ALICANTE. Las diligencias asumidas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante Plaza número 5 respecto a la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 podrían incorporar otras dos acusaciones más, al margen de las ejercidas por la Fiscalía Anticorrupción y por la organización Manos Limpias, ahora pendiente de aportación de fianza para seguir en el procedimiento como acusación popular para tratar de que se depuren posibles responsabilidades, después de presentar la denuncia que dio lugar a la apertura de la causa.

Esos dos nuevos protagonistas podrían ser el grupo municipal del PSOE y el mismo Ayuntamiento de Alicante. Los socialistas anunciaron su intención de personarse en las diligencias después de que se produjese su incoación. Esa voluntad quedó ratificada, después, en una comparecencia pública ofrecida por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, en la que criticó que había sido la revisión de la normativa de acceso a una VPP promovida por el actual Consell en 2024 la que había dado pie a que se produjesen las supuestas anomalías detectadas en el caso de Residencial Les Naus.

Ahora, el grupo municipal del PSOE estaría ultimando el proceso formal de designación de procurador para registrar su solicitud de personación, después de haber presentado la primera denuncia registrada ante la Fiscalía Provincial de Alicante días después de que trascendiese la identidad de algunos de los compradores de los pisos, entre los que figura la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, además de los hijos y el sobrino de la jefa del área de Contratación, dos arquitectos municipales, y la madre de las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación y Turismo.

Con ello, el PSOE mantendría la misma posición que ya ejerció en las diligencias incoadas respecto al caso de los contratos relacionados con la construcción de una pérgola y las mejoras ejecutadas en la plaza de La Alcoraya por las que se investigó a los ya exconcejales de Fiestas e Infraestructuras, Manuel Jiménez y José Ramón González, durante el pasado mandato, de la que ambos quedaron exonerados de posibles responsabilidades. Y también el mismo camino seguido respecto al caso de la cesión de suelo calificado como dotacional docente para la instalación del Centro de Inteligencia del Agua en las antiguas instalaciones del Parque de Bomberos de la calle Italia, sobre el que el juzgado instructor también acordó el sobreseimiento libre respecto a la concejal de Educación y Empleo, Mari Carmen de España, en una resolución todavía pendiente de resolución del recurso de apelación presentado por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial.

Por su parte, el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), estaría ultimando ahora estudios jurídicos para promover también su personación en las diligencias como acusación particular como parte interesada y directamente afectada por las supuestas anomalías que se hubiesen cometido. O, en su defecto, como acusación popular. Con ello, se trataría de defender el interés público respecto al uso conferido al solar municipal en el que se levantó la construcción, toda vez que debía destinarse a la promoción de vivienda destinada a personas con niveles de renta límite. Por el momento, no ha trascendido si la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, también podría dar el mismo paso para sumarse al procedimiento, igualmente, como parte interesada.