ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante opta finalmente por dar marcha atrás en el concurso convocado para renovar la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad para los próximos cuatro años. La Junta de Gobierno prevé aprobar en la reunión semanal de este martes el desestimiento de la licitación con la intención de reformular los pliegos de condiciones, después de que la convocatoria aprobada el pasado octubre quedase en suspenso a principios de noviembre con la intención inicial de corregir errores en la redacción de esos pliegos.

En concreto, algunas de las empresas interesadas en optar a la prestación habían advertido de la desactualización de las tablas salariales de los trabajadores, al no contemplar los importes previstos por convenio, por lo que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), paralizó el concurso con la intención de revisarlas. El objetivo que barajaba el departamento municipal de Parques y Jardines que dirige el edil Rafa Alemañ era el de retomar la licitación una vez que se hubiesen producido las modificaciones correspondientes.

No obstante, se ha acabado renunciando a la convocatoria con el propósito de promover un nuevo concurso desde cero, ya que los cambios a incorporar afectaban a un elemento troncal de las condiciones del concurso: su propio presupuesto de licitación, que aumentará con la nueva convocatoria. Como informó este diario, el concurso partía parte con un precio de salida de 44,7 millones dividido en tres lotes: uno destinado al cuidado de las zonas verdes, otro al mantenimiento de zonas forestales urbanas y periurbanas y otro a dedicado a las zonas verdes de Vía Parque y Benisaudet, reservado a centros especiales de empleo. 

El lote 1 era el principal, al contar con un precio de licitación de 41.934.383,32 euros para los cuatro años a razón de 8.983.595,83 euros el primer año, y un incremento de un millón cada año hasta el cuarto, cuyo importe se sitúa en 11.983.585,83 euros. El lote 2 se licitaba a razón de 456.995,50 euros anuales que sumaban en el conjunto de los cuatro 1.827.982 euros. Y el lote 3 salió a concurso por 997.183,32 euros con un montante de 249.295,83 euros anuales.

Evitar precedentes

La decisión de anular la licitación se adopta, además, antes de que se hubiese llegado a registrar ninguna propuesta, con lo que no se habría generado ningún perjuicio relacionado con costes de preparación de proyectos. De este modo, el equipo de gobierno se blinda frente a posibles impugnaciones posteriores, como la que se habría podido plantear en el caso de que se hubiese pretendido aplicar variaciones con la licitación ya en curso, al interpretarse como un cambio de las reglas del juego a mitad del partido. 

Por lo pronto, la pretensión de los populares sería evitar cualquier posible impugnación que pudiese conllevar retrasos en el inicio de la nueva prestación, como los que se generaron en la licitación precedente, promovida a partir de 2018 aunque no llegó a entrar en vigor hasta el arranque de 2021 como consecuencia del litigio planteado por Geamur: la empresa que había asumido la prestación en los 16 años previos y que había quedo excluida del concurso, después de que los técnicos de la Mesa de Contratación considerasen que su oferta incurría en una baja anormalmente desproporcionada no justificada.

El resultado de ese proceso ya es conocido: el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) acabó dictando un fallo favorable a los intereses de Geamur en el que se conminaba al ayuntamiento a retrotraer la licitación admitiendo su propuesta. Con todo, ese fallo se consideró inejecutable, toda vez que la duración oficial del contrato en liza (tres años) ya había vencido y, además, sus condiciones habían variado tras acordarse varias ampliaciones. Así, se estableció la vía de la compensación económica como fórmula alternativa, lo que propició que el ayuntamiento abonase a la empresa recurrente casi un millón como indemnización. Entre tanto, la adjudicataria de esa licitación previa, STV Gestión, continúa ahora al frente de la prestación en periodo de prórroga extraordinaria para garantizar la continuidad del servicio.