Ortiz se moviliza pero no logra frenar el catálogo de Alicante tras alegar un defecto formal

ALICANTE. El promotor Enrique Ortiz mueve ficha en el tablero de la regulación urbanística de Alicante en defensa de sus intereses como propietario de cerca del 70% del suelo urbanizable de la ciudad. En esta ocasión, la diana de sus maniobras es la nueva propuesta de catálogo de protecciones que el pleno de la corporación prevé debatir (y, salvo sorpresa, aprobar) este miércoles. Hasta ocho de las firmas que conforman su entramado empresarial (Camservi, Cívica Fomento Inmobiliario, Urbanika Proyectos Urbanos, Valle Levante, Ortiz Desarrollos Urbanísticos, Valirio Investments y Cerámica la Florida) aprovecharon la última fase de exposición al público del documento para solicitar la nulidad de su tramitación en base a una misma alegación: un error formal supuestamente cometido a la hora de dar publicidad a la documentación que conforma el catálogo. 

En concreto, los servicios jurídicos de esas ocho mercantiles expusieron en sus respectivas objeciones que el Ayuntamiento no había difundido el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico entre la información que se había publicado en la página web municipal, lo que, de algún modo, habría impedido su consulta para la formulación de alegaciones. Así, según se expone en los escritos de alegaciones, esa omisión constituiría un vicio por el que debería anularse todo el procedimiento de exposición pública. O lo que es lo mismo, que toda la propuesta decayese por la caducidad de su documento de alcance (la primera fase de su tramitación ante la Generalitat), lo que obligaría a iniciar de nuevo un proceso de redacción y elaboración que podría demorarse más de un año. 

La validez de ese documento de alcance vence, de hecho, este próximo jueves, día 10. De ahí que la posible admisión de esas objeciones hubiese conllevado dinamitar todo el trabajo elaborado desde hace más de tres años, cuando los técnicos de la Concejalía de Urbanismo iniciaron la redacción del catálogo, sin posibilidad de abrir un nuevo proceso de exposición pública en el que sí se facilitase el acceso a ese estudio a través de medios digitales.

Sin embargo, la pretensión de las empresas de Ortiz -también defendida por una particular y por una asociación en sus propias alegaciones- ha quedado descartada por partida doble. Primero, por el informe emitido por los servicios jurídicos municipales en el que se avala la desestimación de la alegación del entramado empresarial del conocido constructor. Y segundo, por el dictamen del secretario municipal. En ambos casos, se avala la corrección del proceso de tramitación del catálogo y la respuesta a las alegaciones.

El informe de los servicios jurídicos municipales concluye que la omisión en la publicación de un Estudio Ambiental a través de la web municipal no constituye un defecto invalidante

En primer término, el informe de los servicios jurídicos municipales concluye que "la omisión de la publicación en la página web municipal del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico sería, en todo caso, un defecto en la información publicada en la web municipal no invalidante, sin consecuencias de nulidad, y sin que haya quedado acreditado que haya causado indefensión". De hecho, se argumenta que toda la información relacionada con el catálogo ha estado a disposición de cualquier interesado por otros medios, como la posibilidad de su consulta en dependencias municipales, entre otras.

Además, el mismo informe añade, igualmente, que como máximo podría considerarse "un defecto procedimiental subsanable" antes de que el documento quede aprobado de forma definitiva (en este momento se plantea su aprobación provisional) y de que la Generalitat pueda dictar la declaración ambiental, siempre que el órgano ambiental que debe verificar la corrección del expediente (en este caso, también la Generalitat) considere oportuno que se deba corregir ese defecto formal.

En la misma línea, el informe recalca que ese Estudio Ambiental es el mismo que se expuso al público durante la tramitación del catálogo que se intentó, sin éxito durante el año 2017 (la propuesta elevada por PSOE, Guanyar y Compromís al pleno fue rechazada por PP, Cs y los dos ediles no adscritos) y, entonces, no fue objeto de alegación por ninguna de las empresas de Ortiz que entonces también formularon alegaciones y que ahora alegan nulidad por su falta de publicación en la web municipal.

De igual modo, el dictamen jurídico -evacuado a última hora de este miércoles- por el secretario municipal también respalda tanto la validez del procedimiento y como la resolución de las alegaciones formuladas, lo que incluye el rechazo de las objeciones formuladas por las empresas de Ortiz. Así, el informe (preceptivo pero no vinculante) del secretario es favorable a la tramitación del catálogo, después de plantear que la eficacia de dos fichas concretas incluidas en el catálogo quede postergada hasta que se apruebe la modificación del planeamiento que en ellas se recoge. Fuentes municipales indicaron que se trata de las fichas que afectan al tinglado de Renfe, cuya ordenación urbanística está ahora en fase de redacción a través de la Operación Integrada número 2, y la de un inmueble construido a finales del siglo XIX en la avenida de Elche que queda incluido en una zona verde.

Una vez evacuado ese informe (su demora obligó a suspender la comisión de Urbanismo que se había convocado este martes), todo parece indicar que el catálogo quedará aprobado finalmente este miércoles con el respaldo de 25 concejales: los 14 que conforman el bipartito (9 del PP y 5 de Cs), 9 del PSOE y dos de Compromís. Unides Podem anticipó este miércoles que se abstendría en la votación. Vox, por su parte, comunicó hace una semana que votaría en contra.