ALICANTE. No habrá paz para los compradores que pudieron cometer fraude a la hora de adquirir un piso en la promoción de viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. La Conselleria de Vivienda instará la nulidad de las escrituras de compra de esos casos en sede judicial tras instruir los correspondientes expedientes de lesividad con la intención de revocar los visados de los contratos validados de forma incorrecta. Es decir, los que se aprobaron respecto a socios cooperativistas que superaban el nivel de renta establecido en el decreto 180/2024 por el que se regulan las condiciones de acceso a una VPP: básicamente, no disponer de ingresos anuales superiores a los 54.600 euros (6,5 veces el IPREM en 14 pagas), que pueden incrementarse por encima de los 60.000 euros en determinados supuestos (tener hijos menores o mayores a cargo).
¿Cuántos casos se encontrarían en esa situación de incumplimiento? El informe sobre la comprobación de los visados elaborado por el departamento autonómico concreta que serían seis los socios cooperativistas que superaban ese umbral máximo de ingresos, tras computar la renta obtenida por todos los miembros de la misma unidad familiar conviviente. Además, también se detectó que otros tres adquirientes de los 140 pisos de la promoción no habían aportado la documentación adicional que se les había reclamado, por lo que no se había podido verificar si cumplían o no los requisitos para comprar una VPP. En principio, podría presumirse que esa omisión de información pudo ser deliberada, ante el hecho de que esos propietarios pudieron asumir que no se ajustaban a esas condiciones de adquisición.
Dos de esas compradoras que no aportaron información adicional fueron la arquitecta municipal Elsa Lloret, esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los contratos (ya sancionado sin empleo y sueldo), y la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez, que trabajó como interventora de la Generalitat hasta septiembre de 2025. Se da la circunstancia de que las dos también han comunicado su intención de desistir de la compra de esos pisos tras elevar consultas sobre cómo proceder para tratar de desprenderse de ellos. En su conjunto, es una posición en la que se habrían manifestado al menos cinco socios cooperativistas en total (las dos altas funcionarias y otros dos adquirientes que no ejercen ningún cargo ni empleo público).
No obstante, como ya ha informado este diario, no existe un mecanismo de desistimiento por el que puedan renunciar a esos pisos, de forma que esos propietarios solo podrían recurrir a una venta a un tercero que cumpliese los requisitos económicos para comprar un VPP, y cerrar un acuerdo por el mismo precio de la primera adquisición. Ese acuerdo debería comunicarse a la Conselleria de Vivienda que, solo en ese momento, tendría a su alcance la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo para convertirse en propietaria de esos pisos.
Primero los juzgados
En principio, la pretensión del departamento autonómico que coordina la vicepresidenta primera Susana Camarero es ceder ese derecho al Ayuntamiento de Alicante para que sea quien se convierta en el nuevo propietario de esos pisos, de forma que pasen a formar parte del parque municipal de vivienda. En esta línea, ya se ha anunciado la firma de un convenio de colaboración -todavía sin fecha más de un mes después- para regular esa cesión del derecho preferente de compra a la administración local.
Eso sí, todavía queda un largo recorrido por delante para que pueda producirse ese escenario. Primero, porque la compra de las 140 viviendas está ahora bajo el escrutinio de la justicia en las diligencias penales que instruye la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante y no se podrá adoptar ninguna decisión sobre una posible transmisión de esos inmuebles hasta que se dilucide primero si pudo existir delito en su promoción y compra, según insisten fuentes del departamento autonómico, a consulta de Alicante Plaza. Y segundo, porque en los casos en los que se haya constatado un posible fraude por parte de los compradores, será la propia conselleria quien inste la nulidad de su compra inicial, en un contencioso-administrativo posterior al cierre de la causa penal, sin que entre tanto quepa la posibilidad de una venta a un tercero, ni la opción de que se ejerza el derecho de tanteo.
Por lo pronto, como también ha informado este diario, el informe de comprobación de las condiciones económicas de los adquirientes obra ya en poder del juzgado que instruye diligencias penales sobre las supuestas anomalías detectadas en la gestión y compra de los pisos. Hasta el momento, la instructora no ha ordenado la práctica de ninguna prueba adicional, al margen de solicitar al Ayuntamiento, a la Conselleria de Vivienda y a la cooperativa Residencial Les Naus la entrega de copia de todos los expedientes relacionados con la promoción objeto de controversia. Al margen de ello, solo ha puesto esa documentación -ya entregada- en manos de la Udef para que emita informe sobre las condiciones económicas de los adquirientes de los pisos, como también había solicitado la Fiscalía Anticorrupción al registrar su propia denuncia en relación a los hechos.
