar el Ayuntamiento en 2008 para completar la redacción del PGOU. Quesada ha dicho que no recordaba ese acuerdo y que, en todo casi, sí había convenido con él que prestase una labor de asesoramiento en la redacción del plan. 

Respecto a la labor de redacción, Quesada ha apuntado que fue él quien le propuso a la exalcaldesa, Sonia Castedo, cuando era edil de Urbanismo, que debía formarse una comisión de trabajo formada por el personal de su gabinete y técnicos municipales. Tras la constitución de ese grupo, ha explicado que "nos reuníamos hasta dos veces por semana; no se hacían cosas por teléfono". Quesada ha concretado que la comisión la formaban los técnicos Miguel Ángel Cano, José Luis Ortuño, Mari Ángeles Sierra e Isabel Campos, a las que se incorporaba la propia Castedo, aunque no ha podido concretar desde qué momento se sumaron Sierra y Campos. Quesada sí ha descartado que Díaz Alperi estuviese en esa comisión. 

Briones le ha cuestionado por una cita que se celebró el 15 de mayo de 2008, grabada por la Policía, a la que habrían acudido Ortiz y Castedo. Quesada ha respondido que en la reunión también pudo haber participado Ortuño y que creía recordar que hablaron sobre el PGOU. Sobre el proyecto del Rico Pérez, el arquitecto ha sostenido que se planteó prácticamente al principio. "Nos dieron el proyecto del Plan de Reforma Interior en la comisión para que sea coherente con los trabajos del PGOU", ha dicho. "El Ayuntamiento quería hacer ese PRI y había que modificar ciertas cosas, lo estudiamos y lo que hacemos es decirle que el planteamiento no es coherente y le dimos una solución completamente diferente a lo que querían hacer; lo cambiamos radicalmente", ha dicho. "Cuando se habla del tema del Rico Pérez se habla de un estadio con anexos terciarios y zona comercial; a nosotros eso no nos interesa para nada, sino cómo se inserta en la ciudad y vemos que ese proyecto aquí no encaja, y decimos que se tiene que cambiar", ha apuntado. "Lo decimos al Ayuntamiento y lo que decimos, lo insertamos en el PGOU", ha enfatizado.

En respuesta a Briones, ha considerado que la superficie propuesta para la actuación era prácticamente la misma después de que se introdujesen esos cambios. "Había un interés en hacer ese proyecto; pero no puedo decirle si fue la señora Castedo la que me pidió que lo estudiase", ha contestado. Quesada ha señalado que, finalmente, el proyecto del Rico Pérez no se realizó. "Nosotros trabajamos el proyecto del Rico Pérez en base a una casuística urbanística, como el tema de los accesos, por ejemplo", ha enfatizado. Así, ha explicado que se tuvo en cuenta la superficie del ámbito al que afectaba, "que es diferente a la edificabilidad". 

El fiscal le ha preguntado si se reunió con los arquitectos a cargo del proyecto del Rico Pérez y Quesada ha sostenido que sí, que se citó con ellos porque "querían acabar el proyecto". "Yo ya había resuelto sobre el tema y les dije que el proyecto no me parecía el adecuado", ha apuntado.

Briones también le ha interrogado por el APA 9 en Vistahermosa y al PAU 3. Quesada ha apuntado que al ver esos dos proyectos (que ya estaban aprobados previamente a la tramitación del PGOU), consideró que se trataba de "piezas aisladas" por lo que "había que articularlas" con el resto de la ciudad. "Lo que intentamos hacer era articular las piezas, si era posible, porque el urbanizador que lo tenía adjudicado podía oponerse", ha dicho. En todo caso, ha negado que plantease un aumento de edificabilidad en ninguna de las dos piezas.

El acusador público le ha cuestionado sobre la adscripción de parques naturales a áreas de reparto. Quesada ha apuntado que "según la ley urbanística, en aquel momento, el planteamiento era que había que adscribirlo: si tenemos un millón de metros urbanizables, había que adscribir un millón de metros de parques naturales". "Separamos dos áreas de reparto, el residencial y el industrial; adscribimos unos al residencial y otros al industrial", ha apuntado. Briones le ha preguntado quién decidía el orden de adscripción de los parques naturales y Quesada ha sostenido que "lo fijamos nosotros; fijamos el primero el Saladar de Aguamarga porque era el que estaba más protegido". A preguntas de Briones, Quesada ha contestado que no estaba prevista la construcción en el sector de las Torres de la Huerta. 

