ELCHE. Un grupo de vecinos del desalojado bloque 8 de San Antón el pasado mes de abril ha acudido este viernes al pleno extraordinario de los presupuestos para visibilizar la situación que están viviendo desde entonces. Urgen al alcalde poder recoger sus pertenencias, consideran que apenas hay actuaciones policiales y que tienen que estar pendientes de vecinos cercanos por si hay robos, y aseguran que hay otros problemas, como que no les han reasignado una vivienda nueva proporcional a las habitaciones que tenían en el bloque 8 o que tras las demoliciones, el barrio está sin luz por las noches. Las vecinas, que han aguantado toda la sesión, han planteado las cuestiones al regidor Pablo Ruz, que ha expuesto la inversión realizada desde entonces, cifrándola en más de 300.000 euros.

Más de mil firmas para rescatar sus pertenencias

Atendiendo a los medios, una de las vecinas, Paqui López, apuntaba que han recogido más de 1.200 firmas para que puedan recoger sus enseres. Señalan que echan en falta más actuaciones policiales. "Cuando pasa lo hace de pasada, y los vecinos colindantes sí que nos avisan. A veces tenemos que hacer guardias por la noche por si vemos algo extraño", ya que aseveran que han sufrido robos. Alegando, además, que le Cuerpo les informa que sin orden judicial en todo caso no pueden entrar. 

A oscuras por las demoliciones

Por su parte, otra de las vecinas, Raquel Alonso, advierte que por el bloque que ya se está derribando, "medio barrio está totalmente a oscuras. San Antón se está viniendo a abajo día a día". Y añaden, además, que han pagado dos recibos de la basura a pesar de no estar en el inmueble, contradiciendo una de las intervenciones del concejal de Hacienda Francisco Soler, que había dicho en el debate con la oposición que eso no era así. "¿Quiere que se lo enseñe? Se los enseño. Yo los he pagado. Dos, dos. Y la contribución a la que estamos obligados, pero los recibos de una basura que no estamos gestionando... No estamos mintiendo para nada". De hecho, el retirado del tendido eléctrico fue una de las primeras labores que se hizo antes de la demolición.

También solicitan una vía de comunicación "clara, porque no la hay", aludiendo a que se enteran por los medios o por redes sociales de novedades sobre la situación. Ponen de ejemplo un caso similar de Huesca, donde tras un desalojo se ha establecido un teléfono de atención a los afectados, una ventanilla única con psicólogo, o un trabajador social para que la gente afectada pueda ir directamente y resolver dudas.

Realojo en viviendas "que no corresponden"

Otra de las vecinas, Rocío González, planteaba que vive en una de las nuevas casas porque tenía derecho a ella, donde se le ha realojado, con sus padres, que son mayores, pero es una vivienda de dos habitaiciones, "cuando yo he tenido una casa de tres habitaciones y me han dado unacasa de dos habitaciones con la excusa de que no habían con tres". Asegura que le marean porque desde Servicios Sociales y Pimesa le derivan cada uno al otro. Y asegura que gente que en el bloque viejo vivía en una vivienda de dos habitaciones, por contra le han realojado en una nueva de tres. Otro vecino planteaba que al no quedar viviendas va rotando en casas de amigos o familiares. De hecho, una de las vecinas sostiene que "hay gente que no vivía en la vivienda en el momento del desalojo y ha entrado a una nueva, y gente que sí vivía no se ha realojado allí". 

En definitiva, un cúmulo de circunstancias que reflejan la dura situación para algunas de las familias tras ocho meses del desalojo. Entre lo que más les urge ahora es un protocolo con bomberos y policía para poder recoger sus pertenencias. Consideran que hay "poca transparencia y falta de información", y creen que se podría entrar por la situación de "ruina técnica, no de ruina inminente como se dijo". Por eso han ido al pleno de este mes, el último del año. Planteaban la situación al alcalde, agregando que a pesar de las ayudas, "hemos tenido que invertir, tengamos o no recursos para ello, para comprar ropa, utensilios, muebles... con esas ayudas y familiares a nuestro cargo no construimos un nuevo hogar".

