ELCHE. Empieza la particular cuenta atrás en el barrio de San Antón para el derribo del bloque 8, desalojado hace ahora casi un año. Y por ende, la posible y ansiada retirada de las pertenencias personales de los vecinos. El medio municipal Pimesa ha impulsado el concurso público para que una compañía se encargue de redactar el proyecto de demolición del mismo, así como la dirección de la obra. Ahora bien, dentro de estos servicios, como ya se informó, la compañía adjudicataria deberá entregar un anexo con los trabajos previos de acceso al inmueble y de recuperación de los objetos personales y particulares existentes en las viviendas. No obstante, el anexo para la entrada al edificio podría ser susceptible de ser una licitación aparta, por lo que deberá contener memoria, pliego, planos, presupuesto, estudio básico de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos. 

En general, la firma tendrá que estudiar in situ los elementos, materiales y sistemas de ejecución empleados en la construcción del edificio a demoler. Pero también identificar cualquier elemento o infraestructura que haya de ser respetada, modificada o demolida, a fin de tenerlo en consideración en la propuesta arquitectónica. También recabar y organizar los datos en relación con las edificaciones existentes en el entorno para prever la protección de las mismas durante las obras de demolición.

Asimismo, como ya se ha estado efectuando en el derribo de los bloques 11 y 14, la compañía tendrá que diseñar una demolición selectiva que permita la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales. De la misma forma, al menos el 70% (en peso) de los residuos de la construcción y demolición no peligrosos generados se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación.

Los plazos de la demolición

Para este servicio de redacción se destinarán como máximo 41.579,22 euros. El despacho que gane el concurso público deberá entregar el proyecto de demolición en un plazo de seis semanas una vez se formalice el contrato. Después habrá que esperar algún tiempo más pues habrá que licitar la ejecución, es decir, el derribo, que se estima en una duración de cinco meses. Antes de que este empiece, la compañía que se encargue de la dirección de obra deberá definir en el plazo de un mes los trabajos previos para facilitar acceso al inmueble y retirada de los objetos personales de las viviendas. 

La desesperación vecinal

Cabe recordar que en el último pleno del 2025, el de diciembre, un grupo de vecinos se presentó en la sesión para urgir al alcalde el poder recoger sus pertenencias. Como habían hecho en anteriores ocasiones, consideraban que apenas había actuaciones policiales y que tenían que estar pendientes de vecinos cercanos por si había robos. Además de otras quejas como que se les había asignado una vivienda que no era proporcional a las habitaciones que tenían en el bloque 8 o que tras las demoliciones, el barrio estaba sin luz por las noches. La respuesta del alcalde fue que el Ayuntamiento había puesto todo de su parte, con los realojos provisionales (en algunos casos definitivos en los pisos nuevos construidos en el barrio), con una inversión de 300.000 euros en total para mobiliario y otros gastos.

Los y las vecinas recogieron más de 1.200 firmas para presionar y que pudieran recoger sus enseres, lo que hasta ahora no se ha podido acometer por informes técnicos que advertían de la posibilidad de colapso. Ahora será la compañía que diseñe el derribo la que tendrá que proponer los trabajos previos para que se puedan retirar los enseres personales de las 61 personas desalojadas.

En cuanto al inmueble, situado en la calle Palombar nº1, 3, 5 y 7, consta de planta baja y 4 plantas piso con un total de 77 viviendas y 5 locales. Según la información catastral tiene una superficie gráfica de la parcela es de 1.119 metros cuadrados en cada planta y el año de construcción es 1961.