ALICANTE. El nuevo Decreto Ley con el que el Consell pretende poner orden en la regulación de la vivienda de uso turístico -que se pretende presentar en un acto público con la intervención del president, Carlos Mazón, este próximo jueves, 1 de agosto- no ha estado exento de un proceso de participación previo en el que la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha dado cabida a todas las asociaciones empresariales del sector para que formulasen las sugerencias y aportaciones que considerasen necesarias. Y, según fuentes consultadas, habrían sido numerosas con el fin de conseguir un texto que, sobre todo, les procurase seguridad jurídica.
En esta línea, la petición fundamental que se habría trasladado en el seno de la comisión negociadora creada al efecto tiene que ver con la ausencia de retroactividad. En concreto, el sector habría solicitado de forma expresa que los nuevos requisitos delimitados en los anexos de ese Decreto Ley en cuanto a condiciones de habitabilidad y prestaciones a proporcionar por los inmuebles destinados al alquiler turístico de corta estancia no se apliquen a los pisos reglados que estén inscritos en el registro autonómico antes de 2018.
¿De qué particularidades específicas se trata? Básicamente los principales -cuyo cumplimiento entrañaría una mayor complejidad-, serían la determinación de superficies mínimas para cada estancia, la exigencia de que todas las habitaciones incorporen armarios, que se cuente con equipos de climatización (de calefacción y de refrigeración), que se garantice que el funcionamiento de la vivienda depende solo de suministro eléctrico, sin posibilidad de contar con gas butano, o de que se disponga de ascensor en pisos situados a partir de una cuarta planta.
Ese listado se completaría con otras condiciones de algún modo más asequibles para el titular de toda vivienda turística, como el hecho de que se cuente con conexión a internet, una televisión conectada a la red, o servicios de limpieza y cambio de lencería, además de la incorporación de un menaje mínimo en utensilios de cocina, por ejemplo.
La posición de las asociaciones empresariales del sector al respecto es tajante: consideran que no se puede exigir el cumplimiento de nuevas reglas del juego a los titulares de viviendas que sí cumplían las que existían hasta 2018, cuando entró en vigor la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, y los sucesivos reglamentos que se han desarrollado desde entonces.
Es más, algunas de las asociaciones han planteado que tampoco se exija a esas viviendas de uso turístico preexistentes la necesidad de renovar cada cinco años la presentación de una nueva declaración responsable (acompañada de todos las exigencias que se incorporan ahora en ese documento) como se establece al menos en el texto de uno de los últimos borradores de ese Decreto Ley compartidos con el sector.
Las asociaciones de empresarios consideran que esa regulación traslada un exceso de carga administrativa al administrado y que no puede exigirse ahora al que sí se ha adaptado a la normativa en vigor que se rija por exigencias nuevas, surgidas al calor del debate social generado en torno a una supuesta masificación turística o a la responsabilidad que se atribuiría a los pisos turísticos en el incremento de precios de la vivienda. Sobre todo, según recalcan fuentes consultadas, porque cerca del 52% de las viviendas de uso turístico inscritas en el registro autonómico se dieron de alta antes de 2018, con lo que no podrían quedar ahora fuera de normativa.
Además, las asociaciones del sector apuntaron otras tres peticiones centrales. Primero, que las medidas previstas en ese nuevo Decreto Ley no tuviese en cuenta a las viviendas de uso turístico en bloque toda vez que supondría un lastre para el desarrollo de próximas inversiones para la creación de nuevos proyectos, en los que los empresarios ya deben asumir desembolsos notables para rehabilitar y acondicionar edificios preexistentes. Segundo, que no solo se pusiese el foco en la vivienda de uso turístico señalándola como teórico único factor generador de un problema de masificación, sino que también se regulase el conjunto de la oferta alojativa, incluidos los hoteles. Y tercero, que se elaborase un informe de impacto económico sobre la repercusión que conllevaría la nueva regulación.
