ALICANTE. El otoño caliente programado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante por la coincidencia en la realización de varias obras de renovación urbanística simultáneas vuelve a verse salpicado por la complejidad de su ejecución. Al margen de los retrasos generados por la crisis de suministros, y por el encarecimiento de los materiales empleados en el sector de la construcción, que ya han retrasado actuaciones como la reurbanización de la calle San Mateo (ahora finalizada), se añaden otras incidencias que han forzado a Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) a adoptar acuerdos complementarios para adaptar plazos o apremiar a las empresas adjudicatarias a cumplir sus compromisos. Al tiempo, otras iniciativas siguen sin iniciarse a la espera de que pueda concretarse un calendario definitivo para su desarrollo.
La primera de las situaciones, la de la ampliación de plazo, es la que ha tenido que adoptarse en el caso de las obras de peatonalización del eje conformado por la avenida de la Constitución y la calle Bailén. Como informó este diario, el equipo de gobierno acordó el pasado viernes una extensión de dos meses en su plazo de realización, tras incorporar algunas modificaciones de mejora en el proyecto inicial y ratificar la sustitución del arbolado existente (melias) por plataneros con el fin de evitar problemas de suciedad y generar mayores zonas de sombra, según la justificación aportada en el acuerdo, pese al rechazo que el cambio ha generado entre algunos colectivos vecinales y grupos conservacionistas.
La segunda de las situaciones afecta a la remodelación de la Plaza de San Blas, cuyas obras habrían quedado paralizadas, según ha denunciado este miércoles el grupo municipal de Unides Podem EU, o "ralentizadas", según ha explicado el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local. De hecho, ha sido el mismo Manresa quien ha confirmado que "se ha abierto un expediente informativo para determinar si corresponde acordar posibles penalizaciones" a la empresa adjudicataria, "sin riesgo de que todavía se tenga que contactar con sus responsables para saber qué ha motivado esa ralentización", según ha explicado. Las obras corren a cargo de la constructora Ecisa, que se convirtió en su adjudicataria con una oferta de 2,9 millones un plazo de ejecución de once meses.
Y el tercer escenario, el de la ausencia de calendario concreto para su desarrollo, resulta válido para varias de las actuaciones de transformación urbanística ya contratadas o en su última fase de adjudicación. Entre ellas, figura el proyecto de remodelación de la avenida de Aguilera para la implantación de un carril reservado para el tránsito de los autobuses, que sigue en fase de revisión después de que, el pasado septiembre, se acordase suprimir un carril de circulación para ampliar la anchura de las aceras, sin llegar a incorporar carril bici. El edil de Transportes, Manuel Villar, ha apuntado también este miércoles al respecto que se sigue trabajando en esa revisión para darle encaje en el presupuesto por el que ya había sido adjudicada la realización de las obras. Además, ha añadido que, como mínimo, se prevé presentar la nueva propuesta a los vecinos, después de que la asociación de residentes del barrio de Benalúa expresase su rechazo al proyecto original.
Tampoco se conoce fecha definitiva para el inicio de las obras de remodelación de la calle General Marvá (el primero de los tramos del eje comprendido entre Canalejas y las escalinatas del IES Jorge Juan) concebida con la intención de favorecer la movilidad peatonal y calmar la velocidad del tráfico, o la de la avenida de Federico Soto (el segundo de los tramos del mismo eje) para las que, este miércoles, se ha aprobado la adjudicación de los planes de seguridad y salud: uno de los últimos trámites necesarios para que se produzca la realización de toda obra.
La misma indeterminación se reproduce por lo que respecta al proyecto de remodelación de la tercera fase de La Explanada, que conlleva la generación de una nueva plaza en el llamado fondo de saco de La Rambla, o en el inicio de las obras de reurbanización del Paseo de los Mártires de la Libertad y de la calle Ramón y Cajal, pese a que se había anticipado la pretensión de darles inicio antes de que finalizase el mes de diciembre. En principio, todo parece indicar que, al menos esta última obra, estaría pendiente de coordinación entre los departamentos de Urbanismo y de Tráfico, a la espera de la elaboración de los últimos informes sobre el plan de desvíos para la circulación planteado por la empresa adjudicataria.
Lo cierto es que la imprecisión sobre el calendario de ejecución también afecta a otras intervenciones de reurbanización financiadas con aportaciones europeas por valor de cerca de 7 millones, a través del Idae, como la reurbanización de la avenida de Jijona y de la calle Sevilla, entre otras.
Por otra parte, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado este miércoles la reversión al consistorio del derecho de superficie de las cuatro parcelas agrupadas que ocupan el Centro de Oficios de la extinta Coepa, de 3.556 metros cuadrados, impulsada por la concejalía de Patrimonio. Como avanzó Alicante Plaza, este es uno de los pasos necesarios, tras el acuerdo para su cesión a Labora, y poder acometer la rehabilitación del edificio por parte de la administración autonómica para recuperar su función dirigida a la formación ocupacional.
La concejal de Empleo y Desarrollo y responsable de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Mari Carmen de España, ha resaltado, a través de un comunicado que "contar con un centro de formación para el empleo que dé servicio a las personas en situación de desempleo de la capital y la comarca es muy importante y en lo que hemos venido trabajando con Labora, que se encargará de su rehabilitación y puesta en funcionamiento, con la participación de la Aldes".
Con la cesión municipal, Labora podrá iniciar el proceso para la rehabilitación integral del edificio y la adecuación de las instalaciones. En este sentido, el acuerdo establece que el beneficiario, en este caso Labora, deberá desarrollar con carácter permanente en el inmueble cedido una actividad formativa para personas desempleadas. La parcela cedida revertirá con todas las construcciones e instalaciones existentes a posesión y propiedad municipal al cambo del periodo establecido de 50 años. El otorgamiento del derecho de superficie se formalizará en escritura pública y se inscribirá en el Registro de la Propiedad.