ALICANTE. La investigación judicial asumida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante plaza número 5 respecto a las supuestas irregularidades cometidas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 avanza con la materialización de un nuevo trámite: la aportación de la documentación solicitada tanto a la Conselleria de Vivienda como a la propia cooperativa Residencial Les Naus que construyó los 140 pisos de la urbanización objeto de la polémica. 

El departamento autonómico registró esa información este martes, en respuesta al requerimiento formulado por la jueza, a partir de la primera solicitud de información planteada por la Fiscalía Anticorrupción al registrar su propia denuncia respecto a los hechos. Por su parte, la cooperativa habría aportado su propia documentación este mismo miércoles, según fuentes consultadas. El juzgado ya ha dadado traslado de toda esa documentación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional con el fin de que pueda someterla a revisión y análisis y emitir su propio informe, en cumplimiento de otra de las peticiones formuladas por Anticorrupción. 

El juzgado ya había derivado a la Udef el primer paquete de documentación aportada por el Ayuntamiento de Alicante a finales de la semana pasada, también en respuesta al mismo requerimiento. Por lo pronto, no ha trascendido que se haya solicitado información adicional a ninguna otra instancia. Y tampoco se ha planteado medio de prueba adicional, a la espera de que pueda desentrañarse el contenido de esa documentación. 

¿Qué información habrían aportado tanto Vivienda como la cooperativa? En principio, más de la que se le había requerido, según fuentes consultadas. En primer término, el departamento autonómico ha facilitado copia de los informes elaborados respecto a la verificación de las condiciones de los compradores de las viviendas, sobre la totalidad del papel desempeñado por el funcionario autonómico que visó los contratos, y el detalle de cuantas personas hubiesen participado en la revisión de esos expedientes, en función de la petición formulada por Anticorrupción.

También ha aportado copia de todos los expedientes de las 140 viviendas. Y, por último, también se habría dado traslado del informe realizado respecto a las comprobaciones de las condiciones económicas y patrimoniales de los socios cooperativistas que compraron viviendas sobre los que se había detectado la existencia de omisiones de información. En particular, respecto a los datos relativos a sus cónyuges, que también debían computar como miembros de la misma unidad familiar conviviente en el mismo domicilio. Se trata de la misma situación detectada en el caso del visado del contrato de la mujer del funcionario autonómico que visó los 140 contratos de la promoción, y que no tuvo en cuenta sus propios ingresos (los de él) a la hora de validar ese contrato, por lo que fue suspendido de empleo y sueldo en el momento en el que se detectó esa presunta anomalía.

Por su parte, la cooperativa Residencial Les Naus también habría facilitado copia de sus estatutos, de la relación de integrantes de su consejo rector, de la relación de solicitudes de ingreso en la cooperativa, del libro registro de socios, de los contratos de adhesión a la cooperativa y adjudicación de vivienda, de la relación de viviendas entregadas y de la fecha de escritura de adjudicación, así como la documentación e información sobre el proceso seguido para la selección de los adjudicatarios de las viviendas y lista de espera, en respuesta a las condiciones de requerimiento formulado por el juzgado, a partir de la solicitud planteada por Anticorrupción.

Al margen de ello, según pudo constatar este diario, también se habría aportado un documento explicativo sobre el proceso seguido para la tramitación del proyecto desde sus inicios y para la inscripción de los socios cooperativistas con ordenación cronológica de sus altas y bajas. De igual modo, también habría aportado documentación que acreditaría la publicidad de la convocatoria del concurso sobre la subasta del solar del distrito de Playa de San Juan sobre el que se levantó el residencial, además de notificaciones que habría remitido al Servicio Territorial de Vivienda para comunicar su intención de participar en el concurso con el fin de que se diese difusión a su propuesta para propiciar la inscripción de interesados que figurasen en el registro público de demandantes de VPP.

Comisiones de investigación

El registro de toda esa documentación y su remisión a la Udef se produce justo el día previo en el que se prevé constituir en Les Corts la primera de las comisiones de fiscalización sobre la compra de las viviendas de Residencial Les Naus, así como de cualquier otra promoción de VPP que haya podido entregarse en los últimos años. Se trata de una comisión de investigación creada en base a la propuesta planteada por Vox, que fue la que acabó contando con el respaldo del PP y de Compromís, mientras que el PSPV-PSOE (que había registrado su propia iniciativa, al igual que Compromís) se decantó por la abstención. 

La segunda de las comisiones de fiscalización centrada únicamente en las VPP de Residencial Les Naus es la aprobada por el conjunto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante: PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Su constitución debería producirse la próxima semana, en función de las previsiones dadas a conocer este martes por el equipo de gobierno, del PP. La demora en la creación de ese espacio de análisis sobre los expedientes municipales relacionados con los 140 pisos de la controversia se explicaría en la necesidad de que se concluyese, previamente, la incoación de los tres expedientes reservados de averiguación interna promovidos desde el departamento municipal de Recursos Humanos respecto a la posible intervención de funcionarios en acuerdos relacionados con esas viviendas.

Se trata, en primer término, de un expediente sobre el papel que pudieron desempeñar dos arquitectos municipales que compraron vivienda en el residencial: Francisco Nieto y Elsa Lloret (esposa del funcionario autonómico sancionado). En segundo lugar, de un expediente sobre la participación de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que presentó su renuncia a ese cargo de designación directa para volver a su plaza como jefa del área de Contratción (el puesto que ocupaba cuando se subastó la parcela municipal) cuando trascendió que dos hijos y un sobrino suyos también habían comprado viviendas en el residencial.

Y, por último, se incluye un tercer expediente relacionado con el acceso indebido a información relacionada con la liquidación del impuesto de plusvalía por la compra de esas viviendas por parte de algún funcionario (y no sobre el acceso a información vinculada con el contrato de venta del solar municipal en beneficio propio, como se había dado a entender hasta ahora), que ha generado malestar entre los sindicatos con representación municipal, como el SEP, y que al menos el grupo municipal de Compromís ha interpretado como el impulso de una "caza de brujas" entre los funcionarios para determinar si alguno de ellos pudo ser el origen de la denuncia sobre las presuntas irregularidades en la compra de los pisos de VPP.

Esos tres expedientes siguen en curso, aunque se prevé que queden concluidos entre finales de esta semana y principios de la semana próxima, lo que daría pie a la convocatoria de la reunión constitutiva de la comisión de fiscalización municipal. El cierre de esos expedientes se habría considerado necesario antes de constituir la comisión, toda vez que sus conclusiones podrían determinar la conveniencia de determinadas comparecencias, en lugar de otras, entre otros puntos. En todo caso, como sucede con todas las comisiones de fiscalización municipal, las personas llamadas a comparecer para responder a cuantas preguntas puedan formularse no están obligadas a hacerlo.