ALICANTE. Convocatoria fijada. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), despeja las incógnitas y pone fecha a la sesión de constitución de la comisión municipal apoyada por el conjunto de grupos políticos representados en la corporación (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) para fiscalizar el proceso de gestión de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa promovidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar público del distrito de Playa de San Juan subastado por Ayuntamiento entre 2018 y 2022. Esa primera reunión de la comisión se celebrará el próximo lunes 23 de marzo a las 12:00 horas.

La cita servirá únicamente para que se planteen propuestas de plan de trabajo con el fin de calendarizar las próximas reuniones. De hecho, la convocatoria apremia al conjunto de formaciones políticas a aportar sus planteamientos en esa primera reunión con el fin de agilizar el desarrollo de las siguientes sesiones. "Dada la voluntad de todos los grupos de agilizar la constitución y el desarrollo de las sesiones, el presidente de la misma solicita que en la sesión constitutiva se aporte el plan de trabajo por parte de cada uno de los grupos municipales", reza la convocatoria.

Su formalización se produce solo un día después de que el representante del PP llamado a presidir la comisión, el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, apuntase que todavía no podía precisarse en qué momento se celebraría esa primera reunión constitutiva puesto que todavía seguían en curso los tres expedientes informativos de averiguación interna promovidos por el equipo de gobierno respecto a la participación de funcionarios en las decisiones municipales vinculadas con el desarrollo de la promoción de la controversia.

Como viene informando este diario, el primero de esos expedientes trata de profundizar en el papel que pudieron desempeñar los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret (esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de compra), adquirientes de pisos en Les Naus. El segundo también pretende dilucidar si la exdirectora general de Organización Interna y actual jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman, pudo adoptar alguna decisión en beneficio de sus hijos y de un sobrino que también adquirieron viviendas en el residencial.

El tercero y último aspira a concretar si alguien pudo conocer la identidad de los compradores de los pisos antes de finales de enero -cuando el área de Patrimonio emitió un informe de advertencia sobre posibles incompatibilidades o conflictos de interés- a partir de una consulta indebida (antes que correspondiese su tramitación por turno de entrada) respecto a las solicitudes de liquidación del impuesto de plusvalía. 

Hasta este miércoles, no ha trascendido si los tres expedientes se han cerrado de forma definitiva. Y, en ese caso, cuáles son sus conclusiones y si procede adoptar algún tipo de medida sancionadora o disciplinaria. Por el momento, el equipo de gobierno ya ha apartado a Nieto como representante municipal suplente en la mesa de contratación que debe resolver la adjudicación de las parcelas municipales cedidas a la Conselleria de Vivienda para la promoción de vivienda protegida en el marco del Plan Vive. Y también ha dado instrucciones a Lloret para que no participe en ningún expediente o trámite que tenga que ver con ese mismo ámbito: el de la vivienda protegida.

Licitaciones municipales para vivienda protegida

¿Qué objetivos tendrá la comisión municipal una vez constituida? En principio, la propuesta aprobada en pleno el pasado 6 de febrero comprende que esa comisión debía "evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana". En todo caso, el mismo Villar concretó, también este martes, que, respecto a las viviendas de Residencial Les Naus, la comisión se ceñiría a analizar los expedientes que quedaron bajo la competencia directa del Ayuntamiento. Es decir, el relacionado con la subasta de la parcela del Distrito de Playa de San Juan y el vinculado con la concesión de la licencia de obra posterior. 

Por lo pronto, los grupos que ejercen funciones de oposición ya han anticipado su intención de solicitar la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, para que amplíe las explicaciones que ya ofreció en el pleno extraordinario celebrado el pasado 6 de febrero al considerar que todavía persistirían aspectos por aclarar, como por qué no se reforzaron los controles respecto al destino final del suelo o si era conocedor de que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las compradoras de los pisos antes de que trascendiese la polémica.

La comisión estará formada por Villar y el actual edil de Urbanismo, Toño Peral, como representantes del equipo de gobierno; por la portavoz del PSOE, Ana Barceló, y la edil Silvia Castell; por la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, y el edil Óscar Castillo; y por los portavoces de Compromís y Esquerra Unida Podem, Rafa Mas y Manolo Copé, respectivamente. Esa comisión se suma a la comisión de investigación ya constituida en las Cortes a partir de la propuesta formulada por Vox, que fue la única que contó un respaldo mayoritario al sumar los votos de PP y Compromís (el PSPV se decantó por la abstención). Esa comisión estará presidida por la diputada alicantina de Vox, Ana Vega. Por el momento, no se ha aprobado su plan de trabajo.