El fiscal, también le ha cuestionado por el coeficiente K, con el que, según el sumario, se pudo compensar con una mayor edificabilidad en otros sectores a los terrenos que pasaban a considerarse parques naturales. Quesada le ha contestado que se aplicó lo que era legal y que su opinión no fue la que se incluyó en el plan, porque su criterio era que "el coeficiente K debía ser igual a 1". Finalmente, según ha relatado el criterio final fue el que se acordó en el ayuntamiento, "es decir que un metro cuadrado de suelo urbanizable vale 1 y un metro cuadrado de parque natural vale 0,3", ha dicho. 

Briones ha preguntado también por el proyecto de la Ciudad de la Economía y Quesada le ha explicado que fue eliminado "porque la conselleria nos dijo que estaba en el perímetro de protección del saladar y lo que se hizo fue ampliar la superficie de parque natural". "Ampliamos ese ámbito", ha dicho. El fiscal le ha cuestionado si le prometió a Ortiz que se le compensaría con suelo terciario. Pero Quesada ha dicho que no sabía que ese suelo era de Ortiz por lo que "difícilmente podía decirle nada". "Nunca he trabajado el territorio en función de propiedades", ha recalcado. 

Respecto a las alegaciones, Quesada ha dicho que "se discutían mucho". "La primera fase, en la que hubo unas 3.000, y en la segunda, que hubo unas 1.000, lo que abordamos inicialmente no fue una a una; leímos todas las alegaciones y las agrupábamos por temáticas para darles una respuesta coherente", ha explicado. "Una vez analizadas y leídas, la comisión también las había visto y comenzábamos a tratar temas globales para dar uniformidad, había discusiones y había que llegar a un consenso", ha apuntado. "Después íbamos respondiendo alegación por alegación", ha dicho. Quesada ha apuntado que Gutiérrez asistió a alguna de las reuniones, pero "no era un habitual" en esas citas. 

Briones le ha interrogado sobre un informe elaborado por el jefe del departamento jurídico de Urbanismo, José Luis Ortuño, en relación a la resolución de las alegaciones. Quesada ha respondido que "fuimos demasiado deprisa para responderlas porque había un plazo concreto para hacerlo". Respecto a la presencia de Gutiérrez en las reuniones de la comisión, Quesada ha añadido que acudía a las reuniones "con alguna justificación razonada o motivada; imagino que le avisaríamos para que viniese".

El letrado que representa al Ayuntamiento, José María López Coig, como acusación particular, le ha cuestionado sobre la participación de Alfonso Mendoza en Laboratorio de Proyectos. El arquitecto redactor del PGOU ha respondido que Mendoza (sobrino suyo) estuvo desde 1992 hasta 2011, cuando le nombraron concejal delegado en el Ayuntamiento de Alicante. El abogado también le ha cuestionado por la reunión celebrada en mayo de 2008 con Ortiz, Castedo y Ortuño. Quesada ha respondido que él no recordaba ninguna reunión "a solas" con Ortiz y Castedo.

López Coig también le ha interrogado por quién era quien decidía la resolución de las alegaciones, si el equipo redactor o los técnicos municipales. Quesada ha sostenido que cuando había "empate técnico entre el Ayuntamiento y el equipo redactor, siempre decidía el Ayuntamiento", ha dicho. "Había discusiones porque había temas que eran de última generación en la legislación, pero en principio, siempre nosotros proponíamos y el ayuntamiento decidía", ha explicado.

El redactor del PGOU asegura que los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo no le presionaron para que modificara su trabajo

El letrado que representa a Esquerra Unida (EU), que ejerce la acusación popular, José Luis Romero, le ha preguntado si en el caso del PRI del Rico Pérez, había algún urbanizador que pudiese verse interesado en interpelar al Ayuntamiento. Quesada ha sostenido que en este caso "no había urbanizador, sino un promotor", que acabó desistiendo.

