ELCHE. Aunque una de las licitaciones importantes de Pimesa para el barrio de San Antón ya está activa, la del diseño del derribo del bloque 8 y el consiguiente plan para recoger enseres, vecinos del barrio siguen quejándose porque conviven con la incertidumbre de qué pertenencias podrán recoger el día que se proceda. Pero no por si se podrá entrar o no al edificio, sino por robos que aseguran que no han dejado de ocurrir. El pasado 28 de febrero cogieron a varias personas dentro de los inmuebles, por lo que alertaron rápidamente a la policía local, que se personó allí con los bomberos. Una coyuntura de la que están hastiados y dicen sentirse "abandonados" por el Ayuntamiento, con falta de información como el procedimiento ya activo para la demolición, y esperando una reunión con el equipo de gobierno que nunca llega.
A este respecto, el 28 de febrero desde primera hora de la mañana y hasta pasadas las 23, allí estuvieron los vecinos desalojados del bloque 8 haciendo guardia, así como miembros de las fuerzas de seguridad, para custodiar el inmueble y evitar posibles robos. Sin embargo, aseguran que si los agentes se retiraron sobre las 23 horas de la noche, a las 23:40 ya habían vuelto a entrar los ladrones. En este caso, serían menores que ya han sido denunciados, de los que indican que vieron cómo mujeres adultas se acercaban para salir de allí con bolsas del interior.
Desesperación por hurtos y falta de información
Los vecinos dicen sentirse "impotentes" por no poder hacer nada, aún siendo propietarios, porque no se permite la entrada hasta que no esté redactado el mencionado plan tras la ruina declarada por el Consistorio. Una de lsa vecinas, Paqui López, lamenta que están tapiadas las puertas de los postigos, todas las ventanas de las plantas bajas, y los primeros pisos, "tras varios avisos de robo que hemos dado". Pero añade que en algunas persianas de las ventanas "se han puesto tornillos para cerrarlas y que no la suban, pero se retira fácil. Las han reventado y han entrado por ahí, balcones y galerías".
Ella, que fue una de las que asistió al pleno de diciembre, asegura que "la situación sigue peor porque han entrado un montón de veces". Señala que están indignados porque no hay "consecuencias" y ahora se cumple un año de los desalojos. "No sabemos por qué están actuando así", dice en referencia al Ayuntamiento, y recuerda que hay un convenio firmado en 2014, "en el que el Ayuntamiento se compromete a hacer el mantenimiento de los edificios hasta la reubicación de las 1.095 viviendas nuevas. Estamos abandonados totalmente".
En su opinión, ve que el inconveniente con la empresa que se adjudicataria del proyecto de derribo y retirada, que ven que el tiempo va pasando, "y no recuperamos nuestras cosas, estamos invirtiendo en comprar pertenencias porque ya veremos cómo están las originales, nos tienen en una incertidumbre total".
A ello suma que han solicitado los informes de las catas de los edificios, pero no se los facilitan. "Tampoco hemos tenido reunión en alcaldía que hemos pedido", y asevera que se enteran de las novedades por la prensa. Considera además que el bloque "no está tan mal", que la grieta de marras que provocó el desalojo llevaba meses. "Y hay otros bloques en la misma situación", lo que contradice el Consistorio desde el primer momento, aseverando que los técnicos que revisaron el resto de bloques no encontraron situaciones parecidas. En todo caso, como se han tabicado los postigos, no pueden entrar otros técnicos para una segunda opinión. "Es una ruina técnica, no inminente".
Así pues, una situación difícil que sigue lastrando y desesperando a un grupo de vecinos que tiene que hacer vida por ahora fuera de su vivienda y estar alerta con vecinos de bloques colindantes para que les avisen si ven algo raro. "Mientras, el Ayuntamiento nos dice que solo hablan con la asociación San Antón Quiere Vivir, que a nosotros tampoco nos informa". Y recuerda que hay gente en casas de amigos o familia, "porque no hay un parque de vivienda para ubicarnos, y los que están en bloques nuevos están en contrato de cesión en precariedad, donde no pueden hacer nada por el tipo de contrato".
A la espera de plazos
Por ahora, en cualquier caso, ya hay uno de los procedimientos activos, aunque habrá que esperar a los tiempos de la administración. El despacho que gane el concurso público deberá entregar el proyecto de demolición en un plazo de seis semanas una vez se formalice el contrato. Después habrá que esperar algún tiempo más pues habrá que licitar la ejecución, es decir, el derribo, que se estima en una duración de cinco meses. Antes de que este empiece, la compañía que se encargue de la dirección de obra deberá definir en el plazo de un mes los trabajos previos para facilitar acceso al inmueble y retirada de los objetos personales de las viviendas.
En el último pleno del 2025, el de diciembre, un grupo de vecinos se presentó en la sesión para urgir al alcalde el poder recoger sus pertenencias, con básicamente el mismo contexto que ahora. La respuesta del regidor fue que el Ayuntamiento había puesto todo de su parte, con los realojos provisionales (en algunos casos definitivos en los pisos nuevos construidos en el barrio), con una inversión de 300.000 euros en total para mobiliario y otros gastos.
