Cs deja solo al PP y apoya en el pleno de Alicante la expulsión de cargos que reciban la vacuna VIP

ALICANTE. El episodio de las reprobaciones por las vacunas VIP concluye con la aprobación de dos declaraciones institucionales distintas promovidas desde las bancadas del gobierno y de la oposición en el pleno del Ayuntamiento de Alicante. Como viene informando este diario, la primera corresponde a una iniciativa de PP y Cs, y la segunda, de Unides Podem y Compromís. Las dos recogen el compromiso por parte de todos los partidos de la exigencia de dimisión de aquellos cargos públicos que pudiesen haberse saltado el orden de vacunación establecido por las autoridades sanitarias para quedar inmunizados frente a la covid-19. 

Ahora bien, solo la planteada por Unides Podem y Compromís incluye un acuerdo adicional que no prevé la propuesta firmada por PP y Cs. En concreto, en esa declaración se establece que aquel cargo vacunado de manera indebida que no presente la renuncia al cargo de manera voluntaria, pueda ser expulsado del grupo municipal al que pertenezca (como había sugerido Compromís a la propuesta promovida inicialmente por Cs), de modo que se convierta en un concejal no adscrito.

La cuestión es que esa segunda propuesta ha recabado el respaldo del eje progresista, de Vox e incluso de Cs, que ha dejado solo a sus socios de gobierno del PP como único partido que ha mantenido su rechazo íntegro a la iniciativa de Unides Podem y Compromís. En ninguna de las intervenciones protagonizadas por el alcalde, Luis Barcala (PP), o por la portavoz de su grupo, Mari Carmen de España, se ha justificado en concreto el motivo que habría llevado a los populares a separarse de esa iniciativa. Se ha sobreentedido que se prefería su propio texto convenido con Cs.

Con todo, lo cierto es que se da la circunstancia de que en el pleno de la Diputación se votó una declaración institucional promovida por Cs en la que se exigía el cese de los cargos públicos inmunizados de manera irregular y el acuerdo acabó sustanciándose con la retirada de competencias al diputado y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano (PP), sin que se produjese su expulsión del grupo popular. Cano sigue como diputado sin competencias hasta que se aclaren las circunstancias en las que recibió su dosis.

Por orden. El de las vacunas VIP ha sido uno de los debates de mayor calado político entre los acuerdos planteados en la sesión, en la que se han votado hasta 16 declaraciones institucionales distintas, sin que se haya alcanzado ningún acuerdo relevante por lo que respecta a la gestión municipal. De hecho, las declaraciones son propuestas que en realidad carecen de toda eficacia ejecutiva real, más allá de establecer compromisos o de requerir determinadas acciones a otras administraciones de rango superior. Y, además, su contenido no ha tenido en todos los casos una vinculación directa con la ciudad de Alicante, como ha ocurrido por ejemplo con las planteadas sobre la condena de las agresiones sufridas por representantes de Vox en las elecciones catalanas o sobre los actos de violencia desatadaso en varias ciudades del país tras el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél.

Por lo que respecta al debate sobre las inoculaciones indebidas, la discusión la ha iniciado el portavoz de Unides Podem, Xavier López, quien ha defendido su propuesta para asegurar que PP y Cs no querían que se debatiese sobre la vulneración de los protocolos de vacunación. Así, ha recordado que "Cs planteó una especie de pacto político, pero sin molestar demasiado a sus socios del PP y a su presidente, Carlos Mazón", ha dicho. "Sin embargo, no han podido, porque Unides Podem y Compromís hemos presentado precisamente el mismo texto que había planteado Cs", ha apuntado. Así, ha señalado que cualquiera que "haya utilizado su posición para beneficio propio no debería continuar en su puesto como servidor público". En esta línea, ha defendido la necesidad de que la persona que se hubiese saltado el orden de vacunación sea reprobado y ha mostrado su confianza en que Cs "apoye nuestra propuesta que en realidad es la suya".

Por Compromís, su portavoz, Natxo Bellido, ha reiterado que "Unides Podem y Compromís estamos haciendo de Cs" con la defensa de su propia propuesta. Después, ha incidido en que cualquier cargo público que se haya saltado el protocolo de vacunación debe presentar su dimisión "y de eso hasta ahora ha habido poco". En esta línea, ha recordado el proceso que se ha seguido en relación a la propuesta de Cs, que "enfadó a Barcala y que le llevó a decir que no podía reprobarse a cargos públicos de otras administraciones cuando aquí eso sí se ha hecho" en otros casos, como la reprobación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por su respuesta a la crisis social generada por la pandemia. En todo caso, Bellido ha apuntado que "no sabemos si el objetivo de Cs era no enturbiar el proceso de fusión con el PP", ha añadido. Igualmente, ha considerado sorprendente que en la nueva declaración promovida ahora por los dos socios del equipo de Gobierno "sí se exija la dimisión de los cargos públicos vacunados de manera irregular, cuando en la propuesta defendida en la Diputación solo se hablaba de cese".

