ALICANTE. La comisión de fiscalización aprobada por el conjunto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) para tratar de desentrañar las presuntas irregularidades que pudiesen haberse cometido en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022 podría quedar constituida durante la próxima semana. Cuando menos, así lo ha anticipado este martes el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, quien, a su vez, asumirá la presidencia de la comisión. 

Villar ha señalado que la creación de ese grupo de trabajo en el que se abordará el análisis respecto a las viviendas construidas por la cooperativa Residencial Les Naus estaba condicionado a la conclusión de los expedientes de averiguación todavía en fase de instrucción respecto a la participación de funcionarios municipales en los acuerdos vinculados con la venta de la parcela pública del distrito de Playa de San Juan en la que se construyeron los pisos, o respecto a la concesión de la licencia de obra. Se trata de tres expedientes de carácter reservado, según ha subrayado Villar. Como ya ha informado este diario, en uno de ellos se analiza el papel de los dos arquitectos municipales que compraron vivienda en el residencial (Francisco Nieto, que participó en las reuniones de seguimiento del contrato, y Elsa Lloret, esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de las viviendas).

El segundo de esos expedientes se instruye respecto a la intervención de la ya exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que presentó su renuncia a ese cargo de designación directa por parte del equipo de gobierno para regresar a su plaza como jefa del área de Contratación después de que se conociese que dos hijos y un sobrino suyo también habían comprado pisos en el mismo residencial. Respecto a su situación concreta, Villar ha confirmado que su renuncia al cargo de directora general se hizo efectiva dos días después de que se comunicase, lo que ha propiciado que regrese a la plaza en Contratación que ya ocupaba en el momento en el que se produjo la subasta del solar de la promoción. Con todo, el vicealcalde no ha llegado a concretar si el equipo de gobierno estaba dispuesto a nombrar a un sustituto como nuevo director o directora general.

Y, por último, el tercero de los expedientes trata de dilucidar si pudo producirse un supuesto acceso indebido de funcionarios a la información tributaria de particulares relacionada con el pago del impuesto de la plusvalía por la compra de las VPP de Residencial Les Naus, según ha podido confirmar este diario, que no tendría que ver con el posible acceso a información privilegiada respecto a las condiciones del concurso sobre la subasta del solar en el que se construyeron las VPP de Residencial Les Naus, como se había dado a entender hasta ahora por parte del equipo de gobierno.

Villar ha señalado que los funcionarios municipales que estaban a cargo de la instrucción de esos tres expedientes habían comunicado al equipo de gobierno que su instrucción estaba apunto de concluir. De ahí que haya apuntado que será entonces cuando pueda convocarse la sesión constitutiva de la comisión, en la que se recopilarán propuestas para fijar un plan de trabajo en el que se concrete la periodicidad de las sesiones y se proponga la solicitud de documentación o la solicitud de posibles comparecientes a iniciativa del conjunto de grupos políticos.

Dos comisiones

En el caso de que se confirme la previsión anticipada por Villar respecto al momento de constitución de dicha comisión, ese foro de trabajo de ámbito municipal quedaría conformado una semana después de la comisión de investigación también acordada en Les Corts, después de que prosperase la promovida por Vox, que acabó sumando los votos de PP y de Compromís, y la abstención del PSPV-PSOE. Esa comisión podría estar presidida por la diputada alicantina voxista Ana Vega. Por el resto de grupos políticos, dicha comisión quedará integrada por los diputados del PP José Ramón González de Zárate, Javier Gutiérrez, Candela Anglés, Elena Bastidas y María Gómez. Por Miguel Pascual y la ya citada Ana Vega, por Vox. Por José Díaz, María José Salvador, Benjamí Mompó y María Luisa Navarro, como representantes del PSPV-PSOE. Y por María José Calabuig y Aitana Mas, por parte de Compromís. 

