Afectados por inminentes desahucios junto a representantes de Stop Desahucios y Cambiemos. Foto: APORIHUELA. Varios vecinos de Orihuela denuncian impedimentos para afrontar una situación de emergencia habitacional. Los vecinos, junto a la plataforma Stop Desahucios y el grupo municipal Cambiemos critican que desde Servicios Sociales no están facilitando a afectados por desahucios inminentes el informe de vulnerabilidad con el que negociar la renovación del alquiler social con la entidad bancaria propietaria de las viviendas. La edil de Servicios Sociales, Almudena Baldó, asegura que nunca se ha dejado de atender a una persona que lo necesite.
En dos meses, el 18 de febrero, Mustafa tiene que abandonar su vivienda. La entidad propietaria, señala, se niega a renovar su alquiler social. Consiguió una dación en pago y acordaron un primer alquiler social. El contrato de este alquiler vence en dos meses. La entidad Solvia le ha solicitado el informe de vulnerabilidad. Acudió a Servicios Sociales y con el teléfono móvil mostró dicho requerimiento. Según explica, no le dieron el informe de vulnerabilidad, argumentándole que debía traerlo impreso. Con este informe quiere negociar con la entidad y al tener que volver en otro momento, argumenta, el tiempo para alcanzar un acuerdo se reduce.
Mohamed, vecino de La Zenia, con dos hijos de cuatro y seis años, también se encuentra en situación de emergencia habitacional. La notificación para el desahucio fija la fecha en el 21 de enero. La cita con Servicios Sociales la tiene para nueve días antes. Mohamed firmó un contrato de diez años de alquiler de una vivienda con un propietario privado. Pagó sus mensualidades y arregló y adecentó la vivienda. Transcurridos seis años, la entidad bancaria enajenó la vivienda al propietario. Con esto quedó su situación en un limbo. La entidad, desde ese momento propietaria de la vivienda, se negó, según explica, a mantenerle el alquiler. "Pido que me atiendan mucho antes de la fecha del desahucio" exclama.
Otro de los elementos que denuncian es la dificultad para registrarse como solicitante de una vivienda social. Sanae es madre de tres niños menores. En agosto le notificaron la orden de desahucio para el 30 de septiembre. Tuvo que entregar también la vivienda en dación en pago. Acordó con la entidad bancaria un alquiler social, renovó. Afirma que la entidad no quiere renovar el alquiler otra vez. Su opción pasa por solicitar una vivienda pública en régimen de alquiler social, pero señala que desde Servicios Sociales no la han atendido y le han derivado a que lo tramite a través de un número de teléfono. "Solo quiero que nos atiendan, que nos escuchen" concluye.
Desde la Plataforma Stop Desahucios, José Andrés Berna, señala que el hecho de que no entreguen los informes de vulnerabilidad "es un grave impedimento". Ese informe, añade, "es muy importante para reunir los requisitos para que la renovación del alquiler social sea posible". "A veces mandan el informe por correo electrónico al banco, pero se ha visto que cuando no tienen [entidades bancarias] predisposición, no podemos contar con esa herramienta para ir a negociar y se pueda impedir el desahucio" manifiesta.
María Sandoval, concejala de Cambiemos, presente en el acto de denuncia ante la prensa, señalaba que "Servicios Sociales está negando derechos a quienes vienen a solicitar ayuda al no permitirles darles los informes de vulnerabilidad". Añadía que "Servicios Sociales se tiene que adecuar a los nuevos derechos que cada vez se van conquistando, no están a la altura de las necesidades de la gente". Su crítica, enfatiza, no se dirige al funcionariado sino a quienes da las órdenes. Desde hace tiempo, el grupo municipal viene reclamando la creación de una concejalía de vivienda, "que atienda las demandas hipotecarias de los vulnerables y acorde con lo que la población está demandando".
La edil de Servicios Sociales, Almudena Baldó, afirma con rotundidad que "desde Servicios Sociales no dejamos de atender a ninguna persona que viene a pedirnos informe de vulnerabilidad". Explica que esos informes se elaboran o bien cuando llegan a través del juzgado "y somos nosotros los que nos ponemos en contacto con las familias" o son los propios afectados los que se dirigen a las oficinas y muestran su situación y aportan los documentos. En cuanto al registro para una vivienda pública, señala que su competencia es la de gestionar ayudas de emergencia social y la solicitud para una vivienda pública, señala, es competencia de la conselleria.
Según el Servicio de Emergencia Habitacional y Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda y la Segregación Urbana, Orihuela tiene 78 solicitudes de registro de demandantes de vivienda pública. El último informe señala que Orihuela suma 29 viviendas sin adjudicar, pendientes de rehabilitación, y pertenecientes al parque de vivienda pública de la Generalitat. Según el informe de Áreas con Necesidad de Vivienda, Orihuela se sitúa en emergencia baja. Esta la fija tras tener en cuenta el número de hogares en todo el municipio, la oferta disponible de vivienda pública y el número de solicitantes.