En la defensa de la propuesta pactada por PP y Cs, ha intervenido en primer lugar la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, para asegurar que "todos los cargos públicos que se han saltado el protocolo de vacunación tienen mi reprobación". Después, ha reprochado a Compromís que "trate de decirnos cómo debemos organizar nuestras políticas: esto era una propuesta de pacto legítimo", ha dicho en alusión a su planteamiento original. De igual modo, ha señalado que la sociedad "exige respuestas contundentes frente a actuaciones irregulares". "Vulnerar el orden de vacunación no será delito pero sí es éticamente reprobable", ha subrayado. Por ello, ha remarcado que el acuerdo plantea que los cargos políticos que se salten el orden de vacunación deben presentar su dimisión.

En segundo término, ha tomado la palabra la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien ha reivindicado su propia propuesta (la pactada con Cs) porque estamos "del lado de la transparencia y de la ética". "La demagogia no puede estar por encima del ejercicio de las responsabilidades políticas; ustedes piden dimisiones sin saber lo concreto de las actuaciones y sin demostrar absolutamente nada", ha dicho. "Todo para tapar su nefasta gestión", ha incidido. Por ello, ha señalado que su propuesta aspira a que se dilucide la responsabilidad tras la pertinente investigación. "Por el momento, nosotros ya hemos abierto expediente a los cargos que pueden haberse saltado los protocolos y les insto a que también exijan la dimisión a los cargos de sus partidos que han recibido la vacuna", en alusión a varios representantes del PSOE.

Por Vox, su portavoz Mario Ortolá se ha negado a "hacer circo como se ha hecho aquí". "El señor Mazón tiene un diputado vacunado; Cs le pide el cese, pero sigue cobrando aunque se le retira las competencias; y el PSOE abre expediente sus alcaldes en El Verger, pero siguen en sus cargos", ha dicho. En esta línea, ha señalado que apoyaba el fondo de las dos propuestas de declaración institucional en la medida en que "en Vox no necesitamos ningún acuerdo ni pacto político para exigir la dimisión de un cargo público que se haya saltado el protocolo de vacunación, pero no podemos apoyar el tercer punto que se recoge en las dos propuestas de declaración, en el que se plantea que se publiquen los nombres de esas personas que hayan recibido la vacuna porque eso supone ir contra la Ley de Protección de Datos".

Por último, por el PSOE, la edil Lara López ha sostenido que "las personas que se han vacunado indebidamente conocían cuál era el protocolo" y ha incidido en que se debía apartar a todos los cargos que hubiesen vulnerado ese procedimiento independientemente de cuál fuese su partido. Por último, ha coincidido con Vox respecto a que el tercer punto de las dos declaraciones implique la posibilidad de que se vulnere la Ley de Protección de Datos por lo que también ha solicitado el voto por separado de los tres puntos contemplados en las dos propuestas.

El edil del PP y presidente de la Diputación, Carlos Mazón, por su parte, ha pedido el uso de la palabra para corregir las manifestaciones de Ortolá, y aclarar que "el exdiputado de Deportes no percibe ninguna retribución desde el momento que se acordó el cese de sus responsabilidades", en referencia a Bernabé Cano.

Llegado el turno de votación, se ha aprobado en primer lugar la propuesta presentada por Unides Podem y Compromís, que ha contado con el respaldo del PSOE y de Vox en dos de sus tres puntos (no se ha aprobado la propuesta de publicación de los nombres vacunados de manera indebida). Esa propuesta también ha contado con el respaldo de Cs que ha dejado solo a sus socios de gobierno del PP. La segunda declaración institucional, promovida por PP y Cs, también ha quedado aprobada (esta vez por unanimidad) tras sumar los votos de los tres partidos del eje progresista y de Vox, salvo por lo que respecta a su tercer punto (la ya referida publicación de los nombres de los cargos vacunados).

