La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el banquillo de los acusados. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. "Al señor Ortiz, no le concedí nada ilegal y tampoco nada legal". Así de tajante se ha mostrado este jueves la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, durante su declaración en el juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del 'caso Brugal'. Durante más de una hora y cuarto, la expolítica del PP ha seguido la senda abierta por Ortiz y de Alperi, este miércoles, para defender su inocencia. Según su testimonio, no facilitó información privilegiada al constructor ni le concedió un trato preferente. Es más, ha subrayado que prácticamente todo lo que pidió a través de sus alegaciones, quedó desestimado. Además, ha sostenido que tampoco recibió regalos por su parte, al margen de haber sido invitada a viajar a Ibiza en su yate.
Por partes. Castedo ha accedido a responder a las preguntas formuladas por la Fiscalía, aunque -como hizo Ortiz en la jornada precedente- también ha señalado que no iba a referirse a las preguntas relacionadas con las conversaciones captadas por la Policía. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha apuntado, no obstante, que durante la fase de instrucción, a diferencia de lo que sucedió con el empresario Enrique Ortiz, Castedo sí respondió sobre esos audios sin dudar sobre su legalidad. Así, ha adelantado su intención de solicitar que se incorporen a la causa esas declaraciones en fase de instrucción. La presidenta del tribunal, Monserrat Navarro, ha asegurado que la Fiscalía debe solicitar esa petición en su momento y que el tribunal estudiaría su incorporación.
Castedo ha terciado en el debate para sostener que ella sí declaró respecto a esas grabaciones en el TSJ porque "tenía la obligación moral de declarar sobre ello porque en ese momento era alcaldesa de Alicante; ahora ya no lo soy; pero claro que voy a declarar sobre el fondo de los hechos, llevo 12 años esperando".
Así, en primer término, ha respondido que ella asumió la Concejalía de Urbanismo en 2003 y que llegó a la Alcaldía en 2008. Por último, ha apuntado que se convirtió en diputada autonómica en 2011. Además, ha señalado que creía recordar que sí hubo una etapa en la que compaginó el cargo de edil de Urbanismo y la Alcaldía, hasta que se nombró gerente de Urbanismo a Alfonso Mendoza.
A preguntas de Briones, ha respondido que conocía al empresario Enrique Ortiz, con una relación continuada, fue "cuando estuve al frente de la Concejalía de Urbanismo y sobre todo, cuando comienzo como alcaldesa". "Más relación porque tiene que ser más intensa; es tratar con quien está al frente de la recogida de basuras de Alicante, de la limpieza de los colegios y dependencias públicas, quien es el agente público de Rabasa, del PAU 3, del APA-9, dueño del Hércules y del campo de fútbol de la ciudad", ha detallado. "Es una relación que viene de tiempo atrás pero se agudiza desde cuando asumí la Alcaldía", ha dicho.
Ha sostenido que ella calificó esa relación de "familiar", aunque se refería a una relación de "amistad cordial", "de mucho trato". "Cuando yo conocí al que después fue mi marido, ya tenía relación con el señor Ortiz desde hacía tiempo y conozco a la familia de Ortiz", ha explicado. Además, ha confirmado que su marido sigue trabajando para las empresas del promotor.
Briones ha cuestionado sobre los lugares en los que se celebraban reuniones en relación al Plan General y Castedo ha contestado que era indistinto dónde se celebrasen. Ha detallado que ella mantenía encuentros por la tarde en la Gerencia de Urbanismo cuatro de los cinco días de la semana, pero ha sostenido que no recordaba exactamente los temas que había tratado con el señor Ortiz. En todo caso, ha apuntado que serían cuestiones "en las que Ortiz tuviese algo que ver", sobre algunos de los sectores en los que tenía terrenos. Briones le ha cuestionado sobre las conversaciones sobre los "apaños" de Rico Pérez o del APA 9. Castedo ha sostenido que "apaño es una palabra que yo utilizo mucho en el sentido de intentar arreglar o solucionar", pero ha sostenido que eso no es "amañar" como se ha querido filtrar desde el inicio de la causa, según ha señalado.
Así, ha apuntado que "creo recordar que tenía algo que ver con lo que Enrique comentaba ayer, unos suelos de la zona del parking del Rico Pérez, en donde la propiedad no estaba clara si era del Hércules o de Nazaret; creo recordar que el hijo de Rico Pérez vino a intentar aclarar esa situación con las escrituras en las que daba a entender que era del Hércules. Finalmente, no era del Hércules, había una parte que era y sigue siendo de Nazaret. La solución que se pretendía era aclararse la propiedad de un suelo del parking", ha explicado. Ante la insistencia de Briones, Castedo ha dicho que la duda "se disipa con documentación presentada" sobre la propiedad. "No hay apaño; ¿qué apaño puede haber en el Rico Pérez si desde 2010 y ahora está exactamente igual que desde el año 1987", ha enfatizado.