La comisión municipal, por su parte, estará integrada por Villar y el edil de Urbanismo, Toño Peral, como representantes del PP; por Ana Barceló y Silvia Castell, como representantes del PSOE; por Carmen Robledillo y Óscar Castillo, por Vox; por Rafa Mas, de Compromís; y por Manolo Copé, por EU Podem.

La labor que puedan desarrollar esas dos comisiones es independiente de la investigación judicial ya en curso, a partir de la denuncia registrada por la organización Manos Limpias, en la que ya se ha solicitado la remisión de distinta documentación relacionada con los expedientes de las viviendas de VPP de Residencial Les Naus tanto a la Conselleria de Vivienda, como al Ayuntamiento de Alicante y a la cooperativa que construyó los pisos. Respecto a esas diligencias, Villar ha señalado que no se había requerido ningún tipo de información adicional respecto a la ya facilitada la semana pasada por el Ayuntamiento. Tanto Vivienda como la cooperativa todavía no habrían cumplimentado ese trámite, según fuentes consultadas.

El encontronazo por 'las cacerías' y los therians

Respecto al trabajo a desarrollar por la comisión, Villar ha señalado que -al margen de la instrucción judicial- será el espacio adecuado para responder a las preguntas que pueda formular la oposición, como la planteada este lunes respecto a cuándo conoció el alcalde, Luis Barcala, y el conjunto del equipo de gobierno que la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, había registrado pagos respecto a su vivienda en la promoción de Residencial Les Naus. El vicealcalde y portavoz adjunto ha señalado que la comisión será el foro "idóneo" para abordar esa y otras cuestiones, aunque ha apuntando que Barcala "ya" había contestado al respecto en el pleno extraordinario forzado por los grupos del eje progresista (PSOE, Compromís y EU Podem) para que el primer edil ofreciese explicaciones sobre la crisis de las VPP.

Pero no solo eso. Esa respuesta -a preguntas de los medios de comunicación- en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno, ha propiciado que los populares hayan acusado a los grupos políticos de la izquierda de tratar de organizar una "cacería", tras referirse a las tres formaciones como el "equipo de opinión sincronizada de la izquierda" contra el alcalde y el PP. En esta línea, la portavoz el equipo de gobierno, Cristina Cutanda, no ha llegado a valorar la información publicada por un diario digital (eldiario.es) en la que se daría cuenta de que la excuñada del alcalde también había comprado una vivienda protegida en la misma promoción en la que compró otra su esposa, para considerar que las formaciones de izquierda quieren "desviar la atención de los verdaderos escándalos e intentar remontar a la desesperada en unas encuestas donde caen en picado y donde no le van a votar ni los 'therians'", ha asegurado.

Esas manifestaciones han propiciado la réplica de los portavoces de PSOE, Compromís y EU Podem. En primer lugar, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha asegurado que "la única cacería que se está destapando en Alicante es la que ha protagonizado el PP para quedarse con las viviendas públicas. Han salido de caza para beneficiarse de las viviendas de protección pública y especular". "El epicentro de la trama de reparto de vivienda pública ha tenido lugar en el Ayuntamiento que gobierna Barcala. Ha habido dimisiones, el propio Ayuntamiento, ha denunciado la situación en la Fiscalía y la Policía Local ha detectado numerosas irregularidades en Les Naus", ha añadido.

"Decir que estamos sincronizados con los agentes y hasta con la Fiscalía no es más que un burdo intento de desviar la atención. Quienes han estado sincronizados han sido los del PP para quedarse con las viviendas. No hay más que ver cómo los apellidos se repiten y están conectados. Lo que tiene que hacer Barcala, en lugar de hacerse la víctima y denunciar una cacería contra su persona, es dar explicaciones y dimitir, porque su situación es insostenible", ha considerado. De igual modo, Barceló ha defendido que lo que está haciendo el PSOE es "defender el interés público y fiscalizar lo que ha ocurrido con esta trama de reparto de vivienda entre cargos del PP, familiares y allegados". "Lo que hay que hacer es abrir un debate sobre la vivienda, porque su función debe ser social, no estar ligada a la especulación con el objetivo de enriquecerse", ha concluido.

