Los ediles de PP y Vox votan juntos en un momento del pleno de Alicante.ALICANTE. Las consecuencias de la ruptura de los pactos autonómicos suscritos entre Partido Popular (PP) y Vox comienzan a ser perceptibles en el Ayuntamiento de Alicante. Esos efectos se hicieron sentir en el transcurso del pleno ordinario de septiembre celebrado este jueves, en el que los cuatro concejales voxistas hicieron todo lo posible para escenificar su intención de volar solos, libres de toda atadura con el PP. O al menos, de aparentar esa autonomía a pesar de la proximidad ideológica, de las alianzas pasadas y de los pactos que todavía les ligan.
Bastó ver el resultado de las votaciones en las iniciativas sujetas a debate durante la sesión. Los populares perdieron en siete de esas propuestas (además del trámite de admisión por urgencia de una de ellas, sobre la reubicación de los comerciantes de La Explanada) en las que Vox hizo pinza con los tres partidos del eje progresista: PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Y pudieron ser ocho si Compromís no se hubiese decantado por una abstención en la declaración institucional formulada por Vox para instar al PP a realizar un estudio de impacto económico sobre las consecuencias que podría acarrear la aplicación de las restricciones de horarios para los veladores de la hostelería con la entrada en vigor de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública.
Precisamente, esa ordenanza había sido una de las regulaciones que ya motivó el divorcio entre las dos fuerzas del centro-derecha, el pasado mayo, cuando ya tenían un preacuerdo cerrado que se fue al traste a cuenta de la controversia desatada respecto a la inclusión específica de permisos para la instalación de los llamados puntos violeta de atención a las víctimas de agresiones sexuales.
Vox respaldó, este jueves, varias de las propuestas promovidas por la izquierda en algunos de los asuntos más controvertidos de los últimos mandatos, como la prestación del servicio de limpieza viaria, sobre la que los cuatro ediles del partido de Santiago Abascal posibilitaron que vuelva a constituirse una comisión específica para auditar su funcionamiento y plantear propuestas de mejora.
Los voxistas también secundaron la petición de comparecencia del alcalde, Luis Barcala, para que ofreciese explicaciones sobre los expedientes de infracción urbanística tramitados respecto a las obras de construcción de un hospital privado en Vistahermosa Norte, aunque la intervención del primer edil quedó demorada hasta el próximo pleno, como prevé el reglamento del pleno.
Y, al margen de sumar sus votos con la izquierda en su declaración de apoyo a los estudios del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), también respaldaron las tres propuestas de ciudad presentadas por Esquerra Unida Podem relacionadas con la reparación de viviendas municipales en el Vial de los Cipreses, con la solicitud para que el Consell se implante el servicio nocturno del tranvía durante todo el año o para que se facilite un emplazamiento alternativo a los vendedores de La Explanada, antes de que se produzca el vencimiento de su autorización para permanecer en el paseo, el próximo 31 de octubre.
Es cierto que el grupo liderado por Carmen Robledillo también sumó sus votos al PP en su declaración sobre Medicina. Que frenó otro intento para que se pudiese acordar una suspensión de licencias para apartamentos turísticos. Y que evitó la reprobación de la edil de Educación, Mari Carmen de España, aunque sí consideró que el equipo de gobierno debía actuar para mejorar el mantenimiento de los colegios.
Así que, en términos globales, en la segunda sesión plenaria desde que se consumó la salida de Vox del Consell, a finales del pasado julio, los cuatro ediles del partido de Santiago Abascal quisieron poner de manifiesto que no profesan ninguna fidelidad al PP en un intento de desmarque que trataría de evitar que el partido pudiese acabar sufriendo un efecto Ciudadanos (Cs) con su consiguiente retroceso.
En suma, ese reposicionamiento viene a incrementar la presión sobre un PP que gestiona en situación de minoría, con 14 concejales en una corporación de 29 representantes, y que queda abocado a sumar apoyos a derecha o a izquierda. Por lo pronto, sacó adelante la aprobación inicial de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Compromís y, pese a todo, ha vuelto a encontrar la afinidad de Vox para pactar la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE): uno de los caballos de batalla arrastrados por los voxistas desde el pasado mandato con el que se ha conseguido cerrar un texto que no conlleva nuevas restricciones ni sanciones, al margen de las que ya rigen en el Casco Antiguo desde el año 2011.
En todo caso, el problema para el PP es que, en este último tramo de 2024, debe enfrentarse a otras dos votaciones complejas. Despejada la regulación de la ZBE, necesita apoyos para aprobar la revisión de la ordenanza fiscal que regula los importes de los recibos de la basura. Y Vox ya ha avisado que no podrán contar con ellos. Además, acaba de iniciar contactos para poder aprobar los presupuestos de 2025. Y Vox también ha supeditado cualquier posible negociación sobre sus votos a que se dé cumplimiento íntegro al pacto presupuestario que ambos partidos alcanzaron en enero de este año.
Es más, Vox no solo quiere que se cumpla ese acuerdo. Quiere que se reconozca y que se les atribuya todas y cada una de las medidas que se ejecuten a propuesta suya para no perder ni un ápice de visibilidad. De hecho, es una práctica que el PP ha comenzado a poner en marcha, para verbalizar cada iniciativa sugerida por Vox que se convierte en realidad. Pasó con los dispensadores de agua en la vía pública, por ejemplo, a principios de julio. Y sigue pasando en otras iniciativas que se han materializado esta misma semana, como la asignación del nombre de Plaza del Pueblo Gitano o con la compra de vehículos para la Policía Local.
No obstante, los representantes de Vox consideran que todavía queda mucho camino por recorrer en desarrollo de ese pacto y sostienen que no están "nada satisfechos" con su grado de ejecución actual. Así que está por ver cuál puede ser su posición de voto en otra propuesta económica: la tercera modificación de crédito que el PP pretende impulsar en un pleno extraordinario también este mes de octubre por un importe próximo a los 6 millones.
Todo, además, en la antesala de que se celebre el pleno extraordinario sobre el llamado debate del estado de la ciudad, ya fijado para el próximo 14 de octubre. Esa sesión podría convertirse en otro termómetro sobre el momento en el que se encuentran las relaciones entre ambos partidos. Y sobre la posibilidad de que puedan alcanzar nuevos puntos de entendimiento en los menos de tres años que restan de mandato.
