El eterno debate de la limpieza en Alicante: PP y Vox rechazan fiscalizarla frente a la izquierda

ALICANTE. La prestación del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y tratamiento y eliminación de residuos vuelve a copar parte del protagonismo político en el primer pleno del nuevo mandato 2023-2027 a colación de otra iniciativa promovida por el grupo municipal del PSOE en la que se reclama la creación de una comisión de seguimiento sobre la situación de los contratos que regulan esos servicios. El primero de ellos, el de la limpieza viaria, pendiente de la incorporación de la nueva concesionaria (UTE Netial), el próximo septiembre. Y el segundo, el del tratamiento de residuos y gestión del vertedero de Fontcalent, en pleno proceso de concesión de la última prórroga prevista en el contrato actual, de 2013, a la espera de que pueda convocarse un nuevo concurso.

El edil socialista Raúl Ruiz ha argumentado que esa comisión resulta necesaria "porque la ciudad está más sucia que nunca" y porque, según ha considerado, "se necesita claridad" respecto a la situación de los contratos de los servicios relacionados con la gestión de residuos. En esta línea, ha cuestionado al edil del área, Manuel Villar, sobre el gasto asumido para la construcción del subparque logístico previsto en Playa de San Juan, que sigue pendiente de construcción pese a que se ha anticipado el pago de un millón de euros, a través de las certificaciones mensuales.

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha anticipado su respaldo a la iniciativa, tras recordar que los ediles de la confluencia previa (Unides Podem EU) ya plantearon esa propuesta el pasado mandato "y quedó rechazada" por el equipo de gobierno, el extinto bipartito compuesto por PP y Ciudadanos (Cs). Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, también ha avanzado su respaldo a la propuesta tras insistir en el estado de "suciedad" en el que, a su juicio, se encuentra la ciudad, con menciones a la aparición de "ratas" y recalcar los pagos realizados a la concesionaria actual, UTE Alicante, participada por Enrique Ortiz.

Por Vox, el edil Óscar Castillo, ha expresado la preocupación de su partido por la limpieza de la ciudad, y ha dicho compartir el fondo de la iniciativa del PSOE, aunque ha considerado que, con ella, los socialistas tratan de "montar un circo", después de que en el mandato precedente ya se hubiese constituido una comisión similar. Además, ha considerado que la labor de la oposición no es fiscalizar la contrata.

Por su parte, el edil de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, ha tratado de corregir las apreciaciones formuladas por Ruiz para insistir en que la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos se renueva el próximo mes de septiembre, sin que se haya recurrido a la última prórroga todavía posible, frente a las extensiones del servicio que se está acordando en otros municipios próximos. 

Además, ha insistido en la mejora en los datos de recuperación de residuos, en la modernización de las instalaciones de la planta de tratamiento, así como en la ampliación de la vida útil del cuarto vaso de vertido. De igual modo, ha anticipado la incorporación de nueva maquinaria, el incremento de baldeo o la fijación de nuevos criterios objetivos para el control de la limpieza con refuerzo en barrios como el Pla y Carolinas "que reconocemos que necesita mejoras". Por último, ha insistido en las campañas de concienciación desplegadas hasta ahora y ha lamentado que se dirijan críticas frente a los que limpian frente a los que ensucian.

En la réplica, Copé ha incidido en la necesidad de evitar el enfrentamiento y el frentismo y ha considerado constructiva la propuesta del PSOE. Mas ha recriminado a Castillo que considerase que no es labor de la oposición fiscalizar la prestación de servicios y se ha dirigido de nuevo a Villar para afearle los pagos a la concesionaria actual de la limpieza viaria, así como la prórroga concedida por la gestión del vertedero. Así, se ha preguntado "en qué nos hemos gastado los casi 500 millones que hemos pagado a Enrique Ortiz". 

Castillo ha apuntado que la posición de Vox no significa que el equipo de gobierno disponga de un cheque en blanco, y ha recalcado que "esperamos que fiscalicen ustedes a la concesionaria, porque el trabajo que ellos realicen es su trabajo; y el nuestro fiscalizarles a ustedes". "Si los problemas continúan en el tiempo, nosotros mismos presentaremos una moción sobre este asunto", ha recalcado.