En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, también ha cargado contra las manifestaciones de los portavoces del equipo de gobierno al pedir "disculpas a la prensa; no soy quién para pedir disculpas, pero me parece una falta de respeto a la prensa las intervenciones de la señora Cristina Cutanda y el señor Villar, hablando de los therian, hablando de la sincronizada, que no sé si se refiere a natación sincronizada, a personas que se sienten animales, en vez de hablar de la corrupción que salpica a su partido, en vez de explicarnos por qué la señora Rocío Gómez, después de siete meses no está empadronada en Les Naus; o por qué el señor Barcala no convoca la comisión de investigación municipal; o por qué la señora Pérez-Hickman sigue en su puesto de trabajo", después de renunciar al puesto de directora general de Organización Interna; "o por qué los arquitectos aún no han sido expedientados. Que de explicaciones en vez de hablar de los therian el señor alcalde de Alicante", ha insistido.

Al tiempo, Mas ha asegurado que Compromís plantea "eliminar los directores generales y los coordinadores generales; eliminar todos los cargos directivos que cobran entorno a 80.000 euros", al asegurar que "la ciudad está colapsada" a colación de "chapuzas" en el contrato de zonas verdes, en el contrato de zona azul, en el contrato del servicio de ayuda a domicilio, en el contrato de limpieza, en el contrato de personas mayores, o en las modificaciones de Urbanismo. "Toda la ciudad paralizada, nos come la corrupción", ha asegurado, para añadir que "corrupción también es dar dinero público y no controlar a las contratas, no sancionar a las contratas, no hacer vigilancia del dinero público. Corrupción es estar salpicados hasta las trancas de un sistema corrupto que ha traficado con nuestro suelo por una panda de pijos que se lo han llevado crudo", ha incidido.

En paralelo, las juventudes de Compromís (Joves PV) han desplegado una pancarta gigante en la plaza del Ayuntamiento de Alicante con el lema 'Ladrones, devolved los pisos', con un mensaje escrito en valenciano, en señal de protesta por "presuntas irregularidades" en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP), tras la polémica surgida en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan. Según ha señalado la coalición este martes a través de un comunicado, con esta acción pretende "exigir transparencia, responsabilidades políticas y la revisión inmediata de los expedientes sospechosos".

En este sentido, el secretario general de Joves PV, Joan Guanter, ha asegurado que en la actualidad se está produciendo "una grave crisis de vivienda" y "el PP se dedica a repartir los pisos públicos entre sus cargos". "Este es solo el principio y no pararemos hasta que devuelvan los pisos", ha agregado. Asimismo, Sara Llobell, concejala de Compromís en Alicante, ha añadido que "los pisos públicos tienen que estar al servicio de la ciudadanía que realmente los necesita" y que "no pueden convertirse en un instrumento de irregularidades ni favoritismos". "Que se investigue y que devuelvan los pisos", ha apostillado. Por su parte, la diputada autonómica Maria Josep Calabuig ha reclamado una "investigación exhaustiva del proceso de adjudicación" de las VPP y "que se proceda a la retirada de las viviendas adjudicadas de manera indebida y a su reasignación conforme a los criterios legales y sociales establecidos".

Por último, el portavoz municipal de EU Podem, Manolo Copé, ha considerado que "lo de la cacería suena muy bien como titular, pero no se corresponde con la realidad. Nosotros no perseguimos a nadie. Lo único que hacemos es revisar lo que aprueba la Junta de Gobierno y pedir explicaciones cuando hay decisiones que afectan a recursos públicos. Eso no es una caza, es hacer oposición y cumplir con nuestra responsabilidad. Si todo está correcto, bastará con explicarlo. Y si hay problemas, habrá que afrontarlos. No hay nada personal en esto. Es simplemente transparencia y respeto a la ciudad", ha concluido.