ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de manera inicial este jueves, en su sesión ordinaria de octubre celebrada de manera telemática, la ordenanza reguladora del régimen de funcionamiento de las entidades colaboradoras de la administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas: una normativa con la que se pretende que colegios profesionales o asociaciones profesionales puedan supervisar las solicitudes de concesión de licencia para comprobar que cumplen requisitos, antes de que los técnicos municipales diriman si corresponde o no aprobar esas peticiones. La nueva norma ha quedado aprobada con los votos de PP, Cs, PSOE y Vox, mientras que Unides Podem y Compromís se han abstenido, como ya sucedió en la comisión de Urbanismo.
El edil responsable del área, Adrián Santos Pérez (Cs), ha sostenido que la ordenanza responde a la oportunidad contemplada en el decreto autonómico 62/2020 aprobado por la Generalitat "en la línea de la propuesta con la que ya veníamos trabajando desde que asumimos las responsabilidades de gobierno", y ha explicado que permitirá agilizar la tramitación en la concesión de licencias urbanísticas de modo que puedan concederse en un tiempo de entre dos y tres meses. Así, ha defendido que con esta nueva regulación, además de introducir el proceso sancionador en caso de incumplimientos, permite concretar qué requisitos se debe contemplar a la hora de presentar una solicitud, a través de una "cédula de garantía urbanística", sin que se produzcan demoras con la petición de subsanaciones. El edil ha apuntado que cualquier interesado podrá presentar su solicitud tanto en el Ayuntamiento como en alguna de las entidades colaboradoras de la Administración que se inscriban en el registro de la Generalitat.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha secundado la iniciativa al considerar que supondrá una mejora para agilizar la tramitación de la concesión de licencias. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, no obstante, ha apuntado que su grupo se decantaba por una abstención pese a compartir el objetivo de la ordenanza y del decreto autonómico que le da cobertura. "Tenemos dudas por lo que respecta al problema de fondo, que es la falta de personal en la Concejalía de Urbanismo, y tememos que esto sea un parche para tapar esa carencia", ha dicho. Además, también ha advertido que podría consolidarse una doble vía en la tramitación de las solicitudes: los que puedan acudir a una entidad colaboradora y los que tengan que recurrir a la vía ordinaria, presentando sus peticiones ante el Ayuntamiento. Así, ha defendido sus enmiendas a la propuesta.
Esa misma posición ha expuesto la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, quien también ha solicitado respaldo para las cuatro enmiendas presentadas por su grupo. Por su parte, el grupo socialista ha confirmado su voto favorable. La edil Trini Amorós ha explicado que se trata de conseguir "una herramienta que permitiese solucionar el retraso en la concesión de licencias" y ha considerado que, en su opinión, no debe servir para tapar el problema de la falta de personal en Urbanismo. "En esta ordenanza, todo el proceso lo está controlando el ayuntamiento y quien va a marcar el proceso y va a tener la última palabra va a ser la Concejalía de Urbanismo, lo que me da garantías del control público del proceso", ha incidido.
El edil de Urbanismo ha reiterado, en el turno de réplica, que la ordenanza responde a una trasposición de un decreto de la Generalitat "que adoptamos y que hace que el ayuntamiento tenga todo el proceso controlado" y "no una privatización". En todo caso, ha señalado que es un decreto "al que nos sumamos ahora", pero que "llega tarde, puesto que en Madrid se lleva aplicando desde hace diez años".
Con carácter previo, el pleno ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas, en la que se introducen supuestos y novedades de tipo técnico que resultan necesarias para incorporar la nueva regulación acordada por otras administraciones, según ha defendido la edil de Hacienda, Lidia López (PP). Vox se ha abstenido al considerar que podía haberse tratado de introducir bonificaciones. Compromís la ha apoyado pese a que se rechazaron sus enmiendas.
Unides Podem ha mantenido las seis suyas, en las que solicitaba bonificaciones "que se han introducido en otros municipios" para los casos de edificios protegidos, por ejemplo, según ha explicado la edil Vanessa Romero. Esas enmiendas han quedado rechazadas en su totalidad con los votos de PP, Cs y Vox. El PSOE se ha abstenido y Compromís ha votado a favor. Finalmente, la propuesta de modificación presentada por el bipartito ha prosperado con los apoyos de PP, Cs, PSOE y Compromís y las abstenciones de Unides Podem y Vox.
