El PSPV recula por sorpresa y mantiene intactas las multas a las empresas turísticas que vulneren la ley

VALÈNCIA. PSPV, Compromís y Unides Podem no modificarán finalmente las multas que contempla la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad para todas aquellas empresas turísticas que incumplan la normativa. Una reforma que habían impulsado los socialistas a través de la Ley de Acompañamiento de 2023 y que finalmente han decidido retirar del propio articulado por la polémica que suscitaba el cambio. 

La retirada, sin embargo, no se produjo este jueves, último día para negociar las enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales del próximo año, sino que se retiró mucho antes. En concreto, antes de que el proyecto de ley llegase a la mesa del pleno del Consell y sin que fuese pactada la retirada previamente entre los socios. 

La polémica comenzó hace ya un par de meses, con una modificación inicial de la ley propuesta por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Su departamento sacó a información pública una reforma de la citada normativa en la que planteaba rebajar hasta un 70% las multas por infracciones graves a compañías turísticas. 

La cartera gestionada por el socialista buscaba que la penalización máxima por multas graves fuera de 30.000 euros, cuando la norma la fijaba en 100.000. También planteaba que el mínimo a pagar por una multa grave pasara de 10.001 euros a 5.001; es decir, la mitad. Y en el caso de las infracciones muy graves, bajar el máximo de 600.000 a 300.000 euros, lo que implicaba reducirlas en un 50%. 

Desde Turisme, los socialistas expusieron que la Comunitat Valenciana tenía las sanciones más altas en materia turística de todas las comunidades autónomas y por ello se decidieron a bajar los importes requeridos, dado que muchos eran inasumibles para las compañías. Una circunstancia que para los socios del Botànic era inasumible. De hecho, el escenario no agradó a Compromís y Unides Podem, que advirtieron que presentarían alegaciones. 

El cambio planteado resultaba especialmente significativo por lo que suponía y los supuestos a los que hubiera afectado: entre las infracciones muy graves se encuentran, por ejemplo, que las empresas incumplan "los derechos reconocidos a los trabajadores y trabajadoras de las empresas turísticas y de los prestadores de servicios turísticos por parte de las mismas y falten garantías de un empleo digno y de calidad", u obstruyan "la labor de la inspección". También que ejerzan "cualquier acción que intencionadamente suponga la discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, religión o convicciones, lengua, opinión, discapacidad o diversidad funcional, edad, indumentaria o cualquier otra condición o circunstancia personal o social y no constituya una infracción penal".

También cambiarían las multas por infracciones graves. Entre ellas, por ejemplo, negarse "a expedir factura de cobro de los servicios consumidos a solicitud de la clientela"; obstruir "la labor de la inspección de turismo en el ejercicio de sus funciones, o no atender los requerimientos formulados durante la inspección"; negarse a "facilitar a la Administración cualquier información relativa a la actividad turística desarrollada"; incluso incumplir la normativa en materia de prevención de incendios, seguridad, salud e higiene; o que las compañías emitan "publicidad falsa o que induzca a engaño".

Alegaciones de Compromís y UP

Ante este planteamiento del PSPV, Compromís registró alegaciones en las que consideraba inasumible rebajar los porcentajes como planteaba Colomer: "Uno de los principios del derecho sancionador es que no puede ser más favorable la sanción que el cumplimiento de la norma infringida. En un contexto de cifras históricas de facturación del sector turístico, sector económico que regula la presente ley, más una inflación también en niveles históricos superior al 10%, la reducción de las sanciones que propone la propuesta en un 50% o, en algún caso, en un porcentaje superior, resulta contraria al mencionado principio".  

Desde Unides Podem, el diputado Ferran Martínez reconoció que se estaba "hablando de cuestiones muy delicadas que afectan a la salud y seguridad de las personas, derechos laborales, intrusismo o actividades ilegales". "Pensar que revisar la cuantía de las sanciones sea una prioridad para el Botànic es extraño, y más bien deberíamos estudiar si el funcionamiento de la inspección está siendo totalmente eficaz a la hora de prevenir y corregir comportamientos que no son conformes a la ley", consideró. 

El cambio finalmente pactado

Así, tras varias jornadas de negociaciones en el Consell, las tres patas del Gobierno acordaron los siguientes cambios: se rebajarían las multas leves y graves, pero también de las muy graves. La sanción máxima en el primer caso quedaría en 5.000 euros, de manera que el siguiente tramo también se vería alterado: el mínimo sería de 5.001 euros y el máximo de 60.000 euros, lo que suponía una rebaja del 40% respecto a cómo se encontraba proyectada la ley actual. De nuevo, con este nuevo margen, la horquilla de las multas muy graves también se veía alterada, pues aunque la cuantía máxima se mantendría en 600.000 euros, la mínima bajaba de 100.000 a 60.001 euros.

Sin embargo, a pesar de todas las negociaciones y quebraderos de cabeza que trajo este cambio instigado por los socialistas, finalmente esta parte de la ley ha sido retirada. Desde el Consell, el PSPV reconoce que al no ser una cuestión que generase consenso desde el principio era preferible renunciar a ella. Compromís, por su parte, muestra su sorpresa, pues tras haber mantenido innumerables reuniones con sus socios de Gobierno y haber alcanzado un acuerdo, daban por hecho que esta estaba incluida en el proyecto de ley que aprobaron el pasado 4 de noviembre.

Sin embargo, como si fuera por arte de magia, esta ha desaparecido del texto. Algo a lo que tan solo encuentran una explicación: que desde Hacienda se retirara antes de que pasara por el pleno del Consell, dado que el texto registrado en Les Corts ya no incluye esta reforma. Un desenlace sobre el que Compromís no pondrá el grito en el cielo porque desde el principio prefirieron que la norma se mantuviera como se encuentra ahora mismo en vigor, sin rebaja de sanciones, pero sí que cuestionan las formas empleadas por los socios. Reconocen que en el pleno del Consell no revisaron el texto íntegro de Acompañamiento porque estaba todo pactado desde la noche anterior y esta era una reforma en la que los socialistas tenían mayor interés. Aunque sea por sorpresa, las multas permanecerán intactas.