Foto: Eduardo Parra/EPMADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las medidas acordadas entre el Ministerio de Asuntos Económicos y el sector bancario para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euríbor, un tercio de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable.
Este paquete de medidas es fruto de la negociación entre el Gobierno, las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España, y el objetivo del mismo es reducir la carga hipotecaria de los hogares de manera efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir, dentro del "menú" que se ofrece, la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera, ha explicado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La también ministra de Asuntos Económicos ha querido dejar claro que todas estas medidas "no responden a un riesgo o a un impacto macroeconómico" por la subida de los tipos de interés, pues la situación en el mercado hipotecario es muy diferente a la de 2007, con más hipotecas a tipo fijo (tres de cada cuatro de las nuevas hipotecas se suscriben a tipo fijo), reducción del plazo medio residual hasta el vencimiento y un menor porcentaje de hogares que dedican más del 40% de su renta disponible al pago de la hipoteca.
Calviño ha señalado que se ha establecido el plazo de un mes para que las distintas entidades financieras se sumen a estas medidas y ha expresado su confianza en que todas ellas acaben por aplicarlas. El objetivo es que estén vigentes a partir del 1 de enero de 2023.
De hecho, en contestación a preguntas en la rueda de prensa ha avanzado que CaixaBank, la entidad con mayor presencia en España, ya ha comunicado al Ejecutivo su disposición a suscribir el acuerdo, sujeta al visto bueno de sus órganos de gobierno.
Con las medidas aprobadas este martes se actuará en tres vías: mejorando el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos y adoptando mejoras, de carácter general, para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.
Para los deudores hipotecarios vulnerables (con rentas inferiores a 25.200 euros al año, tres veces el IPREM) se ampliará y reforzará el Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012, de forma que podrán reestructurar el préstamo hipotecario con una rebaja del tipo de interés durante el periodo de 5 años de carencia (hasta Euríbor -0,10% desde el Euríbor +0,25 actual). Asimismo, se ampliará a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario. y se amplía de seis a doce meses el plazo para poder solicitar el alquiler social.
A modo de ejemplo, Calviño ha señalado que la aplicación de estas medidas permitirá que una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50%, hasta los 246 euros.
Los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca pero que no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario podrán acogerse al Código con una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de la hipoteca en hasta 7 años.
La vicepresidenta ha destacado además que se garantiza la salvaguarda y el mantenimiento de las condiciones en el caso de cesión de créditos a un tercero, como, por ejemplo, un fondo de inversión.
Por otro lado, se propone un nuevo Código de Buenas Prácticas que dé alivio a los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria, facilitando a las familias una adaptación más gradual al nuevo entorno de tipos de interés.
Podrán beneficiarse de estas medidas los hogares con renta inferior a 29.400 euros anuales (tres veces y media el IPREM) e hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022 que tengan una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido, al menos, un 20%.
Las entidades financieras para todos estos casos deberán ofrecer a todos estos casos la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo hasta 7 años. Esto permitirá proteger a unas 700.000 familias, según Calviño.
Asimismo, la vicepresidenta ha destacado que se reducirán todavía más los gastos y se eliminarán totalmente las comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo, al tiempo que se suprimirán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo.
También se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.
Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, que estarán obligadas a cumplirlos una vez suscritos. En caso de transmisión del crédito a un tercero, las entidades bancarias deberán garantizar la protección de este catálogo de medidas en caso de transmisión del crédito a un tercero.
Calviño ha apuntado que habrá unos mecanismos para verificar que las entidades que se sumen a estas buenas prácticas cumplen con las mismas. En este sentido, ha señalado que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación se ha aprobado también hoy vía proyecto de ley en el Consejo de Ministros, tendrá competencias para resolver conflictos de buenas prácticas y capacidad sancionadora cuando se incumplan sus resoluciones.
Pero, además de esta Autoridad, el propio Código de Buenas Prácticas prevé una comisión de control específico para vigilar que se cumplen estas medidas. Al mismo tiempo, el Ministerio ha encargado al Banco de España la elaboración de una guía para que los clientes afectados por las subidas de las hipotecas conozcan el "abanico" de opciones que ofrece el nuevo marco de protección.
El Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuyo objetivo es vigilar la conducta financiera en los distintos mercados y resolver los conflictos entre entidades y clientes de manera extrajudicial.
Calviño ha explicado que esta figura tendrá competencias para imponer sanciones y supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Esta figura, que estará financiada por las entidades financieras, estará dotada de autonomía e independencia y resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.
Las resoluciones de la Autoridad de Defensa serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.
Calviño espera que esta nueva figura entre en funcionamiento el próximo año y ha explicado que es una "línea de defensa adicional" para los clientes de las entidades financieras, pero también en 'fintech' y criptoactivos.