Ruiz ha subrayado la dicotomía que, a su juicio, supone que Vox comparta el fondo de la preocupación recogida en la propuesta socialista y, sin embargo, respalde al equipo de gobierno "para taparle las vergüenzas". Así, ha considerado que no procede conceder un plazo de 100 días de margen de confianza para abordar esta cuestión.

Por último, el edil de Limpieza, Villar, ha recriminado a Mas que "falte a la verdad" en cuestiones como la falta de compra de nueva maquinaria y ha asegurado que, en el momento en el que no se constate un servicio deficiente, "seremos nosotros los primeros que lo pondremos de manifiesto y actuaremos en consecuencia". "Nunca hemos dicho que estemos satisfechos con la limpieza, pero ustedes aluden a una situación que no es cierta", ha insistido.

Así, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox (17, ante la ausencia de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, por su reciente maternidad), frente a once votos a favor (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).

Emergencia climática

El pleno también ha debatido (y rechazado) una moción promovida por Compromís por la que se planteaba la creación de otra comisión sobre el cambio climático y la adaptación de la ciudad de Alicante a la emergencia climática. El portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha incidido en la necesidad de implementar medidas para paliar los efectos del cambio climático, como la apuesta por la creación de corredores verdes o la incorporación de zonas de sombra, por ejemplo.

La propuesta ha contado con el respaldo del edil de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, quien ha considerado necesaria la implantación de iniciativas que permitan reducir los niveles de contaminación. También ha contado con el respaldo del PSOE respecto al fondo del asunto, aunque no en lo que respecta a la posición de voto, a través del edil Raúl Ruiz. Sin embargo, ha recabado el rechazo de Vox. Su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha tildado la iniciativa de "otro ejemplo de intento de envenenamiento de la izquierda" sobre el cambio climático.

Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, también ha expresado su rechazo tras insistir en que las decisiones municipales las debe adoptar el equipo de gobierno, y no una comisión, y defender las iniciativas desplegadas por el ayuntamiento hasta ahora como el ahorro energético, según ha señalado. También se ha referido a la gestión de residuos para apuntar que si Alicante no dispone de nuevo proyecto de gestión sobre la planta de Fontcalent como consecuencia del retraso en su evaluación por parte de la Conselleria de Transición Ecológica durante la pasada legislatura autonómica.

En la réplica, Mas ha vuelto a defender la iniciativa al sostener que se trataría de crear una comisión acorde a la legislación con el fin de desplegar la normativa que marca la Unión Europea, por ejemplo. Además, ha recriminado a Ruiz que el PSOE defienda su ecologismo cuando plantea la ampliación del Puerto de València o la electrificación de las vías en San Gabriel. Con todo, a la postre, la moción solo ha sumado tres votos a favor (Compromís y Esquerra Unida Podem), frente a 17 votos en contra (PP y Vox) y 8 abstenciones (PSOE).

Los otros acuerdos

Con todo, durante la primera sesión del mandato también se ha debatido sobre otras decisiones de calado, como el desarrollo simultáneo de las obras de mejora peatonal y calmado del tráfico asociadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a partir de cuatro iniciativas distintas. Entre ellas, la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, a petición del PSOE, en la que ha justificado la realización de esos trabajos de forma paralela durante los meses de verano tras argumentar que esa decisión de adoptó siguiendo los informes técnicos. 

También se ha aprobado la tercera modificación de crédito del presupuesto prorrogado de 2022, por un importe de 48,7 millones para atender gastos comprometidos como la factura energética o la bonificación del servicio de transporte público en autobús, además de la subida de los sueldos de los funcionarios y la incorporación de tres millones en ayudas a pymes y autónomos, y se ha dado cuenta del balance de las denuncias impuestas al aplicar la polémica ordenanza de convivencia cívica, aprobada en febrero de 2022. Todo en una sesión marcada por la coincidencia en las posiciones de voto del PP y Vox en todos los asuntos que han requerido de votación, en sintonía con lo que ya venía sucediendo en el mandato precedente, salvo en cuestiones concretas como los proyectos de implantación de la ya citada ZBE, por ejemplo.