El alcalde destaca el esfuerzo por el realojo rápido

Para el alcalde, en la respuesta, el asunto sobre el desalojo está claro. "Lo arquitectos municipales de Urbanismo nos dijeron que no hay debate, había que deasalojar el edificio". Ruz señala que son informes técnicos y que el gobierno estuvo en todo momento, desde esa misma noche. "Lo primero que hicimos fue alojar a las personas que tenían posibilidades de casa en sus alojamientos familiares y al resto de personas en hoteles". Y daba las cifras: se han invertido 143.00 euros en ayudas directas, 96.000 euros en emergencia social y 57.000 euros en gastos de hospedaje, "lo que eleva la inversión total de 305.000 euros destinados únicamente a los vecinos del bloque 8".

De hecho, añadía que en otros desalojos que ha habido por colapsos en el entorno del casco histórico, han explicado a los vecinos que "los recursos son limitados" y que las ayudas aprobadas para San Antón eran ex profeso, como también la actuación de Clara Campoamor ante la emergencia. Y agregaba que fueron más de veinte familias las alojadas en viviendas disponibles," siguiendo un criterio técnico basado en una lista de vulnerabilidad, elaborada por los servicios municipales". El alcalde hacía referencia a la celeridad con que se actuó, teniendo en cuenta que las viviendas libres en los nuevos edificios de San Antón, las sobrantes del proceso de realojo, eran limitadas.

Recogida de enseres cuando haya proyecto de derribo

Ruz asegura que el consistorio ha preadjudicado futuras viviendas a personas que todavía tienen su propiedad en el bloque 8 y que ya están en los bloques nuevos —de ahí las referencias de los vecinos a "contratos precarios"—, y disipaba las dudas sobre quién pagará el derribo del edificio declarado en ruina. El ayuntamiento ha consignado 420.000 euros para el derribo del edificio, a lo que añadía que en ese momento "se incluirá la retirada de los enseres de los vecinos", aunque ha precisado que "se hará cuando los arquitectos indiquen que es seguro". 

El regidor ha mostrado su compromiso público en el pleno de que se podrán retirar los enseres. E incidía en que han alojado a personas tanto en viviendas públicas del Consell, "en el barrio de enfrente, también un par en Reina Victoria... Pagamos, asumimos el pago con mucho gusto de una residencia de estudiantes en el Raval que ahora, por cierto, hemos tenido que rehabilitar como recurso habitacional para muchas personas... Y hemos tenido que asumir ese dinero todos los solicitantes y lo hacemos con gusto, porque es nuestro deber". Aquellos días se improvisaron soluciones con los medios que había de vivienda libre, de ahí el descontento de algunos realojos en viviendas que no eran las que legalmente correspondían.

En cuanto al futuro del barrio, Ruz ha anunciado que en el mes de enero se licitarán las obras del nuevo bloque de 45 viviendas, y ha asegurado que “todos los vecinos del bloque 8 tendrán derecho a una nueva vivienda”. En esa primera licitación y adjudicación se contempla el derribo del bloque 8 por 420.000 euros. Pero hasta que no se haya a adjudicado a la empresa la redacción del proyecto para la demolición, no habrá opción de rescatar enseres. Una vez esté planteado, se podría indicar cómo proceder. 

También ha resaltado, por último, que llevan dos años y medio de gobierno, que se han encontrado este problema, pero que "se solucionará" y que todos tendrán su derecho a la nueva vivienda. E informaba que de los trabajos de derribo en los bloques 11 y 14, están suspendidos a la espera del permiso para la retirada de fibrocemento. El alcalde ha defendido que la corporación local mantiene comunicación con el barrio a través de la presidenta de la asociación de vecinos y ha negado que los afectados hayan quedado desantendidos. "No les hemos dejado desamparados", zanjaba, aunque finalizado el pleno las vecinas presentes seguían discutiendo con el propio alcalde o miembros del equipo de gobierno de Vox la situación, reprochando entre otros el pago de un recibo de basura de una casa en la que no viven o que han solicitado reuniones desde hace más de un mes sin respuesta.