A priori, fuentes del sector consultadas precisaron que los responsables del departamento autonómico de Innovación habrían adquirido el compromiso de asumir la mayoría de esas aportaciones y que, de hecho, se habrían negociado y dialogado en la comisión mixta creada al efecto. Por el momento, la conselleria emplaza a la presentación del texto definitivo sin dar a conocer ningún avance adicional a las manifestaciones ya formuladas por su titular en sus últimas comparecencias públicas.
En todo caso, lo cierto es que el Decreto Ley deja al margen a los bloques turísticos, cuya regulación queda delimitada a través del Decreto Ley 7/2024 de Simplificación Administrativa de la Generalitat. En concreto, a partir de las disposiciones recogidas entre los artículos 118 y 124.
No obstante, está por ver cuáles de esas posiciones quedan reflejadas en el texto definitivo del Decreto Ley. Como mínimo, en lo que respecta a la retroactividad, el texto en fase de borrador incluye una disposición transitoria tercera en la que se detalla que las viviendas de uso turístico inscritas en el registro a la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa mantendrán esa inscripción y su autorización durante un plazo de cinco años y que será a partir de entonces cuando tendrán que renovarla. Y, por último, incluye una disposición transitoria cuarta en la que se establece que las viviendas de uso turístico tendrán, igualmente, un plazo de cinco años para adaptarse al cumplimiento de los requisitos recogidos en los Anexos III y IV.
Entre tanto, Innovación informó este martes sobre la apertura del plazo para que el ecosistema innovador desarrolle soluciones que permitan detectar la oferta de viviendas turísticas sin registrar en la Comunitat Valenciana que la propia Montes dio a conocer a principios de julio. En esta línea, las startups, empresas y entidades interesadas dispondrán hasta el próximo 13 de septiembre para inscribir y presentar sus propuestas tecnológicas.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, en imagen de archivo. Foto: Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTS
El objetivo de la iniciativa es mejorar significativamente el proceso de identificación, seguimiento y control de las viviendas de uso turístico (VUT) no autorizadas y está promovida por la Dirección General de Innovación (en el marco del proyecto Tech FabLab Comunitat Valenciana) en colaboración con la Dirección General de Turismo.
"De nuevo damos un paso más en la lucha contra el fraude, uno de los objetivos que consolidaremos con la próxima publicación del decreto de viviendas turísticas", señaló Montes, a través de un comunicado, quien añadió que la futura herramienta de Inteligencia Artificial "ayudará a combatir la comercialización no regulada de este tipo de alojamientos".
Este llamamiento público se dirige tanto a startups, empresas y entidades de la Comunitat Valenciana, como de Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y La Rioja, que son las comunidades autónomas participantes en el proyecto Tech FabLab. A través del sitio web https://www.techfablabcv.es/open-call, las organizaciones candidatas deberán presentar sus propuestas, que serán analizadas por un comité evaluador formado por representantes de la Generalitat y por profesionales de diferentes áreas relacionadas con el turismo y la innovación tecnológica.
Las cinco soluciones finalistas se presentarán públicamente en el Open Innovation Day que tendrá lugar el próximo mes de octubre, donde también se dará a conocer la idea ganadora. Los desarrollos que concurran en esta convocatoria deberán nutrirse de diversas bases de datos, incorporando fuentes no contempladas actualmente, así como hacer uso de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras para geolocalizar de forma precisa las viviendas turísticas no registradas.
El software, que ha de ser compatible con los sistemas que emplea la administración pública, incorporará un cuadro de mando integral para facilitar la visualización del estado del mercado de VUT y tendrá que aportar un claro valor añadido a través de la usabilidad y la transparencia ética de la información. Esta llamada a la innovación abierta se enmarca en la iniciativa Tech FabLab, que busca fomentar el desarrollo tecnológico y la colaboración entre empresas y entidades para abordar desafíos estratégicos en la Comunitat Valenciana.
