ALICANTE. La comisión municipal encargada de fiscalizar la gestión y compra de las 140 viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus comienza a rodar con la convocatoria de su constitución, prevista para el próximo lunes, día 23. Los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante -PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem- trabajan ahora en la presentación de los planes de trabajo que pretenden proponer para organizar el funcionamiento de las sesiones posteriores, en respuesta al requerimiento formulado por el equipo de gobierno en el mismo decreto de convocatoria.
A falta de concreción definitiva, las cuatro formaciones coinciden en un primer elemento: la solicitud de entrega de toda la documentación relacionada con la subasta del solar municipal en el que se construyó la promoción, con el expediente de concesión de la licencia de obra, y todos los informes recopilados respecto a la cuestión. Entre ellos, los que se hayan podido emitir en los tres expedientes informativos de averiguación interna incoados respecto a la participación de los dos arquitectos municipales que compraron pisos en la promoción, respecto a la exdirectora general de Organización Interna, que ha regresado a su plaza como jefa del área de Contratación, y respecto al posible acceso indebido en los expedientes de liquidación del impuesto de la plusvalía de esos pisos.
Pero, además, también coinciden en algunas de las solicitudes de comparecencias que prevén formular para que esos ponentes respondan a las preguntas que se les pueda plantear. Las cuatro formaciones (también Vox) ya han anticipado en las últimas semanas su intención de reclamar la presencia del alcalde, Luis Barcala, ante la comisión para que facilite explicaciones adicionales a las que aportó en el pleno extraordinario celebrado el pasado 5 de febrero, en las que aseguró no tener conocimiento previo de las supuestas anomalías o incompatibilidades en la compra de los pisos y atribuyó el inicio del expediente de venta del suelo al extinto tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís. Además, también mostró su empeño en perseguir el fraude, en el caso de que se demostrase que alguien pudo comprar las viviendas de forma indebida.
Además, los cuatro grupos opositores también prevén reclamar la comparecencia de la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez: una de las compradoras de las viviendas, que -según ha trascendido hasta ahora- se inscribió en la cooperativa en 2018, cinco años antes de convertirse en cargo público tras quedar incorporada como número 3 en la candidatura con la que el PP concurrió a las elecciones municipales de 2023 en una apuesta del propio Barcala por incorporar a perfiles jóvenes con cualificación profesional (es arquitecta). En ese momento, también trascendió que Gómez mantenía una relación de amistad con la familia Barcala, como también vienen subrayando los representantes de la oposición.
Al tiempo, también se prevé solicitar la presencia del exconcejal de Hacienda y Patrimonio, Toni Gallego, que presentó su dimisión en junio de 2025, después de que se constatase que el Ayuntamiento había incumplido la regla de gasto en el ejercicio económico de 2024, lo que motivó que Vox solicitase su cese -también lo hicieron el resto de grupos políticos- como condición para respaldar al PP en la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) al que quedaba obligado tras ese incumplimiento. En este caso, se pretende que aporte información sobre los motivos por los que, en julio de 2024, pasó a asumir las competencias sobre Patrimonio que hasta entonces eran responsabilidad de Gómez.
Explicaciones de funcionarios
De igual modo, se pedirá que se cite a comparecer a los dos arquitectos municipales que también compraron viviendas en Les Naus, así como a la jefa del área de Contratación, con el fin de que expliquen qué participación tuvieron en la tramitación de los expedientes relacionados con las viviendas objeto de la polémica. Además, EU Podem también plantea llamar a la jefa del área de Patrimonio, para que aporte explicaciones sobre la valoración del suelo; a la jefa de Planeamiento, para que informe sobre la calificación de la parcela y posibles modificaciones posteriores; al interventor municipal para que detalle cuál fue la supervisión del proceso de subasta, por ejemplo.
Está por ver si, entre el resto de personal municipal, también se llama a comparecer a los restantes nueve funcionarios municipales no adscritos a las áreas de Urbanismo, Patrimonio o Contratación que, según ha trascendido hasta ahora, también adquirieron viviendas en el residencial. No obstante, sí se da por hecho que se solicitará la asistencia de responsables autonómicos de la Conselleria de Vivienda para que expliquen el proceso de comprobaciones de los adquirientes, así como representantes de Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa que construyó las viviendas, para que aporten luz sobre el proceso de selección de los cooperativistas, así como expertos del Colegio de la Abogacía y del Colegio de Registradores para que informen sobre las garantías jurídicas del proceso, entre otros.
Ahora bien, está por ver quiénes de todos esos posibles comparecientes llegan a presentarse ante la comisión, ya que no todos ellos estarían obligados a hacerlo. En principio, solo los funcionarios y los cargos públicos deberían acudir a las citaciones, aunque tampoco tendrían por qué responder a todas las preguntas que se les formulen.
