ALICANTE. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construida por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado entre 2018 y 2022, mantiene el filtro a las pretensiones manifestadas por distintas instancias para personarse en el proceso con la exigencia del depósito de una fianza de 3.000 euros.

Se trata de la cantidad que la instructora ya había reclamado a la organización Manos Limpias -la entidad que presentó la denuncia ante el juzgado de guardia tras conocerse la identidad de los compradores de los pisos (entre ellos, la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez)- y que mantiene ahora, a través del dictado de un auto, en el que rechaza el recurso de reforma planteado por la misma organización para que se eliminase ese requisito o, en su defecto, se rebajase la cantidad reclamada, después de que ya hubiese formalizado el registro de querella (al margen de la denuncia que dio origen a la incoación de diligencias).

En esa resolución, se cita diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que avala esa decisión y recoge que la cuantía de la caución impuesta en este caso es proporcionada, atendida la capacidad económica de los querellantes, y no impide a éstos ni obstaculiza gravemente ejercitar su derecho, según precisan fuentes del TSJ.

Al tiempo, la jueza ha emitido una providencia en la que exige el pago de un aval por la misma cantidad (los citados 3.000 euros) al grupo municipal del PSOE que también había manifestado su intención de ser parte en las diligencias para ejercer la acusación popular. Tras recibir un escrito de la formación política, la instructora señala que únicamente puede personarse en el procedimiento bajo esa figura, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa interposición de querella suscrita por abogado/a y procurador/a y el depósito de la caución citada.

Está por ver si tanto Manos Limpias como el grupo municipal del PSOE mantienen su intención de ser parte en el proceso y aportan el aval reclamado. En cualquier caso, podrían no ser los únicos interesados en ejercer la acusación. También estarían barajando esa posibilidad otras formaciones políticas, así como el propio Ayuntamiento de Alicante como parte afectada. No ha trascendido todavía si la Conselleria de Vivienda puede adoptar la misma decisión.