Foto: RAFA MOLINA. LA VILA JOIOSA. El Ayuntamiento de la Vila Joiosa interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el conflicto con el linde de Finestrat. Así lo ha aprobado el gobierno local este jueves a través de una moción a pleno. La decisión se había tomado en la sesión de septiembre de 2022, al no obtener respuesta de la Dirección General de Administración Local de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana cuando se ha acudido a ella para que se pronunciara sobre esta polémica que se alarga durante décadas. Sin embargo, tras el acuerdo plenario de septiembre, esta respondió siete días después al último escrito que llevaba en el departamento desde octubre de 2021. Pero con un resultado insatisfactorio para el Consistorio vilero ya que deniegan la tramitación del expediente.
Según figura en el informe del secretario municipal, firmado el 2 de enero de 2023, el Ayuntamiento reclama en varias solicitudes desde hace décadas que se apruebe el Acta de conformidad de 24 de mayo de 1967 entre Finestrat y la Vila que rectificaba parcialmente el linde vigente desde 1897. De este modo, se le daría carácter oficial a la última versión, aprobada entre las dos corporaciones y que se basaba en una permuta.
Finestrat tenía que ceder a la Vila una superficie triangular pequeña en la parte derecha de la carretera nacional, dirección hacia Benidorm desde el mojón 8 "hoy prácticamente desaparecido" hasta el puente sobre el barranco de la cala. El linde transcurriría por la mitad de la carretera. Por su parte, la Vila cedía la línea que iba desde la esquina del llamado chalet del Belga o de los Arcos hasta la parte de detrás del restaurante Modesto, situado en la misma arena de playa. La esquina coincide en el punto en que el camino que trascurre paralelo al barranco desde la playa, se desvía en oblicuo hacia el interior, menciona el informe.
Sin embargo, desde la Vila insisten en que siguen en un limbo después de que Finestrat no haya remitido el acuerdo plenario de 1967 a la Generalitat, algo que sí que hizo en su día el Consistorio vilero. Su alcalde, Andreu Verdú, aseguró durante el pleno de este jueves que la intención del Ayuntamiento pasa por que se reconozca oficial lo aprobado por las corporaciones anteriores, a las que dijo, les debía respeto. "El que no respeta la permuta es Finestrat", aseguró el socialista, señalando que el municipio vecino estaba concediendo licencias en zonas consideradas de la Vila, como ocurre también con Supercore.
Para rizar más el rizo, en el relato mencionan que el pleno de Finestrat aprobó en 2017 un nuevo acuerdo por el que le declaraban la validez y vigencia al límite marcado en 1897. Pero sobre terreno, desde la Vila aseguran que no está actuando como tal, ya que entonces tendría que dejar de ocupar 145 metros de playa y se "opone a que la Vila ejerza sus competencias en la superficie anexa a la carretera que prometió ceder a cambio". En este sentido, el informe asegura que al no confirmar la cesión, se están viendo perjudicados los vecinos de la Cala que no pueden disponer de una "pavimentación adecuada en las vías de comunicación, ya que Finestrat ante cualquier iniciativa se ampara inexplicablemente en el linde publicado de 1897 que le obliga a dejar de ocupar los 145 metros de playa que indebidamente ocupa".
Por lo que respecta a la respuesta de la Dirección General al que le habían pedido que se pronunciara, el secretario informa que se amparan en que el propio Instituto Geográfico Nacional certificó el desacuerdo por los mojones 8 y 9 así como su inscripción provisional y una geometría que "no tiene aval jurídico". Por lo que le propone a la Vila que solicite un nuevo expediente de deslinde cuya resolución serviría para fijar los límites entre los dos municipios. A pesar de que reconoce de que existe la posibilidad de que el reclamante pudiera actuar contra Finestrat por inactividad por incumplir los acuerdos. "Esta Dirección General no puede concluir un procedimiento de deslinde, iniciado hace más de 50 años con otra legislación, cuando ni tan sólo existía la Generalidad", concluye.
Sin embargo, para el Ayuntamiento hay cuestiones de la resolución que no casan. Por un lado, señalan que deberían de haber pedido un informe a la Diputación de Alicante y un dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. "Por ello se estima que la Dirección General de Administración Local ha adoptado la decisión de desestimar la solicitud sin haber recabado los dos informes que la ley establece como preceptivos y por ello ha omitido trámites esenciales del expediente que pueden suponer una nulidad de pleno derecho", dice la moción llevada a pleno.
A su vez, consideran que la decisión de desestimar la solicitud y no proseguir con la tramitación del expediente la debió tomar el conseller competente. Con todo, afirman que "no se estiman ajustadas a derecho ni la decisión adoptada, ni los motivos en que se fundamenta, ya que además no se han solicitado los informes preceptivos que establece la ley de Régimen Local de la Generalitat Valenciana", por lo que acudirán al TSJCV para buscar una solución.
Una decisión que cuestionó el portavoz del PP, Jaime Lloret, tanteando al gobierno local la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con Finestrat, gobernada con mayoría por el PP, para evitar procesos largos que se pueden derivar del proceso judicial: "Llevamos 55 años esperando", sentenció Verdú a las declaraciones del popular.