Sobre el momento de las conversaciones sobre el estadio, en la primavera de 2008, Castedo ha explicado que se comenzó a hablar porque el Hércules había presentado un propuesta de Plan de Reforma Interior (PRI), para "el desarrollo de un plan en el Rico Pérez y su entorno". "Los técnicos municipales, en un informe, recomiendan que en lugar de tramitar ese PRI, que se contemple en el Plan General, y así se hace", ha explicado. Briones ha preguntado cómo era posible que se mantuviesen reuniones sobre el PRI del Hércules con Jesús Quesada, segundo redactor del Plan General, antes de que se decidiese que el plan debía tramitarse a través de ese PGOU y cuando ese proyecto del PRI "no había salido de la Gerencia de Urbanismo". Castedo ha considerado que era lo que correspondía puesto que era "un proyecto urbanístico y la ley contempla que se reúnan" como sucede con todos los planes que van a formar parte del Plan General.
La exalcaldesa ha insistido en que, a la postre, el proyecto del Rico Pérez "no existe, para desgracia de la ciudad". Ha recalcado que el PRI se trata de una iniciativa privada por un agente urbanizador y que debía trasladarse al Plan General: "Si no, qué iba a formar parte del Plan General". Briones ha apuntado, entonces, que los técnicos de la Gerencia habían declarado durante la instrucción que ellos no sabían que se había dado traslado del PRI al equipo redactor del PGOU antes de que ellos emitiesen su informe. Y Castedo ha señalado que ella no podía saber en qué momento se dio traslado de ese PRI.
La exalcaldesa admite una relación de amistad familiar con el constructor y asegura que la información urbanística que se le facilitó desde el Ayuntamiento era la que le correspondía como agente urbanizador
Briones también le ha cuestionado sobre la conversación sobre el apaño de los terrenos entre el APA 9 y las Lomas del Garbinet, y Castedo ha asegurado que "no apañé nada", aunque ha incidido en que no iba a contestar sobre las conversaciones. "El APA 9 ya existía, estaba aprobado definitivamente desde los años 90, yo estaba en el instituto. Eso significaba que podía desarrollarse, sin tener dependencia del Plan General; es más, el APA 9 se está desarrollando ahora y no porque lo haya acordado yo, sino el anterior gobierno compuesto por el PSOE", ha dicho. "Lo mismo que para mí es corrupción...", ha añadido. En concreto, sobre la conversación, ha señalado que se trataba de dar una solución porque había una carretera que atravesaba el APA 9 y "se consiguió que esa carretera quedase fuera del sector, como se había previsto inicialmente y como se ha desarrollado finalmente". Con todo Briones, ha señalado que ese informe de Carreteras en el que advertía sobre el paso de esa carretera se emitió con posterioridad a esa conversación.
Después, en relación al incremento de edificabilidad sobre el PAU 3 y el APA 9, Castedo ha explicado que a propuesta de Quesada, "se plantea que defendiendo la misma edificabilidad", respecto al número de viviendas "se contempla que en esos sectores se expanda pero en altura, en lugar de con bungalós". "Ese incremento de edificabilidad es para el Ayuntamiento, a través de VPO, y para ello hay que hablar con el señor Ortiz, pero no lo acepta", ha explicado.
Sobre el Rico Pérez, Castedo ha señalado que le consta que las obras previstas en las bases de la subasta del estadio se ejecutaron y que así se acreditó en un informe tras la pertinente visita de inspección. La exalcaldesa ha respondido que no recordaba la reunión con Ortiz por la que le ha cuestionado Briones antes de tener que comparecer en el pleno, en 2009, para explicar cómo se había desarrollado esa remodelación del estadio.
Respecto a los reuniones mantenidas por Quesada con Ortiz, Castedo ha apuntado que formaba parte de su trabajo reunirse con "la UMH o con cualquier empresa; no me pedía permiso". La exalcaldesa ha señalado que ella estuvo "en muy pocas reuniones, creo recordar que en dos" y ha sostenido que no se levantaba acta de esas reuniones.
