ALICANTE. La patronal autonómica de los apartamentos turísticos, APTUR CV, pliega velas en su rechazo a la moratoria sobre la concesión de permisos para Viviendas de Uso Turístico (VUT) acordada por el Ayuntamiento en diciembre de 2024. La asociación asume ese acuerdo municipal y no elevará recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) después de que la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, plaza número 1, haya desestimado su recurso contra la suspensión de licencias en una sentencia en la que se considera que el bloqueo en el otorgamiento de permisos sí estaba motivado y debidamente justificado. Y que, además, era proporcionado respecto al fin pretendido: evitar una posible saturación de negocios destinados al alojamiento.
En suma, esa resolución rechazaba los argumentos en los que se basaba la impugnación de APTUR CV. De ahí que se haya acordado aceptar el pronunciamiento judicial, toda vez que, a través de él, se reconoce la potestad de los municipios para ordenar urbanísticamente los usos dentro de su territorio cuando las decisiones están debidamente motivadas, según apuntan fuentes de la patronal consultadas por este diario. Eso sí, la patronal persiste en su estrategia reivindicativa y emplaza de nuevo al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a emprender la vía del diálogo para concretar esa nueva regulación sobre el sector del hospedaje. "APTUR CV reitera que su voluntad ha sido siempre sustituir la confrontación por el entendimiento y contribuir, desde el conocimiento técnico y la experiencia del sector, a una ordenación equilibrada del turismo en la ciudad de Alicante, basada en datos objetivos, seguridad jurídica y convivencia real entre residentes y visitantes", apuntan portavoces de la asociación, a consulta de Alicante Plaza.
En esta línea, la asociación manifiesta su "plena disposición a colaborar con el Ayuntamiento en la construcción de una futura regulación que aporte estabilidad, equilibrio territorial y certidumbre tanto a la ciudadanía como a la actividad económica vinculada al alojamiento turístico", para lo que vuelve a solicitar la celebración de un encuentro de trabajo en el que poder realizar aportaciones respecto a esa nueva ordenación, después de que ya se haya planteado distintas peticiones en esa misma dirección a lo largo del último año. Así, las mismas fuentes inciden en que se desistirá de la vía judicial siempre que se abra "una etapa real de diálogo institucional" en la que pueda establecerse un espacio de trabajo conjunto "que permita escuchar al sector de actividad y avanzar hacia soluciones compartidas".
Portavoces de la asociación señalan, igualmente, que el recurso interpuesto contra la moratoria en la concesión de permisos nunca tuvo como finalidad cuestionar la capacidad de planificación municipal, sino que lo que se pretendía era "poner de manifiesto que decisiones de este alcance, que afectan a una actividad económica regulada y a miles de familias, deben adoptarse contando con el sector implicado desde el inicio del proceso". Y añaden que el propio juzgado reconoce que el asunto presentaba dudas jurídicas razonables, motivo por el cual no se ha producido imposición de costas, "lo que confirma que el debate planteado por APTUR CV era legítimo y necesario dentro del marco del Estado de Derecho".
En este sentido, la asociación podría reservarse todavía la opción de iniciar un nuevo procedimiento judicial para impugnar la futura regulación en el supuesto de que, tras el fin de su tramitación, se considerase lesiva para el sector. De hecho, la patronal ya había anticipado su intención de interponer ese segundo recurso hasta ahora, después de que trascendiese en qué consistía el planteamiento reflejado por el equipo de gobierno respecto a esa ordenación.
Ratios máximas por 'barrios'
Esa propuesta de ordenación aprobada el pasado diciembre queda reflejada en una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la número 52, en la que se establecen índices máximos de concentración de alojamientos por barrios como requisito para autorizar la implantación de nuevos negocios. En concreto, se fija un índice máximo de 0,187 plazas por habitante por cada distrito censal como límite para que puedan concederse nuevas licencias de actividad para Viviendas de Uso Turístico (VUT), bloques turísticos completos y hoteles, con la excepción de los establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas. Además, se prevé un índice menos restrictivo para los hoteles de 3 estrellas, de 0,82 plazas por habitante.
De este modo, en el momento en el que pueda entrar en vigor esa nueva regulación, no se otorgarán nuevos permisos cuando se superen esas ratios concretas, con el propósito de evitar una posible saturación en barrios en los que ya exista una elevada concentración de negocios dedicados al hospedaje. Además, se prohíbe la instalación de toda modalidad de hospedaje en los bajos de los edificios situados en los viales principales de la ciudad (los denominados viales estructurantes) con el fin de preservar el comercio tradicional.
La aprobación inicial de esa regulación quedó aprobada de forma inicial en pleno el pasado diciembre con el único voto a favor del equipo de gobierno y la abstención de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición. El PSOE, por su parte, exigió que se retirase la exención para los hoteles de 4 y 5 estrellas, para evitar que puedan procurarse desigualdades entre barrios. Y Vox planteó, por el contrario, que se ampliasen las excepcionalidades para eximir del veto también los bloques turísticos de gama superior. Sea como fuere, esa propuesta queda ahora pendiente de evaluación por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que debe evaluar su idoneidad o, en su caso, plantear modificaciones, antes de que pueda adquirir vigencia. Por lo pronto, el acuerdo de su aprobación inicial permitió que Alicante pudiese mantener la suspensión de licencias durante otro año adicional, hasta enero de 2027, lo que daría margen para que la modificación puntual del PGOU pueda tener valor ejecutivo.
Así lo recordó, de hecho, este lunes el mismo alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras felicitarse del pronunciamiento judicial que avala la continuidad de esa moratoria frente al recurso de APTUR CV. En este sentido, sostuvo que la sentencia confirmaba que la medida estaba justificada y que resultaba necesaria para que pudiese abordarse la nueva regulación en la que se ordenasen las condiciones para la implantación de todo tipo de alojamientos. De hecho, el pasado viernes, el propio primer edil reiteró la voluntad del equipo de gobierno de crear suelo apto para la implantación de nuevos hoteles a través del nuevo Plan General Estructural. Ahora, está por ver si el equipo de gobierno accederá a abrir la vía de diálogo solicitada por la patronal autonómica con la intención de realizar aportaciones a esa ordenación.
