Sit Down renueva la contrata de las sillas de Alicante por 3 millones: el 'caso Isjoma', a juicio

ALICANTE. La empresa radicada en Benigánim (Valencia) Sit Down MM renueva como concesionaria del servicio de montaje de infraestructuras de actos festivos, culturales y deportivos de Alicante -la conocida como contrata de las sillas- al frente de una UTE que completan otras dos compañías: Huracains Indumentaria y García Martín y Asociados Asesoramiento Organización Empresarial. La suya fue la única oferta que concurrió al concurso convocado el pasado mes de abril, con lo que acaba de resultar adjudicataria del contrato después de haber superado todos los filtros técnicos y administrativos requeridos.

La UTE asumirá, así, la tarea de montaje y adecuación de escenarios para el desarrollo de eventos musicales o relacionados con la celebración de fiestas que dependen del Ayuntamiento durante los próximos cuatro años, tras plantear un precio de poco más de tres millones (3.008.840), según el acuerdo ratificado este martes en Junta de Gobierno. Con esa decisión, Sit Down MM seguirá ligada a la prestación hasta 2026, después de haber venido desempeñándola de manera efectiva desde junio de 2018.

La mercantil se convirtió entonces en adjudicataria del servicio tras formar alianza junto a otras dos firmas: APQ Stage Iberica y Fiestas Infantiles Pequeñín. Ese contrato inicial, de dos años de duración, quedó prorrogado por otros dos en 2020, en función de lo previsto en el pliego de condiciones del concurso. Y ahora queda comprometido por ese plazo global de cuatro años justo con un precio que supera el doble del gasto de ese contrato precedente: pasa de 1,165 a 3 millones.

En aquella licitación precedente, la UTE liderada por Sit Down MM tuvo que superar el recurso presentado por un segundo licitador (Montajes Alavés) ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que ya se quedó a las puertas de convertirse en adjudicataria de los últimos contratos precedentes sobre el mismo servicio, que se concedieron a la empresa Isjoma (hoy extinguida). 

De hecho, los responsables de Montajes Alavés acabaron alertando de la existencia de presuntas anomalías en la resolución del concurso convocado en 2009 mediante el traslado de una denuncia en Fiscalía que derivó en una prolija instrucción judicial, envuelta en recursos y contrarrecursos, que se extendió hasta el contrato de 2003 y que ahora se encuentra a las puertas de la celebración de juicio. 

Tanto es así que está previsto que la vista arranque el próximo 19 de septiembre en la Audiencia de Alicante con el planteamiento de las cuestiones previas. El proceso se dirige contra el titular de la empresa Isjoma y contra dos exconcejales de la etapa de gobierno de la exalcaldesa Sonia Castedo, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, además de tres operarios municipales del momento.

Concatenación de encargos

Como informó este diario, en la causa se dirime si existió un fraccionamiento de pagos con la concatenación de varios encargos menores relacionados con montajes de escenarios, que se produjeron al margen del contrato global en vigor que ya había sido adjudicado a Isjoma en 2003 (entonces, aún bajo la alcaldía de Luis Díaz Alperi). Además, debe esclarecerse si en esos encargos se alteraron precios por un importe superior al de mercado para obtener un beneficio mayor, tanto a partir de ese año, en la ejecución de ese primer contrato, como en la adjudicación del contrato posterior, ya a partir de 2009, también bajo sospecha.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Llorens una pena de tres años de prisión al considerarlo responsable de un delito de prevaricación. Para Zaragoza, pide un año de privación de libertad por ese mismo delito. Para el exjefe del Servicio de Infraestructuras, tres años de prisión, y para el jefe de Talleres, dos años de cárcel. Por último, para el responsable de Isjoma, solicita un año y seis meses de internamiento. Por su parte, la acusación particular ejercida por la empresa Montajes Alavés -la empresa que denunció los hechos al considerarse perjudicada en la adjudicación- solicita cuatro años de prisión para Llorens y dos para Zaragoza.