Briones le ha cuestionado sobre una conversación en la que, supuestamente, ella le dijo a Quesada que le diese a Ortiz la ficha del Rico Pérez. Castedo ha respondido que "era viable puesto que Ortiz era el agente urbanizador; en ese tema concreto era administración". "Lo contempla la ley: esa ficha, y también la del PAU 3 o la del APA 9", ha insistido. El fiscal también le ha interrogado sobre la supuesta compra de suelo en Fontcalent por parte de Ortiz para lograr una compensación a cambio de ese suelo que se iba a declarar parque natural: un millón de metros cuadrados que se recalificaría en un parque natural, a cambio de otro suelo con otro coeficiente de edificabilidad del 0,38% para con las plusvalías que se generasen acometer el proyecto del Rico Pérez. Castedo ha respondido que "es imposible, porque los parques naturales no los marca el Ayuntamiento, lo marca la Generalitat". "Es un error creer que la numeración de sectores significa que el 1 puede ser el primero que se desarrolle", en respuesta a la pregunta específica formulada por el fiscal sobre esa conversación.
La exalcaldesa sí ha admitido que se reunió con Ortiz para entregarle "un plano". "Un plano que era de la plataforma logística que estaba promoviendo la Generalitat", ha explicado. "Se lo entregué porque esa plataforma afectaba a terrenos de Ortiz; él había presentado alegaciones, y solicitamos desde la Gerencia de Urbanismo saber cuál era ese plano definitivo porque él lo estaba pidiendo para saber si se había aceptado sus alegaciones, y no se lo habían dado, y resulta que al final era el mismo plano que él tenía", ha explicado. En todo caso, ha insistido en que ese plano "era público".
La exalcaldesa también se ha referido a otra conversación sobre "pintar parcelas" referida por Briones, para señalar que se trata de una conversación "incompleta". "Esas parcelas de píntamelas de azul, es otra de las alegaciones formulada por Ortiz y desestimada; las tres parcelas desestimadas", ha dicho. "Hay una causa desde 2010 que tiene toda esa información que tiene lo que todos queremos, que es llegar a la verdad", ha explicado.
Briones le ha preguntado si había pactado con Alperi que él tuviese alguna capacidad para decidir cuestiones urbanísticas después de abandonar el cargo. Y Castedo lo ha negado. "No me consta", ha respondido, que Alperi pudiese haber hablado sobre ello con terceras personas. E igualmente asegura no recordar si había hablado con Ortiz sobre "el enfado" de Alperi al no conseguir eso. Igualmente, Castedo ha admitido que sí había hablado con Ortiz para que emplease a personas, "como con otras empresarios", ha dicho. "En una época de crisis, no podía evitarlo", ha dicho. Ahora bien, ha señalado que "esas peticiones de ayuda no se hacen a cambio de nada, ni de información del Plan General ni de reuniones". "Si hubiera habido esa información privilegiada, no se hubieran desestimado las alegaciones de las parcelitas ni del Rico Pérez", ha recalcado.
Briones también le ha cuestionado sobre los viajes a Andorra realizadas con la familia de Ortiz en las navidades de 2008 y 2009. Castedo ha explicado que "le preguntamos, y su mujer nos dice en qué hotel y en qué agencia, y eso hago, voy a la misma agencia, en los dos viajes; yo encargo el viaje y se hace", ha dicho. "Para estar con la familia de Ortiz, con mis compañeros de corporación, y con amigos de Ortiz que también vinieron; pero estábamos juntos cuando estábamos", ha dicho. Además, ha explicado que ella pagó los viajes: "Primero una reserva y unos días antes del viaje, el resto; lo pagué en efectivo", ha detallado. Briones le ha dicho que en los días previos no había realizado ninguna extracción bancaria, según los informes de la Fiscalía, y Castedo ha explicado que podía ser una cantidad de la que dispusiese en su casa.
Sobre su voto en la aprobación provisional del PGOU: ¿Por qué me tenía que haber abstenido? Desestimación al 80% de las alegaciones presentadas y parece que aquí el señor Ortiz era el rey"
Sobre Julia Castelló, receptora de un vehículo Mini Cooper que, según la Policía, pudo ser una de las prebendas ofrecidas por Ortiz a cambio de un trato de favor, Castedo ha negado que es su amiga pero no su niñera, aunque cuidaba de su hija. También ha señalado que recibía tarjetas para el aparcamiento en estacionamientos de Ortiz.
Igualmente, se ha referido al viaje a Ibiza en el yate de Ortiz. Ha explicado que ella pagó sus gastos "cuando salíamos fuera a comer", pero que no pagó la invitación del viaje en sí mismo. Sobre si Ortiz iba a pagarle un viaje en avión a Ibiza, Castedo ha dicho que no hubo tal viaje y que era "una suposición que lleva 10 años". Briones le ha preguntado si, después de ese viaje a Ibiza, volvió a la isla para reunirse con Alperi, en su barco, y Castedo ha explicado que Ortiz se ofreció a llevarla porque él también iba a la isla, y que después se quedó en el barco de Alperi.
