Una de las últimas concentraciones de protesta contra el ruido organizadas por los vecinos del Casco Antiguo de Alicante.ALICANTE. Una nueva resolución emitida por la Sindicatura de Greuges, en respuesta a la queja presentada por representantes de la asociación de vecinos Laderas del Benacantil, insta al equipo de gobierno de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), a adoptar medidas para evitar el exceso de ruido asociado a la concentración de locales de ocio y restauración en el Casco Antiguo.
En concreto, el defensor del pueblo valenciano marca el camino a emprender para erradicar el conflicto que impide el descanso de los vecinos al señalar expresamente que se debe acelerar "la adopción de todas las medidas inspectoras, preventivas y sancionadoras, que sean necesarias para eliminar la contaminación acústica existente en la zona del Casco Antiguo, que está afectando a los derechos de los vecinos a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.1 de la Constitución), la protección de la salud (art. 43), a un medio ambiente adecuado (art. 45) y a una vivienda digna (art. 47)".
Pero no solo eso. En esa misma resolución, se conmina al bipartito a valorar "la posibilidad de declarar Zona Acústicamente Saturada la zona del Casco Antiguo" al estimar acreditada la existencia del conflicto "a la vista del número de establecimientos y de las mediciones de ruido realizadas" que habrían detallado los residentes del barrio al registrar su queja. Todo, al margen de incidir -en ese mismo trámite de presentación- sobre "la antigüedad de muchas licencias de establecimientos" con lo que no podrían exigirse "medidas de insonorización", según concreta la Sindicatura, en alusión a los argumentos expuestos por los vecinos al solicitar su amparo.
La resolución en la que la Sindicatura formula dichas recomendaciones para atajar el problema fue comunicada al Ayuntamiento el pasado 23 de marzo. Y en ella se incluía, además, otro requerimiento adicional que entonces tenía vigencia, pero que ahora habría quedado como mínimo parcialmente invalidado. En concreto, se conminaba al equipo de gobierno a actualizar la ordenanza municipal de protección acústica, en vigor desde 1991, a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, y su desarrollo reglamentario. No obstante, se da la circunstancia de que ese trámite ya habría quedado superado, ya que el pleno de la corporación aprobó de forma inicial (todavía sujeta a alegaciones y aprobación definitiva) la modificación de esa normativa reguladora durante el desarrollo del pleno de abril, como informó este diario.
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Sea como fuere, lo cierto es que, a la vista de la resolución, el Ayuntamiento no habría dado traslado de esa actualización hasta ahora. Tanto es así que el propio informe de la Sindicatura con el que se da por cerrado el expediente de queja, fechado el 7 de mayo, subraya que la administración local no habría emitido ninguna respuesta ante su escrito previo de recomendaciones. De hecho, señala expresamente que "hasta el momento, el Ayuntamiento de Alicante no ha manifestado su posicionamiento respecto de las consideraciones contenidas en la citada resolución", en alusión al informe remitido en marzo, "por lo que debemos dejar constancia de la falta de respuesta de éste a las recomendaciones y recordatorios de deberes legales emitidos por esta institución en la resolución de referencia".
Así, recalca que "llegados a este punto se hace evidente que desde el Ayuntamiento de Alicante no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic contenidas en la Resolución de consideraciones de 23/03/2023. Ese comportamiento ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja", concluye.
Con todo, lo cierto es que sí se habría dado al menos un primer paso con el que se pretendería avanzar en la declaración de la ZAS que plantea la Sindicatura. Se trata de la constitución de una comisión específica encargada de impulsar la elaboración de un Plan Zonal de Ruido que permita precisar el censo de establecimientos existentes en el barrio, así como las mediciones captadas a partir de la red de sonómetros municipales o de otros informes de medición.
Dicho órgano de representación política celebró su primera reunión constitutiva la semana pasada, en la que se concertó que se desarrollaría una segunda reunión de trabajo este miércoles con la aportación de los primeros informes técnicos. A priori, ese trabajo debería servir de base para elaborar ese Plan Zonal de Ruido y concretar si procede acordar la declaración de una Zona de Protección Especial de Ruido o una Zona Acústica Saturada, en función de las distintas posibilidades contempladas en la actualización de la ordenanza.
