ALICANTE. El informe de comprobaciones elaborado por la Conselleria de Vivienda respecto a las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante en un proceso que se extendió entre 2018 y 2022 (tras una primera paralización) concluye que seis de los socios de la cooperativa Residencial Les Naus -la promotora de los pisos- no cumplen los requisitos económicos establecidos en el decreto 180/2024 en el que se regulan las condiciones de acceso para una VPP. Básicamente, no disponer de ingresos económicos anuales superiores a 6,5 veces el IPREM en 14 pagas (el equivalente a 54.600 euros, ampliables en determinados supuestos, como tener menores o mayores de edad a cargo), y no contar con otra vivienda en propiedad.

Además, según ha podido confirmar este diario, ese informe precisa que otros tres adquirientes de los 140 pisos que conforman la urbanización (provista de piscina y pistas de pádel, entre otros servicios comunes no habituales, aunque tampoco exclusivos de esta promoción de VPP) no aportaron la documentación adicional que se les requirió en el proceso de revisión del visado de sus contratos (entre los que figuraban la arquitecta municipal y la exinterventora de la Generalitat y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant), después de que se constatase la omisión de información relacionada con los cónyuges de los compradores, que también debían computar en la medida en que forman parte de la misma unidad familiar conviviente.

Se trata de la situación que se detectó respecto al funcionario del Servicio Territorial de Vivienda en Alicante que visó los 140 contratos respecto al caso de su propia esposa, que, además, trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante, para quien validó el acuerdo de compra sin tener en cuenta sus propios ingresos económicos (los de él). Dicho funcionario ya ha sido suspendido de empleo y sueldo por el departamento autonómico, que, además, dio traslado de ese presunta irregularidad a la Fiscalía para que se dilucidase si podía ser constitutiva de delito.

Ahora, esa revisión del conjunto de los casos en los que se había apreciado falta de documentación (trece inicialmente, aunque ampliado a más casos no limitados solo a los supuestos en los que se había alegado separación de bienes, según fuentes consultadas) ya ha sido trasladada al juzgado que instruye la causa sobre las supuestas anomalías detectadas en la gestión y compra de los pisos del polémico residencial, junto a todos los expedientes y la información requerida por su jueza titular, a instancias de la petición cursada por la Fiscalía Anticorrupción en la denuncia propia que acabó registrando tras analizar los cuatro escritos de manifestaciones de hecho que se presentaron ante la Fiscalía en relación a los pisos de Residencial Les Naus. Se trata de los planteados por Sumar, por el PSOE, por el equipo de gobierno de Alicante, del PP, y por Vivienda. Por su parte, la organización Manos Limpias optó por presentar una denuncia directamente en los juzgados, que fue la que motivó finalmente la apertura de diligencias de investigación judicial. El auto de incoación de esas diligencias propició que Anticorrupción derivase sus diligencias de investigación preliminar al juzgado, acompañándolas de denuncia propia, como informó este diario.

A su vez, el juzgado ya ha remitido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) el conjunto de la documentación solicitada al Ayuntamiento de Alicante, a la Conselleria de Vivienda y a la cooperativa Residencial Les Naus en relación a los expedientes de los 140 pisos, con el propósito de que elabore su propio informe sobre las condiciones económicas de los adquirientes: otra de las solicitudes planteadas por Anticorrupción.

Comisiones de investigación 

Entre tanto, este jueves quedó constituida la comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts, bajo la presidencia de la diputada de Vox Ana Vega. En esa misma jornada, la consellera de Vivienda, Susana Camarero, tuvo que responder en les Corts, igualmente, a preguntas relacionadas con la gestión de las VPP. En su intervención, señaló -como ya había hecho el alcalde, Luis Barcala, en su comparecencia ante el pleno- que el expediente de la subasta del solar en el que se construyeron las viviendas arrancó en el año 2016 bajo el mandato municipal del extinto tripartito formado por PSOE, Guanyar y Compromís. Y aseguró que el proceso de gestión de esas VPP se había regido íntegramente por la regulación recogida en los decretos de 2021 y 2023 elaborados por el Consell del Botànic. Al respecto, señaló que en el decreto de 2021, ya se eliminaron "los principios de igualdad, publicidad y concurrencia del procedimiento de adjudicación" que se recuperaron en el decreto de 2024, según añadió, y que, en el momento de constitución de la cooperativa Residencial Les Naus (2018), no se comprobó quiénes eran sus integrantes ni si cumplían los requisitos para acceder a una VPP. No obstante, fuentes consultadas a colación de la intervención de la conselleria apuntan que la promoción de Residencial Les Naus solo se acogió al último decreto del Botànic (el de 2023) en lo que respecta al precio máximo del módulo de construcción de vivienda protegida (2.200 euros el metro cuadrado), mientras que los requisitos económicos que se aplicaron fueron los del decreto de 2024.

Sea como fuere, Camarero defendió que su departamento actuó con celeridad cuando se detectaron las supuestas anomalías al promover una revisión de los expedientes, lo que derivó en la detección del comportamiento supuestamente irregular del funcionario que visó los contratos, al que se suspendió de empleo y sueldo por haber validado el contrato de su mujer, así como el de algunos "amigos", lo que propició que se elevase denuncia a Fiscalía. Y, además, anunció que su departamento también iba a abrir una investigación respecto a la promoción de VPP del barrio de La Torre de Valencia, tras detectar posibles irregularidades en la compra de una vivienda por parte del exdirector del Instituto Cartográfico de Valencia del Gobierno del Botànic, Xavier Navarro, para "comprobar si adquirió la vivienda sin tener derecho y si existen más casos similares y, en función de los resultados, adoptaremos las medidas que correspondan", apuntó.

Al margen de esa comparecencia, y de la constitución de la comisión de investigación en Les Corts, todavía debe aprobarse la constitución de la comisión municipal de fiscalización respecto al papel desempeñado por el Ayuntamiento de Alicante en la promoción objeto de la controversia. En principio, se espera que quede constituida durante la próxima semana, después de que se complete la instrucción de los tres expedientes de averiguación de hechos incoados por la Concejalía de Recursos Humanos sobre la posible intervención irregular de funcionarios municipales en los acuerdos vinculados con las VPP. En todo caso, el alcalde, Luis Barcala, apuntó también este jueves que esos expedientes eran de carácter informativo, que no se preveía adoptar ninguna medida sancionadora salvo que se detectase irregularidades, y que no se trataba de llevar a cabo ninguna "caza de brujas" para tratar de identificar a un presunto filtrador de la identidad de los compradores de los pisos: el aspecto que dio origen a la polémica.