El fiscal le ha preguntado por qué había votado a favor de las dos aprobaciones provisionales del Plan General si había reconocido su relación de amistad con Ortiz. Castedo ha respondido que el resultado de la votación iba a ser el mismo y que el sentido de su voto no era decisivo. "No le concedí nada ilegal y tampoco nada legal", ha dicho. "¿Por qué me tenía que haber abstenido? Desestimación al 80% de las alegaciones presentadas y parece que aquí el señor Ortiz era el rey", ha insistido. Así, ha negado que le concediese trato de favor y que tampoco le había facilitado información privilegiada".
Ya en el turno de preguntas de las defensas, Castedo ha respondido al letrado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, que las peticiones que se realizaba al constructor y a otros empresarios para contratar a personas necesitadas, se hacían "a través de la Agencia de Desarrollo Local, porque el ayuntamiento tenía una bolsa de empleo". "Había un cauce legal para hacerlo", ha apuntado.
Respecto a las reuniones celebradas sobre el Plan General, ha señalado que eran necesarias y que en ningún caso era para aprobar nada que no se expusiese al público. De hecho, ha insistido en que las dos aprobaciones provisionales sobre el Plan General que se realizaron en el Ayuntamiento "no sirvieron para nada, puesto que la aprobación definitiva corresponde a la Generalitat". Así, ha apuntado que tras esos acuerdos se habrían procesos consultivos en los que se emitían informes sectoriales. También ha señalado que en mayo de 2008 "había prisa" para acelerar los trabajos del Plan General porque la Generalitat había advertido de que vencía el plazo para que se produjese su aprobación inicial.
El defensor de Ortiz también le ha cuestionado sobre la franja de terreno del APA 9 y de Lomas del Garbinet que quedaba afectada por una carretera. Castedo ha respondido que ese suelo "tenía la misma calificación en el avance del Plan General de 2002". Respecto al proyecto para el Rico Pérez, Castedo ha respondido que se hizo un concurso de proyectos en el que hubo una votación y que se presentó en el Colegio de Arquitectos. Además, ha señalado que "lo traté de negociar con todos los grupos políticos", ha dicho. Es más, ha añadido que tuvo conversaciones con el exsecretario general del PSPV, Jorge Alarte, en ese sentido.
Sobre ese plan en concreto, Castedo ha señalado que la Policía había estado emitiendo los informes en los que se sustenta la acusación "sin disponer de la documentación municipal sobre el Plan General", en la que figuraban informes como el de la desestimación de las alegaciones presentadas por Ortiz respecto al proyecto del Rico Pérez, entre otros.
También ha respondido al letrado de Ortiz, que el redactor del Plan General, Quesada, había promovido un cambio en los sectores del APA 9 y el PAU 3 por el que se ampliaba la edificabilidad, de modo que se concentraban las alturas para permitir la construcción de VPO, y que se habló con Ortiz porque era su agente urbanizador como se hablaba con otros empresarios, como los propietarios del sector de Pino y Ruaya, por ejemplo. Igualmente, se ha referido a las parcelas de Fontcalent, para insistir en que las peticiones de Ortiz se desestimaron y que esos suelos siguen teniendo la misma calificación de no urbanizable desde el año 1987.
El letrado de Ortiz, ha cuestionado, además, sobre el proyecto de la Ciudad de la Economía, en el entorno de Aguamarga. Castedo ha señalado que el posible desarrollo de la zona estaba considerado en el PATEMAE, pero que existían otros informes técnicos en los que se desaconsejaba. Así, ha explicado que elevó una consulta a la Generalitat para que informase y en la contestación se dijo que no era viable, por lo que se acabó desestimando.
En el turno de preguntas de su propio abogado, Ignacio Gally, Castedo ha respondido que no ejerció ninguna influencia en el redactor del Plan General, Jesús Quesada. "En todo caso, habría sido en contra, porque todo lo que pidió fue desestimado", ha dicho. "Si hubiese sido de otra manera, estaría aquí también el señor Quesada", ha dicho. Respecto a las votaciones sobre el Plan General, ha señalado que "se producen en función del contenido de los informes técnicos; si hubiésemos aprobado algo en contra de los informes, habría sido prevaricación". Así, también ha negado que influyese en técnicos o políticos para que se aprobase la versión inicial del PGOU en 2009 y en 2010.
