Alicante

Alicante tropieza con la contrata de zonas verdes: suspende el concurso para corregir errores

El equipo de gobierno paraliza la licitación aprobada a mediados de octubre con el fin de rectificar el pliego y garantizar la seguridad jurídica del proceso, sin dar margen a posibles impugnaciones, como las que se registraron en la convocatoria precedente

  • Un operario del servicio de mantenimiento de jardines de Alicante, en una de las jardineras de paseo del Puerto.
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ALICANTE. El nuevo concurso promovido por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), para renovar la gestión del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la ciudad arranca con un contratiempo inesperado, que ha conllevado la suspensión del proceso de licitación. Ese tropiezo consiste en el hallazgo de diversos errores en la redacción de los pliegos, que se habrían puesto de manifiesto después de que varias de las empresas interesadas en optar al contrato planteasen dudas respecto a las bases de la convocatoria tal como estaban planteadas.

De ahí que los populares hayan promovido la paralización del concurso con el propósito de rectificar esas incorrecciones para garantizar la seguridad jurídica de la licitación y evitar que pudiesen presentarse impugnaciones posteriores, que conllevasen un retraso en la selección de un nuevo concesionario. Se trata de una circunstancia que ya se produjo en la última licitación previa, aprobada en 2018, hasta el punto de que tuvo que quedar aplazada a un año después. El equipo de gobierno acabó adjudicando el servicio a STV Gestión a finales de 2020, de modo que la compañía asumió la prestación a partir de enero de 2021. 

No obstante, ese acuerdo continúo salpicado por la impugnación registrada por Geamur (la concesionaria precedente) hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) falló a su favor y le reconoció el derecho a ser readmitida en el concurso del que había sido excluida por un supuesto de baja anormalmente desproporcionada. El final de ese litigio se produjo, precisamente, hace poco más de un mes, cuando el equipo de gobierno saldó el pago de los más de 994.000 euros de la indemnización fijada por el TSJ como fórmula de compensación por su exclusión indebida, a la vista de que no resultaba posible promover una readjudicación, tras los cambios registrados en la prestación, no previstos en la oferta de Geamur.

La pretensión del equipo de gobierno sería eludir un hipotético escenario similar en la nueva licitación, de modo que no quepan recursos respecto a sus condiciones y pueda agilizarse la incorporación del nuevo adjudicatario para que las mejoras previstas en el nuevo pliego entren en vigor en el menor plazo posible. Entre ellas, se incluye la provisión de un incremento progresivo de personal a cargo de la prestación, con la incorporación de 20 operarios adicionales en cada uno de los cuatro años de duración del nuevo contrato, de forma que pueda llegar a contarse con un volumen global de hasta 170 trabajadores en plantilla. Con ello, se podrá poner en marcha un cuarto equipo de trabajadores a cargo del mantenimiento de las zonas ajardinadas urbanas: uno más de los que se dispone en la actualidad.

Tres lotes, 44,7 millones

Como informó este diario, el nuevo concurso parte con un presupuesto de licitación de 44,7 millones dividido en tres lotes, como el contrato anterior: uno destinado al cuidado de las zonas verdes, otro al mantenimiento de zonas forestales urbanas y periurbanas y otro a dedicado a las zonas verdes de Vía Parque y Benisaudet, reservado a centros especiales de empleo. El lote 1 sería el principal, al contar con un precio de licitación de 41.934.383,32 euros para los cuatro años a razón de 8.983.595,83 euros el primer año, y un incremento de un millón cada año hasta el cuarto, cuyo importe se sitúa en 11.983.585,83 euros. El lote 2 se licita a razón de 456.995,50 euros anuales que suman en el conjunto de los cuatro 1.827.982 euros. Y el lote 3 sale a concurso por 997.183,32 euros con un montante de 249.295,83 euros anuales.

De igual modo, entre otros de los principales requisitos incorporados en el pliego, figura la obligación por parte del futuro adjudicatario de plantar 1.000 árboles anuales, lo que supone una media de 3 árboles diarios. Y, además, se prima el criterio de sostenibilidad en cuanto a la nueva maquinaria a incorporar en la prestación, con la exigencia de que su funcionamiento contemple el uso de energía eléctrica en todos los casos posibles.

La pretensión con la que trabajaba el equipo de gobierno era poder concluir el proceso de selección del nuevo concesionario entre los meses de noviembre y diciembre para renovar la prestación a principios de 2026, toda vez que el contrato actual vence al final de este ejercicio. De hecho, el plazo previsto inicialmente para la presentación de ofertas expiraba el 17 de noviembre. Con todo, la suspensión temporal del proceso acordada ahora podría conllevar cierto retraso en esos planes. Por lo pronto, no se ha anticipado la previsible duración de ese aplazamiento que permita corregir los errores detectados en el pliego de condiciones.

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