Romero también ha preguntado sobre el coeficiente K y Quesada ha ratificado que cada parque natural tenía un coeficiente distinto. También ha cuestionado sobre si recordaba si el coeficiente que se dedicó al saladar de Aguamarga se incrementó después de que se anulase el proyecto de Ciudad de la Economía. Quesada ha dicho que no lo recordaba. Romero ha inquirido sobre si al sector de las Torres de la Huerta, se le redujo la adscripción de metros de parque natural. Quesada ha respondido que "eso es cuestión de matemáticas".

El letrado Alejandro Bas, que representa a Ingeniería Urbana como responsable civil, ha cuestionado sobre si en alguna ocasión había actuado para defender a las empresas de Ortiz y Quesada ha respondido que "nunca". Sobre las consecuencias que hubiese tenido no contestar las alegaciones en tiempo, en relación a la advertencia formulada en el informe de Ortuño, Quesada ha apuntado que no haber cumplido esos plazos habría supuesto tener que comenzar de nuevo todo el proceso de redacción del plan.

Al letrado de Sonia Castedo, Ignacio Gally, Quesada le ha respondido que no recibió más instrucciones de ella más que las que se le trasladaba en la comisión técnica. Gally también le ha cuestionado si era habitual y necesario mantener reuniones con entidades o agentes urbanizadores. Quesada ha dicho que sí. "También tuvimos reuniones con señores de Lomas del Garbinet, que no eran urbanizadores, o lo mismo que con Pino y Ruaya; es que estas reuniones hay que hacerlas", ha dicho. Del mismo modo, también ha apuntado que se celebraron reuniones con la Universidad de Alicante.

El defensor de Díaz Alperi, Vicente Grima, le ha cuestionado sobre el trabajo del señor Cantallops. Quesada ha dicho que su trabajo partía del avance elaborado por Cantallops, "que era público". Igualmente, ha sostenido, respecto a los plazos para resolver las alegaciones, que "había un plazo de caducidad". A preguntas de Grima, también ha sostenido que "él mantuvo varias reuniones con la Universidad, sin presencia de los técnicos municipales". También "con comerciantes, con asociaciones de promotores o con los arquitectos del proyecto del Palacio de Congresos", según ha detallado. Además, ha dicho que esas reuniones se canalizaban a través de los técnicos municipales. Quesada ha explicado que en esas reuniones "ellos me planteaban qué es lo que iban a hacer" y que él se dedicaba a darles su opinión y trasladar la cuestión al ayuntamiento. 

Grima también le ha solicitado que explicase qué significaba la expresión "pintar de azul" que figura en algunas de las conversaciones entre los procesados captadas por la Policía. Así, Quesada ha dicho que era el color que se utilizaba para delimitar los terrenos dotacionales reservados para equipamientos públicos. "El amarillo era para los viales, por ejemplo", ha dicho. Sobre el coeficiente K, Quesada ha expresado que su criterio perjudicaba a los promotores, pero que se acabó siguiendo el criterio de los técnicos municipales. Sobre el proyecto de la Ciudad de la Economía, Quesada ha dicho que el propuso una transformación de la zona como área logística, pero no "para beneficiar a ninguna empresa, sino para beneficiar a la ciudad, para que Alicante tuviese un área logística antes que Elche".

Igualmente, Quesada ha negado que recibiese indicaciones de Díaz Alperi sobre el Plan General y, también a preguntas de Grima, ha negado que le presionase para adoptar decisiones. Eso sí, ha apuntado que le informó sobre "todo lo que me pidió en cuanto me reuní con él; era el alcalde", ha dicho. "De lo que me preguntara, no recuerdo haberle entregado ningún plano físicamente, pero si me lo hubiera pedido, se lo hubiera dado", ha explicado. "En la segunda reunión, le llevé planos y la información que me requería, en una cita en el restaurante La Cantera, en presencia de Sonia Alegría y de Sonia Castedo", ha detallado. "Esa reunión duraría cuatro horas; también me reuní con él y con técnicos municipales, y con la empresa Espacio, por el tema del PAU 3 en el Hotel del Golf; y por un tema de Pino y Ruaya, y también en el edificio Prop con el conseller José Ramón García Antón, la secretaria autonómica, José Luis Ortuño, Sonia Castedo y yo", ha detallado. "Esas fueron las reuniones que tuve con el alcalde", ha apuntado.