También ha señalado, respecto al viaje de regreso desde Ibiza a Alicante para poder asistir al funeral del exconseller García Antón, que ella pagó "200 euros" por el viaje en avioneta hasta el aeródromo de Mutxamel. "200 yo y 200 Enrique Ortiz", ha dicho. "El viaje a Ibiza no lo hace la alcaldesa de Alicante, fue un viaje privado; el de regreso sí lo hace Sonia Castedo como alcaldesa, porque iba a asistir a un funeral en el desempeño de mi función pública", ha dicho. "Si llego a saber que ir a ese viaje a Ibiza se me iba a acusar de un delito, no habría ido", ha dicho. "Pero es que, ¿para qué me invitó a Ibiza? ¿Para que le favoreciese en el Plan General? Pues le salió mal porque no se le aceptó nada", ha recalcado. "Es más", ha añadido, "en el Plan General de 1987, Ortiz era el propietario del 70% del suelo urbanizable; en el de Quesada, era del 30% porque ya estaban contemplados el APA 9 y el PAU 3", ha dicho.
La exalcaldesa ha contestado también respecto al vehículo modelo Mini Cooper para señalar que, en un primer momento, ella sí intentó hacerle un regalo a Julia Castelló, pero que al final la compra la hizo el marido de ella.
En realidad, la segunda jornada de declaraciones del juicio sobre el presunto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal, ha comenzado con la declaración de Pablo Rico, otro de los responsables de empresas ligadas a las sociedades de Ortiz en los años de los hechos investigados. Rico, que era apoderado de la empresa Asegur, se ha mostrado dispuesto a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y a las del conjunto de las defensas. Así, en respuesta a las cuestiones planteadas por el fiscal Pablo Romero, Rico ha asegurado que, en los años de los hechos investigados, no conocía al empresario Enrique Ortiz, aunque sí ha admitido que había sido amigo de su hermano menor, Tomás. Ha dicho que no conocía a su otro hermano, Virgilio, también procesado, y que sí mantenía una relación comercial excelente con Santiago Bernáldez, también acusado.
Todas las cuestiones planteadas por el fiscal han girado en torno a pagos y el cobro de pagarés de la empresa Asegur, en los años investigados. En concreto, sobre el objeto de esos pagos, con los que, según el sumario, se pudieron camuflar parte de las presuntas dádivas entregadas por Ortiz a los exalcaldes Díaz Alperi y Sonia Castedo a cambio de obtener un trato preferente en la redacción del nuevo PGOU. Romero le ha cuestionado sobre el hecho de que alguna de las operaciones de extracción de dinero se realizasen en sábado y Rico ha respondido que era algo habitual, porque las entidades bancarias abrían entonces en sábado y dispensaban un trato diferente a los empresarios.
Rico ha explicado que esos pagarés correspondían con la instalación de extintores en el Hospital del Vinalopó pagado por la UTE que construyó el centro sanitario, participada por las empresas de Ortiz. En concreto, sobre un pagaré de 174.000 euros cobrado en un sábado, ha sostenido que ingresó ese dinero en la contabilidad de la empresa. Con todo, ha señalado que el tema administrativo no era de su competencia.
El fiscal le ha cuestionado directamente si esos apuntes contables se habían formulado para simular pagos por servicios inexistentes, a lo que Rico ha sostenido que no era la persona adecuada para responder sobre eso porque no era el administrador de la empresa y no conocía el detalle de la contabilidad, aunque ha considerado que le parecía razonable que correspondiesen con pagos por servicios prestados a la UTE Hospital de Elche que, después, también debían derivarse a pagar a proveedores de Asegur.
A preguntas de su abogado defensor, Rico ha sostenido que había otras personas en su empresa que disponían de poderes y que él no había abierto la cuenta en la que se había cobrado esos pagarés. Igualmente, ha señalado que "no hay ninguna duda de que los trabajos pagados se efectuaron" porque de lo contrario el hospital no podría haber entrado en funcionamiento al no concedérsele los permisos de apertura. Además, ha señalado que él ya no figuraba en la empresa en 2010 cuando se finalizó la obra. También ha respondido que los proveedores de Asegur "existían" y ha negado la posibilidad de que él pudiese haberse apropiado del dinero cobrado en ese pagaré de 174.000 euros "porque me hubiesen denunciado; el dinero entró en la empresa", ha dicho.
El proceso se sigue contra los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, además de contra el empresario Enrique Ortiz, como principales procesados. La Fiscalía Anticorrupción considera que los dos expolíticos del PP facilitaron al promotor información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, entre los años 2008 y 2010, cuando su diseño todavía no era público, a cambio de supuestas prebendas. Entre ellas, diversas entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y varios viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, según el sumario.
Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y dos meses para Alperi tras acusarles a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. En lo que respecta a Ortiz, pide 8 años de prisión al considerarlo responsable de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
