Vista de la terminal de mercancías del Puerto de Alicante, en la que se plantea la construcción de los depósitos de XC Business 90.ALICANTE. Habrá bloque político unitario, sin votos en contra, frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central por una supuesta vulneración de competencias estatales respecto a la modificación de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) aprobada por la Generalitat, que delimita una distancia mínima de un kilómetro respecto a núcleo habitado para la instalación de depósitos de carburantes, lo que dificultaría el desarrollo de la planta de almacenaje promovida por XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante.
Por lo pronto, la declaración institucional conjunta registrada por Unides Podem EU y PSOE para su debate en el pleno ordinario de noviembre ha sumado las adhesiones de Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y Compromís, según han informado portavoces de Unides Podem EU, como partido que impulsó inicialmente la iniciativa. "Unides Podem anunció esta semana su intención de llevar al próximo pleno una declaración institucional acordada con todos los grupos con representación municipal ante la decisión del Gobierno Central de recurrir al Constitucional la enmienda legislativa a la (LOTUP), destinada a garantizar una mayor seguridad de la ciudadanía de los barrios del sur de la ciudad respecto a las actividades del Puerto", han apuntado portavoces de la confluencia, a través de un comunicado.
Así, la nota pública señala que el grupo socialista fue el primero en mostrar su apoyo a la iniciativa a través de la portavoz adjunta, Trini Amorós, quien afirmó que "lucharemos codo con codo con los vecinos para que el Gobierno central rectifique y retire el recurso presentado contra la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad". Además, según Unides Podem, ahora se suman también a la declaración los grupos políticos que conforman el equipo de gobierno, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), a los que se añade el respaldo de Compromís.
Como afirma la propia iniciativa, "resulta imprescindible un posicionamiento unitario desde el Ayuntamiento de Alicante para frenar la incoherencia del gobierno central y que todas las instituciones, local, autonómica o estatal, colaboremos en el cambio de modelo hacia a la descarbonización de la economía protegiendo, en cualquier caso, las zonas residenciales de instalaciones con sustancias peligrosas".
No obstante, en esa unidad política e institucional no figurará Vox. Al menos, no de forma expresa. Su portavoz municipal, Mario Ortolá, ha anticipado su voto de abstención al apuntar que "no podemos adherirnos a esa declaración porque viene de Unides Podem y porque únicamente habla de la descarbonización y de la emergencia climática con la que no estamos de acuerdo", ha incidido. "Nosotros en lo único que estamos de acuerdo es en velar por la seguridad de los ciudadanos, por lo que no votaremos en contra, así que nos abstendremos", ha señalado.
En cualquier caso, el portavoz municipal de Unides Podem EUPV, Xavier López, ha mostrado su satisfacción "respecto a la decisión del bipartito" y ha asegurado que "es imprescindible la búsqueda de acuerdos en asuntos tan importantes para el futuro de Alicante. El diálogo sobre la integración del Puerto en el proyecto de ciudad es la única garantía para que se respete la salud y los derechos de las personas que viven en los barrios afectados por las actividades portuarias", ha subrayado.
Por último, López ha criticado "el posicionamiento de la ultraderecha, por ceder ante la presión de las grandes industrias e inclinarse por los intereses económicos sobre la vida de las personas que residen en Alicante y les anima a dejar de lado sus posiciones extremistas y velar por el interés general de la ciudad", según concluye el comunicado.
Como viene informando este diario, la Generalitat también ha anunciado ya su oposición a ese recurso de inconstitucionalidad, con el que se ha acordado de forma automática la suspensión de la modificación legislativa hasta que el Tribunal Constitucional (TC) decida si la ratifica o si la mantiene, en un plazo máximo de seis meses, mientras dirime el fondo del recurso.