A preguntas de Bernardo del Rosal, abogado de Javier Gutiérrez y de José Luis Castedo, Quesada ha explicado cuál era la vinculación de Gutiérrez con Laboratorio de Proyectos. Ha apuntado que era colaborador externo y que el jurista de Laboratorio de Proyectos era Alfonso Mendoza. También ha apuntado que otros colaboradores externos también acudían a las reuniones de la comisión técnica. El arquitecto responsable del PGOU también ha señalado que Gutiérrez no le pidió que se resolviesen las alegaciones al PGOU en ningún sentido. 

Respecto a las cuestiones planteadas por el letrado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, Quesada ha respondido que él había participado en la redacción de 25 planes generales o normas subsidiarias (el equivalente en municipios de pequeño tamaño) a lo largo de su carrera profesional. En la misma línea, ha sostenido que en la fase de redacción de esos trabajos mantuvo reuniones con promotores o urbanizadores "porque era un proceso exigido por la ley". Además, ha apuntado que en la redacción del PGOU de Alicante no hizo nada que no hubiese hecho en esos otros trabajos realizados en otros municipios. 

A preguntas de Ruiz Marco, también ha descartado que él "apañase nada" respecto al APA-9 en Vistahermosa y ha explicado que de lo que se trató en ese sector, ya aprobado con carácter previo, era para dar cabida a un vial requerido para organizar los accesos. De igual modo, Quesada ha negado que Ortiz le pidiese nada en concreto y que creía recordar que solo había tenido una reunión con él. El arquitecto redactor también ha confirmado que el proyecto del Rico Pérez quedó suprimido en la segunda aprobación provisional del PGOU. En la misma línea, Quesada ha negado que intercambiase planos con Díaz Alperi o con Sonia Castedo sobre determinados sectores urbanísticos en parcelas propiedad de Ortiz, en el entorno de Rabasa. 

La declaración del arquitecto municipal

En realidad, la sesión del juicio de este lunes, se ha iniciado con la comparecencia del exarquitecto municipal Miguel Ángel Cano (ya jubilado), que se ocupaba del área de planeamiento en los años de los hechos investigados. En parte, durante su testimonio previo, ha aportado respuestas que no se corresponden con las manifestaciones posteriores de Quesada.

En primer lugar, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, le ha cuestionado sobre el informe emitido en 2005 en relación al trabajo elaborado por el exredactor del PGOU, Luis Cantallops, hasta diciembre de 2004. Cano ha apuntado que en ese informe se consideró que el trabajo elaborado hasta entonces era correcto, aunque ha asegurado no recordar todos los detalles. Entre otros puntos, ha dicho no recordar cuál era la normativa legal aplicable en ese momento. 

Briones le ha cuestionado sobre la existencia de problemas entre Cantallops y los responsables políticos municipales, a los que Cano se ha referido como "disparidad de opiniones". "No había una coincidencia de pareceres" respecto al modelo urbanístico, ha dicho. El fiscal le ha cuestionado si se producían reuniones de coordinación y Cano ha respondido que sí. 

Acto seguido, Briones ha preguntado sobre los motivos por los que en el documento presentado por Quesada existían más áreas delimitadas como parques urbanos. Cano ha respondido que la ley exigía crear "redes adscritas, parques vinculados a los desarrollos de los suelos urbanizados, por lo que se hacía una intercambio de aprovechamientos; por un lado, existe esa obligación de crear necesariamente parques y la forma de hacerlo era gravitándolo sobre el suelo que va a tener aprovechamiento", ha explicado. Todo, al margen de que, según ha dicho Cano, Quesada era de la opinión de crear parques periurbanos. 

