La portavoz municipal del PSOE y la portavoz adjunta, Ana Barceló y Trini Amorós, tras presentar su denuncia, en imagen de archivo.ALICANTE. Trámite formalizado, con ampliación de información. La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, y la portavoz adjunta, Trini Amorós, han ratificado este miércoles la denuncia por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionada con la adscripción de uso a la Agencia Local de Desarrollo de la planta baja del edificio del antiguo parque de bomberos de la calle Italia con el fin de conveniar su cesión a Aguas de Alicante para la instalación del Centro de Inteligencia del Agua (CIA), en el marco de la estrategia municipal de diversificación y digitalización de la economía local, Alicante Futura.
Las dos representantes del PSOE, que registraron su denuncia en Fiscalía el pasado mes de octubre, se han ratificado en el contenido de ese escrito, en el que solicitaban que se incoasen las averiguaciones oportunas para esclarecer si ese acuerdo de adscripción, y el posterior inicio de las obras del CIA, podían ser constitutivos de una infracción urbanística que conllevasen la comisión de un delito de prevaricación administrativa en la medida en que la parcela en la que se encuadra ese edificio público municipal está calificada como suelo dotacional docente (y, por tanto, estaba destinada a la construcción de un colegio, un instituto o cualquier otro tipo de centro educativo), y no para el uso administrativo que se pretendería.
De hecho, en esa denuncia se detallaba que la propia Concejalía de Urbanismo había informado previamente en contra de la posibilidad de que se concediese licencia de obra a Aguas de Alicante para iniciar la adaptación del inmueble al tratarse de un uso no compatible con las determinaciones previstas por el PGOU en vigor para esa parcela en concreto. Esa decisión llevó a Aguas de Alicante a desistir de su solicitud de licencia, lo que conllevó que se optase por un procedimiento distinto: la adscripción del edificio a la Agencia de Desarrollo Local para que se regulase su cesión a Aguas a través de un convenio.
Por lo pronto, las dos representantes del PSOE se han ajustado este miércoles a confirmar el contenido de su escrito de denuncia ante el fiscal Anticorrupción, en una comparecencia que se ha prolongado aproximadamente durante una hora, en la que se habría aportado documentación adicional relacionada con el expediente de adscripción de ese inmueble, según fuentes consultadas.
En principio, la Fiscalía prevé proseguir con las diligencias de investigación previas para tratar de desentrañar si pudo existir algún tipo de anomalía en las decisiones adoptadas por los representantes del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). Con todo, por el momento no ha trascendido que se haya planteado ninguna solicitud de información concreta, ni que se haya procedido a solicitar declaraciones adicionales.
Hasta ahora, distintos representantes del PP han defendido la corrección del procedimiento. En primer término, la edil de Empleo y responsable de la Agencia de Desarrollo, Mari Carmen de España, arguyó -después de que el PSOE solicitase la paralización de las obras de adaptación del edificio- que las propias determinaciones del PGOU amparaban la posibilidad de que se diese un uso provisional distinto a una parcela, en una actuación promovida por el propio Ayuntamiento, con la condición de que se materializase la modificación de planeamiento para ajustar ese cambio en un plazo máximo de cinco años. En esta línea, el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, también avaló los acuerdos adoptados este mismo martes.
