ALICANTE. El antiguo edificio de Sanidad Exterior del Puerto de Alicante queda listo para afrontar una nueva etapa bajo el paraguas de la Conselleria de Justicia. El departamento autonómico que coordina Nuria Martínez ha recepcionado las obras de rehabilitación y transformación del inmueble más de dos años después de que se adjudicase su realización, todavía bajo el mandato del Consell del Botànic.

Esos trabajos quedaron a cargo de la constructora Proyecón Galicia el 22 de mayo de 2023 -a punto de que se cerrase la pasada legislatura- por un importe de más de 1,1 millones (1.168.939 euros) en una de las actuaciones promovidas por la Generalitat a través del Programa de Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep autonómico) que contaba con financiación europea. En concreto, con una aportación de 614.872 euros.

El impulso del proyecto se justificó en la necesidad de acondicionar el inmueble para que pudiese albergar la sede del denominado Instituto Valenciano de la Memoria Democrática (IVMD): el organismo que debía encargarse de promover el desarrollo de la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat. De hecho, las obras se iniciaron con esa finalidad después de que el nuevo Consell compuesto por PP y Vox que surgió de las elecciones autonómicas del 27 de mayo tomara las riendas de la Generalitat, sin que se promoviese una posible resolución del contrato ni una redefinición de objetivos.

No obstante, la derogación de esa Ley y su sustitución por la Ley de Concordia, aprobada en julio de 2024 en desarrollo de uno de los acuerdos alcanzados entre los dos partidos aliados en el nuevo ejecutivo autonómico, sí propició un giro: el IVMD desapareció, lo que forzó a abordar un cambio en la funcionalidad del edificio y en su propia denominación. Ese cambio trascendió el pasado abril, cuando se planteó que el inmueble acogiese la sede de otro organismo análogo al original, pero ajustado a los objetivos de la nueva normativa, bajo la denominación de Unidad Valenciana de Concordia, con el fin de promover los valores democráticos y de convivencia, y de recordar a las víctimas de cualquier tipo de violencia, mediante la organización de las actividades culturales o de divulgación que se consideren oportunas. Para ello, se acordó que el uso del inmueble concesionado por el Puerto dejaría de depender de Presidencia -el área a la que había quedado adscrito- para que quedase al servicio de la Conselleria de Justicia.

Edificio concesionado

Con todo, la finalización del proyecto y la asunción de los trabajos realizados no se ha acompañado todavía de la determinación de una posible fecha para su entrada en funcionamiento. De hecho, lo cierto es que tampoco se ha llegado a despejar de forma definitiva el nuevo uso pretendido para el edificio, toda vez que habría llegado a plantearse la posibilidad de que resultase necesaria la modificación del acuerdo de concesión aprobada por el consejo de administración de Puerto. Ese acuerdo se justificó con el fin de que el edificio acogiese la sede del IVMD, por lo que ahora habría quedado desactualizado y pendiente de una posible revisión.  

Entre tanto, el imueble continúa cerrado desde que se produjese la finalización oficial de sus obras, a mediados de noviembre, sin que se conozcan las condiciones concretas de su destino final ni el momento en el que pueda ponerse en funcionamiento como centro público. De hecho, el proyecto de rehabilitación diseñado por el Botànic contemplaba la posibilidad de que sus instalaciones quedasen a disposición de la ciudadanía con el fin de convertirse en centro divulgativo y espacio de consulta sobre la memoria histórica. Así, se concibió a modo de centro cultural, provisto de una sala para la organización de eventos, exposiciones y conferencias relacionadas con la memoria. Ahora, su futuro permanece entre la incertidumbre dos años y 1,1 millones después.