La terminal de mercancías del Puerto de Alicante en la que se proyecta la instalación de los depósitos.ALICANTE. El proyecto de instalación de seis macrodepósitos de combustible en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante supera otra fase más de su largo proceso de tramitación. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria desestimó este martes los 14 recursos de reposición presentados por colectivos vecinales y ecologistas contra el acuerdo previo que da encaje a su construcción, aprobado en julio, con los argumentos que había adelantado Alicante Plaza el pasado sábado.
En resumen, este nuevo aval al proyecto se basa, primero, en la constatación de que la propuesta presentada por la empresa XC Business 90 cumple los requisitos exigidos. Al menos, en los ámbitos en los que el Puerto tiene competencias. Y segundo, en la confirmación de que el proyecto propuesto comprende el desarrollo de una actividad comercial admitida en las normas urbanísticas que rigen en el recinto portuario, por lo que nada prohíbe su instalación. Es decir, que no existe ningún blindaje que les cierre la puerta, 24 años después de que se acordase el traslado de los depósitos CLH desde el Puerto hasta la partida de Els Reiets, en El Bacarot.
Con ese nuevo acuerdo, el desenlace que pueda tener el proyecto queda en manos del análisis que formulen -en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante- las consellerias de Transición Ecológica (competente en materia de protección sobre el medio ambiente) y de Justicia (responsable en cuanto a las condiciones de seguridad del desarrollo de la actividad, a través de la Dirección General de Emergencias). Máxime, después de que la Concejalía de Urbanismo haya instado formalmente a emitir sendas evaluaciones antes de resolver sobre la concesión de licencia de obra y actividad que solicita la promotora de los silos.
Como también informó este diario, la titular de Transición Ecológica, Mireia Mollà; el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), y el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), concertaron la constitución de una comisión mixta entre técnicos de las dos administraciones con el fin de revisar si el proyecto empresarial resultaba o no viable.
Esa comisión mixta formada por técnicos municipales y autonómicos tiene ya fecha para su primer encuentro. Salvo cambio de agendas, se celebrará el próximo 7 de octubre en València con el fin de comenzar a revisar los pormenores de la propuesta desde el punto de vista de sus condicionantes legales y requisitos técnicos por lo que respecta a su evaluación ambiental y, sobre todo, a las exigencias sobre seguridad y prevención de accidentes.
Por lo pronto, en el informe jurídico en el que se apoya el rechazo de los recursos se subraya que la Autoridad Portuaria "no ostenta competencias en materia de seguridad y medio ambiente que afectan al proyecto, por lo que XC Bussines 90 viene obligada a obtener los certificados y licencias necesarias en materia urbanística, medioambientales y de seguridad que exija la legislación que le sea aplicable".
Respecto al desarrollo de la reunión del consejo de administración, el acuerdo de desestimación de los recursos se adoptó por unanimidad, aunque con la ausencia del alcalde, el popular Luis Barcala, puesto que mantenía dos compromisos en agenda en el mismo momento en el que se desarrollaba la sesión: la citación para declarar como testigo en el juicio por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio y una reunión de trabajo con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
Según fuentes municipales, el primer edil había solicitado un cambio de fechas para la celebración del consejo con la intención de poder asistir, pero la petición no fue atendida. No obstante, como sucedió en la reunión de julio (cuando se adoptó el acuerdo inicial sin su presencia), en esta ocasión tampoco delegó el voto en otro representante municipal.
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, que forma parte del consejo como vocal en representación de la Generalitat, sí participó en la sesión. No obstante, se ausentó voluntariamente en el momento de la votación tras poner de manifiesto que él había firmado alegaciones como representante de Compromís. Además, según explicó el propio Bellido al término del consejo, él mismo manifestó su posición contraria al proyecto y pidió que esa posición se hiciese constar en acta. Después, abandonó la sesión para no incurrir en un conflicto de intereses.