Después, Cano ha señalado que "creía recordar que la regla del metro por metro no era una obligación legal". "Los suelos urbanizables tienen un valor expectante; cuando en el suelo se fija un intercambio de uno por uno, al final debe haber coeficientes correctores" porque, en su opinión, no sería justo que se cediesen terrenos que pudiesen tener menor valor que los originales. "No recuerdo si la regla del uno por uno era por imposición legal", ha dicho. Así, se ha referido al llamado coeficiente K como "elemento corrector". "No es lo mismo un suelo en La Condomina, que podría llegar a ser urbanizable, que en la sierra de Colmenares", ha dicho. 

Respecto a su informe sobre el sector de los Saladares de Aguamarga, Cano ha dicho que no entendía que en esa zona se desarrollase una zona terciaria al no estar conectada con el resto de la ciudad, puesto que "implica desplazamientos e infraestructuras, por eso entendí que no era bueno en esa zona meter una zona terciaria". 

Briones le ha cuestionado por la etapa comprendida entre 2005 y 2008, en los momentos previos a que el trabajo de redacción del PGOU fuese adjudicado al arquitecto Jesús Quesada. Cano ha respondido que el gerente de Urbanismo se puso en contacto con unos arquitectos de Alcoy "que realizaron alguna sugerencia, pero no llegó a nada". El fiscal le ha preguntado sobre el informe que emitió en 2009 respecto al trabajo elaborado por Quesada. Cano ha asegurado que en esos informes se debió pronunciar también sobre las alegaciones que se presentaron a la primera exposición pública del documento. 

Briones le ha cuestionado sobre quién formaba parte de la comisión de seguimiento sobre los trabajos de redacción del PGOU y Cano le ha respondido que solo formaban parte de ella técnicos, no los políticos. "Iba el señor Quesada, dos arquitectos más del equipo redactor, una parte jurídica, José Luis Ortuño y yo", ha apuntado. Por la parte jurídica, ha apuntado que acudía "el señor Javier Gutiérrez y el señor Mendoza". Así, ha relatado que las reuniones se producían de manera habitual y que hubo citas para tratar sobre las alegaciones, entre otras cosas. 

El fiscal le ha cuestionado sobre los tres primeros meses de trabajo de Quesada y cómo se había incorporado el proyecto del estadio Rico Pérez. Cano ha dicho no recordar si se llegó a presentar un Plan de Reforma Interior (PRI), aunque sí ha apuntado que se aportó un proyecto sobre cómo iba a quedar el estadio. En todo caso, ha dicho que "eso no dejaba de ser una parte propagandística sobre lo bien que iba a quedar, pero lo único que tiene validez es lo que se presenta por registro y yo no recuerdo que se presentase ningún PRI". A su juicio, ese habría sido el proceso correcto. 

"No recuerdo que se presentase nada", ha recalcado, salvo las imágenes del proyecto. De este modo, ha apuntado que el documento presentado por Quesada creó un ámbito con unos criterios de ordenación respecto al proyecto del estadio, al tratarse de una posibilidad que tenía cabida al abordar la redacción de un PGOU. "Para que se tramite un PRI, debe haber un promotor que lo presente, cuando haces un PGOU, no hace falta un promotor, el promotor es el Ayuntamiento", ha detallado. Después, Cano ha dicho que no recordaba porque, a la postre, se eliminó esa UBA 1 en la que se recogía inicialmente el proyecto del Rico Pérez.

Sobre las adscripciones de áreas de reparto, Cano ha explicado que lo normal es asignar áreas de reparto al desarrollo urbanístico de una determinada zona. Ha apuntado que el equipo redactor del PGOU era el que fijaba el orden de reparto de esas adscripciones. Eso sí, ha aclarado que el orden de desarrollo urbanístico de una zona no lo decide el equipo redactor, porque para que haya un desarrollo, debe haber un promotor interesado. "Cuando se hace una prioridad o una jerarquización, es una cuestión ordinaria por darle una nomenclatura, pero no porque se sepa cuál va a ser la primera que se va a desarrollar; se puede pensar que lo primero que se va a desarrollar es lo que está más cerca del núcleo urbano, pero si resulta que los propietarios de ese suelo no quieren desarrollarlo, pues puede que se desarrolle otro suelo", ha explicado.

