La edil de Educación de Alicante, Julia Llopis, en una de las escuelas infantiles de la ciudad.ALICANTE. Nueva sesión de la junta del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Alicante con polémica política, a partir de la propuesta incluida en el orden del día por la se planteaba la elaboración de un informe jurídico sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra la edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, por sus comentarios sobre la calidad de la comida servida en las dos escuelas de titularidad municipal. Tanto el PSOE como Unides Podem EU han reaccionado frente a esa propuesta para recriminar la "extorsión" que, a su juicio, habría promovido el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, respecto a una edil en el ejercicio de su función de fiscalización política.
En primer término, el grupo municipal del PSOE ha denunciado, a través de un comunicado, que el alcalde, Luis Barcala, "es el responsable del mayor ataque contra nuestras escuelas infantiles desde su creación. No se puede consentir este ejercicio de matonismo de pretender sancionar a una representante pública, en este caso a una concejala de la oposición, por hacer su trabajo con mayor o menor fortuna y verter comentarios sobre la actual situación de las Escuelas Infantiles", han apuntado fuentes del partido, a través de un comunicado. "Responsabilizamos directamente al alcalde de este comportamiento anti democrático y caciquil", ha declarado el portavoz municipal, Miguel Millana.
El comunicado añade que el PSOE ya denunció el año pasado "el duro golpe que había asestado la edil Llopis a la continuidad de las mismas, ya que valiéndose de su voto de calidad, había aprobado la modificación de estatutos de las Escuelas Infantiles en contra de la representación de las mismas". De este modo, según el PSOE, "se quitó de encima a las directoras de los centros que llevaban décadas haciendo una magnífica labor porque le son incómodas en sus reivindicaciones de una escuela municipal de calidad", ha indicado la concejala Llanos Cano.
Según el PSOE, "no contento con lo anterior, Barcala, a través de su concejala delegada, eliminó el requisito de pertenencia a centros públicos de la representación de las federaciones mayoritarias de madres y padres y eliminó de la composición del Patronato a los trabajadores y trabajadoras de les escuelas y a las AMPAS de los centros, eliminando cualquier atisbo de resistencia contra el ordeno y mando instaurado por el alcalde".
Con todo, para el PSOE, "la gota que ha colmado el vaso es que en la sesión anterior del Patronato, uno de los nuevos componentes del Consejo Rector, designado por la señora Llopis, hizo un ruego para que se pidiese un informe jurídico sobre el comportamiento de la compañera de corporación, la señora Romero, lo que a nuestro juicio es un intento de amedrentar a una componente de la oposición".
Por su parte, el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha considerado que "la edil de Acción Social, Julia Llopis, ha tratado de utilizar la reunión del Patronato para iniciar una persecución contra mi compañera, Vanessa Romero". "Este tipo de persecuciones judiciales es la tónica general de la ultraderecha en el ámbito estatal", según ha sostenido. Además, ha recriminado que Llopis pretenda utilizar fondos públicos "para atacar a una concejala de Podemos, en lugar de usar ese dinero para mejorar la alimentación de las escuelas infantiles, o para construir nuevas escuelas infantiles o para adecentar las instalaciones de las dos que existen en la actualidad".
En todo caso, ha incidido en que "Vanessa Romero tiene el apoyo de nuestra organización" y ha señalado que "Llopis no nos va a amedrentar". "Vamos a exigir que, en lugar de estar insultando a los vecinos, cada vez que se han movilizado contra sus políticas antisociales, que se dedique a trabajar para dignificar las condiciones de vida de la gente, y si no, que dimita", ha concluido.
