MADRID (EFE). El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 7 de abril el comienzo de la vista oral contra el exministro Jose Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista de la trama Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia.
El Supremo juzgará a Ábalos y Koldo al rechazar enviar el caso mascarillas a la Audiencia
El Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro Jose Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García tras rechazar las alegaciones de sus defensas para que la causa de las mascarillas se remitiera a la Audiencia Nacional, de manera que la vista oral arrancará previsiblemente en el mes de abril.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la Sala de lo Penal ha desestimado las cuestiones previas alegadas por las defensas de Ábalos y Koldo el pasado 12 de febrero en la audiencia preliminar para que el procedimiento de las mascarillas se remita a la Audiencia Nacional y de esta forma retrasar el juicio, una petición que ambas defensas habían reiterado a la Sala esta misma semana.
La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicitan 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos. Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por riesgo "extremo" de fuga.
Según las fuentes, lo previsible es que la vista oral arranque tras las vacaciones de Semana Santa y se demore de seis a ocho semanas debido al elevado número de testigos y pruebas a practicar.
En la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero, la defensa de Koldo García cuestionó que el Supremo fuera competente para juzgar estos hechos, al considerar que la causa debería trasladarse a la Audiencia Nacional tras renunciar el exministro a su escaño en el Congreso, una petición a la que se adhirió la defensa de Ábalos.
Y, además, solicitó que consultase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas en plena pandemia.
En caso de que el tribunal rechazase esta petición, como así ha ocurrido, advirtió de que acudirá en amparo al Tribunal Constitucional, pondrá una queja a la Comisión Europea y abrirá la puerta, incluso, a un procedimiento de sanción contra España.
75 testigos: sin Sánchez, pero con Torres y Armengol
El Tribunal Supremo ha aceptado citar a más de 75 testigos en el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y a Víctor de Aldama, entre los que no figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres.
El Supremo lo ha decidido en un auto en el que rechaza las cuestiones preliminares planteadas por los acusados -la más importante de ellas la de enviar la causa a la Audiencia Nacional- y fija el 7 de abril como fecha de inicio del juicio por siete delitos por la compra de material sanitario durante la pandemia.
El tribunal ha admitido todas las testificales propuestas por la Fiscalía y por el empresario y presunto corruptor de la trama, Víctor de Aldama, y ha rechazado varios de los solicitados por los otros dos acusados y por la acusación popular, que aspiraba a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.
El Supremo rechaza citarlos "dada la falta de relación con el objeto del proceso y la innecesariedad de sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos imputados".
Ábalos y Koldo querían que testificase el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el segundo incluía en su propuesta al president de la Generalitat, Salvadir Illa, y a la exdirectora del CNI Paz Esteban, pero el tribunal tampoco accede a llamarlos.
Entre los testigos admitidos figuran, además de Torres y Armengol, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo; así como ex jefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y varios empresarios y familiares y allegados de los acusados.