Respecto al APA 9, en Vistahermosa, Cano ha dicho que procedía del PGOU de 1987, con viviendas unifamiliares y una baja densidad; y el PAU 3, ha apuntado que es un desarrollo de "una densidad media". Así, ha señalado que las situaciones del año 2010, no eran las de 1987. "En ese año existía una tendencia a los unifamiliares, hoy día la situación es distinta, las unifamiliares son difícilmente asumibles; se puede modificar y la ley establece que se puede incrementar la edificabilidad si se aumentan las dotaciones y se amplía la cesión de aprovechamientos al Ayuntamiento; no recuerdo que se diese en mis años de trabajo esa modificación", ha dicho.

Briones también le ha cuestionado sobre Torres de la Huerta. Cano ha apuntado que el desarrollo de esa zona "siempre está en expectativa, es un hueco de suelo no urbanizable rodeado de zona urbanizable en Alicante y en Sant Joan por lo que el crecimiento en esa zona es seguro". 

El letrado que representa al Ayuntamiento, José María López Coig, le ha cuestionado sobre la decisión de la rescisión del contrato de redacción del PGOU con Cantallops. Cano ha señalado que fue decisión política, pero no ha sabido responder quién tomó la decisión. Sí ha señalado que "a mí nadie me consultó nada" sobre esa decisión. Sobre si existía una razón técnica que justificase esa decisión, Cano ha dicho que "no conocía ninguna". Sobre la parte del trabajo de Cantallops que el exalcalde Díaz Alperi no compartía, Cano ha dicho que la desconocía.

También ha sostenido que el trabajo elaborado por Quesada era más expansivo que el de Cantallops y que también incluía más zona de parque natural. El letrado le ha interrogado también por los cambios de técnicos en la Concejalía de Urbanismo. Cano ha señalado que esos cambios se realizaron cuando Castedo era concejal de Urbanismo. "La responsable de esos cambios fue la señora Castedo", ha dicho. 

Sobre los técnicos que tenían acceso a la documentación presentada por Quesada en 2008, Cano ha respondido que lo conocían los miembros de la comisión técnica, José Luis Ortuño, él mismo y la asistenta jurídica municipal, Isabel Campos. También ha dicho que el concejal de Urbanismo y el alcalde podían tener acceso a esa documentación. "Un plan es técnico y es político", ha dicho. 

López Coig ha cuestionado sobre las reuniones en las que se analizaban las alegaciones tras la segunda exposición pública del PGOU. Cano ha apuntado que la comisión técnica "hablaba sobre todo", aunque en caso de disparidad "la opinión última la tenía el equipo redactor".

El abogado que representa a Esquerra Unida (EU), José Luis Romero, ha solicitado que Cano se ratifique respecto a las declaraciones efectuadas ante el Juzgado de Instrucción número 5 y en el TSJ. Y así lo ha hecho. Acto seguido, Romero le ha cuestionado de nuevo sobre la fórmula del uno por uno, por la que se establece que cada metro de suelo rústico que se reclasifica, se debe incluir un metro de suelo protegido. Y sobre si le parecían excesivos "en general" los coeficientes correctores que se establecían. Cano ha respondido que no lo recordaba.

Romero ha cuestionado por qué Cano emitió un informe sobre la exposición al público del PGOU de Quesada seis meses después de que se sometiese a información pública. Cano ha apuntado que podía ser una cuestión amparada en los plazos legales. En todo caso, ha apuntado que la aprobación del trámite de información pública no significa que los políticos que lo aprobasen estuviesen de acuerdo con ese documento.

Después Romero le ha cuestionado sobre el informe emitido por Cano en el que comparaba los documentos elaborados por Cantallops y Quesada, en los que se decía que el primer preveía 25.000 viviendas y el segundo, 108.000. Cano ha recordado que sí había informado sobre que el segundo era "más expansivo". 