Con ese resultado, se habría escenificado las diferencias de criterio existentes entre los dos partidos aliados al frente del Ayuntamiento a la hora de abordar la adopción de responsabilidades ante un hecho, cuando menos, éticamente reprobable, como había apuntado Sánchez. Con todo, esa ha sido la única ocasión a lo largo de todo el desarrollo de la sesión en la que se ha producido un distanciamiento entre ambos socios de gobierno.

Tras ese debate, el pleno también ha aprobado la propuesta de declaración institucional formulada por PP y Cs para instar a Adif a que acuerde la desafección del uso ferroviario de los terrenos en los que discurren las vías que conectan con la antigua estación de Murcia. Antes de la discusión de la propuesta, el alcalde, Luis Barcala, ha dado lectura a un escrito dirigido por el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, en el que daba la enhorabuena por el acuerdo alcanzado para evitar el uso de esas vías, después de la firma del convenio alcanzada este miércoles entre Adif y la Autoridad Portuaria para propiciar el desvío de los trenes de mercancías de la línea Chinchilla-Cartagena hacia la terminal ferroviaria del Puerto mientras se produce la consolidación de un tramo del trazado de esa línea.

Después, el encargado de defender la propuesta ha sido el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), quien ha lamentado que "después de 30 años se siga sin permitir el desarrollo de una nueva zona verde" en los terrenos situados a espaldas de la actual sede de Casa Mediterráneo. Así, ha apuntado que, en cuanto se conoció las obras de adaptación de las vías para que llegasen los trenes de mercancías, "nos pusimos en contacto con Adif para que se buscase una solución alternativa", ha dicho, puesto que eso "suponía un peligro para el futuro desarrollo de esa actuación".

Por Vox, el edil Pepe Bonet, ha respaldado la propuesta para favorecer la generación de esa nueva zona verde. Por Compromís, Bellido ha considerado que "bien está lo que bien acaba" respecto a la solución alternativa alcanzada para evitar el uso de las vías de Benalúa "porque no podía ser que Alicante acabase pagando el problema por decisión de Adif, que no le importa nada Alicante gobierne quien gobierne en Madrid". De igual modo, ha expresado que quien primero reaccionó al desarrollo de las obras de adecuación en las vías fueron los vecinos, aunque ha agradecido que el bipartito "se moviese y pidese una solución". Con todo, ha instado a PP y Cs a dar solución al problema de la compensación de los terrenos que Adif ya cedió para que se ejecutase el nuevo acceso sur a la ciudad, puesto que "ya han contestado que no se va a alcanzar ningún acuerdo sobre la desafección de esos terrenos".

El pleno aprueba instar a Adif a acordar la desafección de los terrenos de las vías de Benalúa para favorecer la generación de una nueva zona verde como extensión del Parque del Mar

Por Unides Podem, su portavoz, Xavier López, ha expresado su apoyo a la propuesta aunque también ha reclamado "un compromiso de actuación municipal para posibilitar ese acuerdo de desafectación de las vías, así como otros que afectan a ese mismo espacio del litoral sur de la ciudad".

Por el PSOE, la portavoz adjunta, Trini Amorós, también ha apuntado que la desafectación de las vías resulta necesaria la implicación del Ayuntamiento, después de que se haya anunciado la puesta en marcha de obras de mejora para la integración puerto-ciudad por valor de 31 millones. Además, ha incidido en que el PSOE consideró necesario retirar su firma de apoyo a la declaración en la medida en que se alude a la ejecución de infraestructuras que comenzarán a ser viables tras la aprobación de los Presupuestos Generales de 2021 ("los primeros tras los que aprobó el ministro Montoro"), tras la colaboración de todas las administraciones. Así, ha anunciado su voto de abstención. 

Por el PP, De España ha remarcado que la declaración solo trata de plantear las "reivindicaciones históricas de la ciudad que hemos sufrido todos y no llegan". En esta línea, ha considerado que no tenía cabida "la tibieza" a la hora de reclamar la ejecución de esas infraestructuras.

Por último, Barcala ha redundado en que, al final, "creo que todos estamos de acuerdo en solicitar lo mismo, para que determinadas reivindicaciones se solucionen" por lo que ha invitado al PSOE a reconsiderar su abstención. En respuesta, Amorós ha propuesto la reformulación de la declaración para que pudiese contar con el voto favorable del PSOE. En todo caso, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado aprobada por PP, Cs, Unides Podem, Compromís y la abstención de los nueve concejales del PSOE.

