BENIDORM. Aunque todo lo relativo con el expediente de contratación para la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de Benidorm no ha sido lo más rápido imaginable, la licitación no se ha hecho esperar una vez han contando con su aprobación. Este mismo domingo salía el anuncio de licitación, calculando el final de la misma para el 19 de enero a las 23.59 horas. Un contrato que permitirá renovar los contenedores actuales que en algunas zonas presentan notables deficiencias. 

El Ayuntamiento dio luz verde al pliego el pasado viernes durante una sesión plenaria extraordinaria. Contó con el voto a favor de PP y Vox, mientras que el PSOE se significó en contra al considerar que no se habían incluido todas las conclusiones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que anuló el anterior pliego cuando ya había salido a licitación. El recurso fue presentado por los socialistas en base al informe de Intervención, una opción que podrían mantener al haber votado en contra.

Ahora sale por un precio de 249,7 millones de euros por un periodo de adjudicación de 10 años (más uno de transición); lo que implica que el coste del servicio se calcula en torno a 25 millones de euros al año. Se plantea como un cotrato mixto de obra y servicio puesto que del total, unos 8,7 millones de euros serán para costear la construcción de una nave logística en una parcela acordada con la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital de la Generalitat Valenciana. Esta centralizará todas las operaciones no directamente productivas, oficinas, vestuarios, etc. y se tendrá que sufragar como máximo en 14 meses desde que se firme el contrato.

El actual data de 1993, desde entonces, se han ido introduciendo mejoras, inversiones y adecuaciones a las normativas que se han ido aprobando, aunque estas actuaciones se paralizaron hace ocho años, tiempo que lleva caducado. Es más, el nuevo servicio contempla la renovación total de los sistemas de conteneredores de residuos existentes, salvo los soterrados y los recientemente subvencionados para la recogida separada de biorresiduos y compostadoras domésticas o comunitarias. 

Tal y como figura en el pliego, el servicio municipal se diseña pensando en una "suficiente elasticidad" ante los picos y valles de trabajo condicionados por la demanda turística. El objetivo es "evitar insuficiencia de los equipos o sobredimensionamientos de los mismos, para una prestación más eficiente". De este modo, con respecto al servicio de recogida de residuos, explican que los equipos actuales "se encuentran totalmente amortizados y han superado holgadamente su vida útil teórica", por lo que se plantea un "servicio de nueva implantación, desde cero y sin herencias del anterior contrato, excepto las infraestructuras de los contenedores soterrados existentes y los convenios laborales vigentes".

A su vez, plasman su estrategia, que pasa por minimizar la presencia de contenedores en la vía pública, al tiempo que optan por la generalización de los sistemas de recogida puerta a puerta del máximo de fracciones posibles: biorresiduos, envases ligeros, vidrio, papel/cartón, aceite vegetal usado y resto/todo uno, "añadiendo con ello comodidad, proximidad y flexibilidad para los usuarios". Además, atendiendo a las obligaciones del artículo 24 del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCVA), el sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) también tendrá que realizar la separación en origen y recogida selectiva de determinados residuos. En el caso de los comercios, se hará el puerta a puerta para papel-cartón. Cabe destacar, que según los datos que recogen en el pliego, aproximádamente el 60% de los residuos se generan por la actividad turística: establecimientos de hostelería, comercios, segundas residencias y alquileres no reglados.

El pliego recoge la obligación por le PIRCVA de implantar sistemas incentivación a los usuarios para la gestión responsable de sus residuos basados en el principio de 'pago por generación'. Así, plantean un sistema de incentivación basado en la recompensa a quien cumpla con sus obligaciones medioambientales, contemplando también las penalizaciones de las actitudes menos solidarias, siendo objetivo tanto la población residente como la flotante. Eso sí, las condiciones las tendrá que proponer el adjudicatario en su oferta.