Por las defensas, el letrado Alejandro Bas ha cuestionado sobre las diferencias interpretativas entre los urbanistas. El defensor de Castedo, Ignacio Gally, le ha preguntado si la exalcaldesa le presionó para que influyese en sus informes y Cano lo ha negado. El letrado de Díaz Alperi, Vicente Grima, ha preguntado si esa situación era extensible al exprimer edil y Cano ha afirmado que sí. El letrado Bernardo del Rosal ha cuestionado sobre la presencia de su defendido, Javier Gutiérrez, en las reuniones de la comisión técnica. Cano ha dicho que acudía en alguna ocasión, pero que quien estaba siempre presente era Alfonso Mendoza. Sobre la admisión de las alegaciones, Cano ha apuntado que se discutían entre todos los miembros de la comisión, y que si existían discrepancias, al final la última palabra la tenía el equipo redactor. De nuevo, Cano ha señalado que nadie le presionó ni le dio instrucciones sobre cómo debía resolverse una determinada alegación.

El abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, le ha preguntado sobre quién estaba en la comisión técnica y Cano ha apuntado que también figuraba en esas reuniones Mari Ángeles de la Sierra. Cano también ha respondido que nadie habló con él para que cambiase de criterio sobre su rechazo al proyecto de la Ciudad de la Economía al estar junto a la zona protegida de Aguamarga. Igualmente ha explicado que él consideró que no era apropiado que se habilitase un centro cívico en la zona del Rico Pérez. A preguntas de Ruiz Marco, Cano ha dicho que, en realidad, cualquier concejal de la corporación podía haberse interesado por la documentación del PGOU, aunque ha señalado que no recordaba que nadie lo hubiese hecho.

En segundo término ha declarado José Gregorio Bernabé, uno de los empresarios vinculados a las compañías de Ortiz. Su comparecencia también ha sido a través de videoconferencia. El fiscal adscrito a Anticorrupción, Pablo Romero, le ha cuestionado sobre la tramitación de los proyectos urbanísticos ligados al conocido promotor, como el de la Ciudad de la Economía, además de sobre el contenido de determinadas conversaciones captadas por la Policía tras la intervención de los teléfonos de los acusados. Sin embargo, sus respuestas han resultado prácticamente inaudibles a través del sistema telemático Webex habilitado para seguir el juicio, como consecuencia de las limitaciones de aforo establecidas en prevención de riesgo de contagio de coronavirus.

También ha comparecido Conrado Núñez, responsable de Asegur, una de las empresas vinculadas a la construcción del Hospital del Vinalopó, desarrollada por una UTE participada por una de las empresas de Ortiz, cuyas facturas pudieron haberse usado para camuflar las supuestas dádivas entregadas a los políticos, según los investigadores de la Policía. La comparecencia de Núñez se ha producido a petición de la defensa de Díaz Alperi. El letrado Vicente Grima le ha cuestionado sobre la naturaleza de las facturas, por un importe próximo a los 174.000 euros, para que acreditase la veracidad de los trabajos prestados en concepto de acopio de distintos materiales. Núñez ha explicado cuál era el proceso para la tramitación de esas facturas. Además, ha apuntado que "lo que pagó la UTE corresponde a trabajos ejecutados". 

La causa sobre el supuesto amaño del PGOU es una de las 20 piezas en las que se dividió la investigación original sobre la contrata de las basuras del municipio de Orihuela. Se dirige contra los exalcaldes Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y el promotor Enrique Ortiz, además de otros seis acusados, entre los que figuran los abogados del bufete Salvetti, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, y el también constructor Ramón Salvador.

La Fiscalía considera que los dos expolíticos, del PP, concedieron un trato de favor a Ortiz en la redacción del planeamiento urbanística de la ciudad, a cambio de supuestas dádivas. Entre ellas, entregas de dinero en metálico, viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta y un vehículo modelo Mini Cooper, según el sumario.

El juicio prosigue este martes con la declaración de nuevos testigos, entre empresarios y responsables de las empresas de Ortiz, como Aurelio González Villarejo, José Cortina o Luis Manuel Sirvent. También debe comparecer Julia Castelló, a quien se considera intermediaria en la entrega del vehículo que, según la Policía, fue una de las dádivas recibidas por Castedo.