El pleno también ha aprobado la propuesta formulada por PP y Cs para condenar los actos de violencia protagonizados tras el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. La encargada de defender la propuesta ha sido la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien ha sostenido que "en el ADN de la izquierda se encuentra el consentimiento de que se llenen las calles de fuego y violencia" con el argumento de la defensa de la libertad de expresión. "La izquierda quiere que arda Alicante", ha apuntado. "Tienen una oportunidad perfecta para retractarse y defender los derechos y libertades de todos", ha incidido. "Igual de condenables son los actos de unos como los de otros", ha dicho, tras recordar las críticas de los partidos del eje progresista respecto al asalto al Congreso de Estados Unidos. 

Por parte de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha calificado de triste "los episodios que hemos visto" en varias ciudades españolas y se ha preguntado si esto es en realidad "libertad de expresión". En esta línea, ha recordado que Hasél se encuentra condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, entre otros. Después, ha reprochado los mensajes de apoyo a los manifestantes por parte de varios cargos de Compromís, como el alcalde de València, Joan Ribó. "Desde este equipo de gobierno censuramos que Echenique, Iglesias, Ribó y otros cargos públicos apoyen esas muestras de violencia", ha dicho.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha reproducido lo que ha citado como mensajes de Hasél de contenido misógino o referidos a actos terroristas para señalar que "este es el nuevo ídolo de Unidas Podemos y de Compromís". En esta línea, ha recordado que los únicos que tienen el uso legítimo de la violencia son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por Compromís, Mas ha lamentado "que se nos acuse de alentar la violencia". "Condenamos sin titubeos la violencia y los actos violentos de quienes protagonizan esos destrozos al término de manifestaciones convocadas de forma legal", ha dicho. Además, también ha expresado su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado "que se juegan la vida por protegernos a todos". 

Después, ha señalado que "no comparto lo que canta este señor, pero eso no tiene que ver con que se le meta en prisión por lo que se le ha metido". Por eso, ha defendido que resulta necesaria la derogación de la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal para reforzar el derecho a la libertad de expresión. En esta línea, ha planteado dos enmiendas para poder apoyar la propuesta en esos dos sentidos. Por Unides Podem, Xavier López también ha reafirmado que su formación también "condena la violencia". No obstante, ha considerado necesario "dedicar un tiempo a analizar la proporcionalidad de la respuesta policial". 

Después, ha bajado en el terreno de lo municipal "para incidir en que en Alicante no ha habido ningún altercado" y ha acusado al alcalde de utilizar polémicas para "hacer carrera en el partido". "Le voy a explicar otras formas de violencia que sí se dan en esta ciudad y en la que ustedes no hacen nada", ha dicho, para enumerar varias situaciones que, a su juicio, se ajustarían a esa condición, como el impulso de la ordenanza de convivencia cívica, o el retraso en la concesión de las ayudas de emergencia social, entre otras. 

Barcala, por su parte, ha respondido a López que "precisamente porque existe libertad de expresión usted puede apuntar esa crítica y yo encajarla sin necesidad de quemar contenedores".

Por el PSOE, el edil Manuel Martínez ha considerado que no se podía vincular la protesta de jóvenes en defensa de la libertad de expresión con "una minoría violenta que ha aprovechado esas manifestaciones para ejercer destrozos". "Nos negamos a meter en el mismo saco a esos manifestantes", ha incidido. "Nosotros condenamos siempre esos ataques, pero vemos que ustedes van en el camino que quiere Vox y llegar a los mismos extremos y la ciudadanía no quiere copias, prefiere los originales por muy lamentables que sean", ha señalado.

Barcala ha vuelto a intervenir en el debate para señalar que la decisión "es sencilla, se trata de si la situación de un vulgar delincuente de dudoso carácter artístico es justificativo para poner en el debate la libertad de expresión". "Nos encontramos con estos mártires de pacotilla que no representan nada y sirven de excusa para ocultar lo que es importante, que es que se pueda expresar opiniones de manera libre", ha incidido. "Me avergüenza escuchar algunas de las intervenciones que se han oído aquí para justificar ciertas posiciones", ha dicho.

Tanto PP como Cs han rechazado las enmiendas planteadas por Compromís. Así, en el turno de votación, la declaración institucional ha quedado aprobada por 16 votos a favor (PP, Cs y Vox) y 13 en contra (PSOE, Unides Podem y Compromís). 

Durante la sesión, que se ha prolongado desde las 9:30 hasta las 18:30 con un receso de 45 minutos, también se ha debatido sobre la actividad de los graneles del Puerto o sobre la defensa de la igualdad de género.