Vía libre para la norma de convivencia de Alicante entre protestas: la izquierda promete derogarla

ALICANTE. Lega la hora de la llamada Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), aprobará de forma definitiva este martes la controvertida regulación con la que trata de proporcionar una herramienta jurídica a la Policía Local para actuar frente a comportamientos indebidos en la vía pública, según se viene argumentando desde que la propuesta inició su tramitación administrativa, hace ya cerca de dos años. 

¿Qué se entiende por ese tipo de comportamientos? Desde la realización de grafitis, hasta la generación de ruidos, escupir, miccionar, portar el dorso desnudo, la realización de actos vandálicos, jugar con balones en lugares no habilitados para ello o el uso del mobiliario urbano para realizar acrobacias con el monopatín, por ejemplo. Pero también, la mendicidad coercitiva y el ejercicio de la prostitución: dos de los aspectos que han generado mayor rechazo entre colectivos sociales y entidades dedicadas a prestar asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Incluida Cáritas. Todas ellas han venido argumentando que con la norma (puede leer aquí su texto íntegro) se impone un doble castigo a las personas afectadas por la precariedad, por las sanciones con las que se plantea penalizar esos dos comportamientos concretos, con multas de entre 1.500 y 3.000 euros (en el caso de la mendicidad coercitiva) y de entre 750 y 1.500 euros (en el caso de la prostitución). 

Nada permite augurar que las distintas protestas organizadas en 2020 y, de nuevo en 2022, para exigir la retirada de la normativa municipal vaya a modificar los planes del bipartito. Tampoco la celebrada este lunes, que reunió a más de un centenar de personas en la Plaza de la Muntanyeta para instar al equipo de gobierno a rectificar y dejar sin efecto la ordenanza para tratar de consensuar un texto alternativo que no implique la penalización social que atribuyen a la propuesta actual, después de que no se haya aceptado ninguna de las alegaciones presentadas por ese conjunto de entidades (desde la Plataforma contra la Pobreza, hasta los sindicatos CCOO y UGT, entre otras).

Sea como fuere, lo cierto es que la aprobación de la norma no debería ser ninguna sorpresa. Primero, porque figuraba como compromiso en el programa electoral con el que el PP se presentó a las municipales de 2019, cuando se convirtió en la fuerza más votada (aunque a menos de 2.000 votos de diferencia respecto al PSOE). Segundo, porque también quedó contemplada en el acuerdo de gobierno que el PP suscribió con Cs en junio de ese año. Tercero, porque existen otros municipios en los que ya existen otras ordenanzas similares, aunque no exactamente iguales. Cuarto, porque fundamentalmente el PP insiste en que ya se tienen en cuenta mecanismos de asistencia a colectivos desfavorecidos a través del Plan de Inclusión Social. Y quinto, porque -desde el principio- la propuesta ha sumado la complicidad de Vox que, además de considerarla imprescindible, ha venido presionando de manera sistemática al bipartito para que la sacara del cajón en el que quedó guardada durante la negociación del presupuesto de 2021.

Como mínimo, el PSOE consiguió que esa propuesta permaneciese congelada tras el pacto presupuestario negociado con Cs en diciembre de ese año, en lo que podría considerarse como el único logro significativo de aquel acuerdo (al margen de las peticiones que el bipartito ya dio por ejecutadas a través de las previsiones del propio presupuesto). El resto del relato sobre su tramitación ya es conocido: Cs trató de modular el texto mediante la presentación de enmiendas fuera del plazo establecido para hacerlo y (tras su rechazo) las reiteró en forma de alegaciones con el fin de que se reforzase el compromiso de ofrecimiento de asistencia social a las personas en situación de exclusión social. Y, a la postre, las suyas han sido las únicas que, finalmente, se han tenido en consideración.

Así, salvo contratiempo imprevisto, la propuesta quedará aprobada con 16 votos a favor y los 13 votos de PSOE, Unides Podem EU y Compromís en contra, con lo que entrará en vigor en cuanto se produzca su publicación en boletines oficiales. Lo que no está tan claro es el periodo en el que permanecerá en vigor. Por lo pronto, las tres formaciones que conforman el eje progresista en el Ayuntamiento, PSOE, Unides Podem EU y Compromís avanzaron este lunes su compromiso de derogar la ordenanza en el supuesto de que accedan al gobierno municipal tras las elecciones de 2023. Así lo apuntó, en primer lugar el portavoz socialista, Paco Sanguino, al dar a conocer la Proposición No de Ley (PNL) que su partido prevé presentar en les Corts para tratar de "combatir" los efectos de la ordenanza. "El PSOE derogará esta ordenanza de la vergüenza en 2023, como ya lo hicimos en 2015, cuando se revocó la normativa aprobada bajo el mandato de Castedo", aseguró. 

Y en términos similares se pronunciaron sus homólogos de Unides Podem EU y Compromís, Xavier López y Natxo Bellido. "Que no quepa duda de que la anularemos y que, después, entablaremos contactos con todos los sectores sociales a través de los órganos de participación social para evaluar la conveniencia o no de que se regule una ordenanza de convivencia desde la participación", apuntó López. "Lo volveremos a hacer", aseguró Bellido respecto a la anulación del texto previo acordada en 2015. "Entonces trabajaremos en una ordenanza que emane del consenso, que cuente con un auténtico acompañamiento social y que no esté sujeta a los intereses políticos", apostilló.