José Miguel Zaragoza y Roque Alemañ.SANTA POLA. Seis años y tres meses después de que se produjeran las primeras detenciones, en junio de 2017, este lunes arranca, en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, el juicio oral del denominado caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola. Serán juzgados dos ex concejales del PP, el jefe de la Policía Local, un oficial y un agente y los representantes de varias empresas acusados de contratar supuestamente los uniformes tanto de la Policía Local como de Protección Civil de manera fraudulenta, sin mediar concurso público, y con importantes desajustes entre el material contratado y el posteriormente servido a los operarios del ayuntamiento.
Entre los acusados están el actual intendente de la Policía Local, José Miguel Zaragoza; el oficial Roque Miguel Alemañ; el agente Alfonso Aracil y a los ex concejales Antonio Pérez Huerta y Andrés García Baile. Los otros acusados son los responsables de las empresas Uniformes Riera, Gil de los Ríos e Isignia. La Fiscalía y la acusación particular piden penas que oscilan entre los tres y cuatros años de prisión y varios años la inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación.
El juicio arranca este lunes 18 de septiembre en Elche y se prolongará hasta marzo de 2024, con dos sesiones por cada més. El caso llega ahora a la vista oral después de seis años de instrucción y múltiples recursos por parte de los acusados con el objetivo de anular las pruebas y la presentación, además, de una querella en otro juzgado, lo que mantuvo la causa inicial muchos años paralizada.
Hay que recordar que el caso arranca en junio de 2017, cuando fueron detenidos varios agentes y mandos de la Policía Local tras una operación de la Udef de la Policía Nacional. Se investigaba las posibles irregularidades en la compra de material para la Policía Local de Santa Pola, fundamentalmente, uniformes entre 2011 y 2015, a raíz de las pesquisas llevadas a cabo por la Udef.
Previamente, el Ayuntamiento de Santa Pola, entonces gobernado por el cuatripartito formado por PSPV, Compromís, EU y Sí se Puede, más dos tránsfugas de Cs, había paralizado algunas contrataciones y revisó las anteriores por los desequilibrios entre las cantidades pagadas y el material servido, así como la presentación de tres empresas del mismo grupos en los contratos menores que optaban al servicio del material para la Policía Local y Protección Civil. La Udef recogió pruebas de una posible trama entre las empresas involucradas, del grupo de Uniformes Riera y de Gil de los Ríos, y los acusados.
La causa fue avanzando, con la declaración de todos los acusados y demás testigos hasta que uno de los imputados, Roque Alemañ Bonet, presentó una querella en la que ponía en duda las pruebas del caso uniformes. En esa denuncia, acusaba a los 11 ediles del anterior de equipo de gobierno de un supuesto delito de revelación de secretos, secreto de las comunicaciones y vulneración del derecho a la intimidad; presunto delito de falso testimonio; obstrucción a la justicia y prevaricación administrativa. A su juicio, el inicio del caso uniformes se produjo con la obtención de una serie de documentación por parte de los acusados que fue de manera ilícita; que un agente colaboró en dar apariencia en el hallazgo de un email y que ese mismo agente posteriormente fue recompensado con un puesto de trabajo con mejores condiciones.
El juzgado de Elche, el mismo que ha instruido las dos causas de los uniformes, decidió no admitir la querella de Alemañ. Y éste recurrió a la Audiencia. Pero un auto de enero de 2023, la instancia superior consideró que "nos encontramos con una resolución -la del juzgado número cinco- plenamente motivada en la que la Juez a quo, desestimando el recurso de reforma interpuesto por la representación procesal del Sr. Alemañ Bonet, reiteró la inexistencia de indicios de criminalidad que justifiquen la admisión de trámite de la querella y la iniciación de la instrucción". La Audiencia consideró que "la sala que enjuicie dicho procedimiento, deberá valorar, si así fuera planteado por la defensa. Es decir, que las dudas o supuestas anomalías en la obtención de las pruebas se deberán plantear en el juicio de la causa, y no con un procedimiento paralelo.
La base documental del caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola son los correos electrónico que la Udef interceptó a los acusados, especialmente, a representantes de las empresas suministradoras del material textil y los agentes bajo sospecha. Así, según publicó en su día Alicante Plaza, muchas de las comunicaciones con el entramado de las empresas Riera -suministradoras de los uniformes- se hacía desde la cuenta de correo de la empresa organizadora de eventos deportivos ChipLevante, cuya cabeza visible es (era) el oficial Roque Alemañ.
Según la documentación a la que ha tuvo acceso Alicante Plaza, existen numerosas comunicaciones entre Alemañ y la comercial de la empresa Almacenes Riera realizadas desde el correo chiplevante@gmail.com, que posteriormente, con la detención de todos los implicados, fue cancelada. Pero es que, además, desde la dirección de correo electrónico que tenía asignada Alemañ como agente del ayuntamiento también hay muchas gestiones o comunicaciones que tenían más relación con la gestión de las carreras que con su actividad meramente profesional.
Así, por ejemplo, hay un correo remitido el 28 de julio de 2014, en el que Roque Alemañ, desde su cuenta profesional del ayuntamiento santapolero, comunica que está de vacaciones y que si necesitan alguna urgencia y tiene que ver con la gestión de carreras que se pongan en contacto con la cuenta del Club de Atletismo de Santa Pola, de la que era presidente, pero a la atención de Pedro; si la cuestión tiene que ver con las inscripciones, lo redirige a ChipLevante, a la persona de Vicente, y si tiene que ver con la página web de ChipLevante, a Tomás.
Existe también correos en los que Alemañ habla de carreras deportivas con Isabel Amorós, la comercial de la empresa Uniformes Riera, para que le recoja material deportivo, o para que no sobrepase el límite para la contratación a través de la fórmula de negociado sin publicidad para el suministro de material para la uniformidad de la Policía. La fórmula del negociado sin publicidad permite presentar tres ofertas y elegir una en función del precio. En algunas de estas contrataciones, Uniformes Riera presentaba ofertas con otras filiales de su matriz. Y lo hacía desde una misma cuenta de correo.
Por ejemplo, hay una primera comunicación de Roque Alemañ a la comercial de la empresas, el 26 de diciembre de 2014, en la que le avanza, ante las necesidades de nuevos uniformes, cómo se debe proceder. "Tendré que pedir tres presupuestos, pero te adelanto esto a ti nada más para que estudiemos que podemos hacer". Sigue el texto: "Valóramelo a ver si hubiera suerte y entrara dentro de la adjudicación directa y diése más margen de maniobra". En otra comunicación, la comercial de Almacenes Riera le comunica a Alfonso Aracil que ha decidido subir los precios de los productos servidos de forma unilateral para cuadrar la diferencias que se que debían. "Te he subido los precios para cuadrar las diferencias que se debían", dice textualmente en un correo remitido. Y según el contexto en el que se produce se entiende que la comercial de Almacenes Riera aumenta de manera literal el precio de los productos para cuadrar la cantidad pendiente de servir de otro pedido o de devoluciones. Todas estas pruebas deberán ser refrendadas en la vista oral y ante los protagonistas del supuesto amaño.
