MARINA BAIXA. La Sindicatura de Comptes ha analizado la fiscalización de control interno de los ayuntamientos de la Comunitat para el ejercicio de 2021 de municipios de entre 20.000 y 30.000 habitantes. El informe de conclusiones publicado extrae el detalle de 16 poblaciones entre las que se encuentran dos de la comarca de la Marina Baixa: l'Alfàs del Pi y Altea. Un documento que revela las incidencias más significativas vistas por el departamento de Intervención de los consistorios mencionados, como son los acuerdos aprobados a pesar de tener reparos o la falta de personal en este área.
A grandes rasgos, la Sindicatura señala que en 2021 hubo 187 entidades que comunicaron la adopción de 6.470 acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe total asociado de 300 millones de euros. Mutxamel y Altea remitieron la mayoría de ellos, un 56,5% entre ambos. Les siguen en importancia los ayuntamientos de La Pobla de Vallbona, Moncada, Aspe y Bétera. Respecto al importe de los acuerdos, destacan Aspe, Bétera y La Pobla de Vallbona.
En el caso de Altea, adoptaron 148 decisiones contrarias a reparos, con una repercusión de 925.637 euros. En un análisis de 18 reconocimientos extrajudiciales de créditos por valor de 613.503 euros, "los reparos alcanzan a gastos por importe de 189.248 euros". A continuación, el informe señala cuáles fueron las incidencias, destacando que el objeto "ha sido fraccionado mediante una sucesión de contratos menores" o que no consta que ampare la realización de los gastos. Preguntada sobre este asunto, la concejal de Hacienda, Xelo González, defendió que en todos aquellos contratos menores que se aprueban se piden tres presupuestos a empresas diferentes que tienen que ver con este área, y como es habitual en estos procedimientos, se coge la oferta más ventajosa para el Consistorio. De este modo indicó que en estos casos en concreto, son servicios que se realizan casi todos los años y debería salir a licitación.
En el informe, el área de Intervención también avisa de que no hay un decreto de designación de prestación del servicio realizado. Además, indican que en algunos casos se rompe el principio de temporalidad presupuestaria, "al haber facturas correspondientes a servicios y suministros facturados en ejercicios anteriores y subvenciones imputables al ejercicio 2019". Por último, entre las motivaciones de los reparos habla de que el servicio o suministro excede el importe del contrato adjudicado. Al mismo tiempo, el interventor recuerda que "el reconocimiento extrajudicial de crédito debe ser un procedimiento excepcional del abono de facturas".
En cuanto a la estructura de Intervención, el puesto de habilitado nacional está provisto por un nombramiento interino desde el 22 de enero de 2021. Así, este departamento ha manifestado que considera insuficientes los medios personales y materiales con los que está dotado, aunque no se ha trasladado al pleno. Una circunstancia que ocurre de igual manera en el Ayuntamiento de l'Alfàs, aunque en esta ocasión sí que se ha ha dado cuenta de ello al órgano municipal.
En este caso, en sus conclusiones generales, la Sindicatura alerta de la necesidad de que se establezcan las medidas oportunas para "asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva".
Por lo que respecta al Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, recogen que el puesto de interventor estaba provisto por nombramiento accidental desde marzo de 2020, al tiempo que éste se encontraba en comisión de servicios en otro consistorio.
En cuanto a los reparos, l'Alfàs solo ha comunicado uno, por importe de 654.795 euros mediante un reconocimiento extrajudicial de créditos de obligaciones de ejercicios anteriores. Una cuantía que se tiene que abonar porque, a pesar de que se hizo sin consignación presupuestaria, el serivicio se realizó y de lo contrario derivaría en un "enriquecimiento injusto".
Con todo, la Sindicatura recomienda en sus conclusiones a nivel general, entre otras cuestiones, que no se considere adecuado la aprobación de acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos como algo habitual. Tampoco "la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención en los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial".
