ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ejercerá la acusación popular en la causa que instruye la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022.

La magistrada responsable de la instrucción ha dictado una providencia por la que admite que el grupo político sea parte en las diligencias, después de que la formación política haya depositado la fianza que le requirió para acceder a su petición en una providencia anterior, con fecha 3 de marzo de 2026. En concreto, en esa primera resolución, instó al PSOE a presentar querella y a aportar un aval de 3.000 euros. Es decir, la misma posición que había adoptado respecto a Manos Limpias: la organización que presentó denuncia ante el juzgado de guardia que dio paso a la apertura de la investigación judicial.

Por el momento, el PSOE es el único que ejercerá la acusación popular en las diligencias, toda vez que Manos Limpias optó por recurrir el importe de la fianza que se le había solicitado. En principio, todo parece indicar que esta organización también podría acabar depositando ese aval, en el caso de que se rechace su último intento de rebajar la cantidad que se les demanda (los citados 3.000 euros).

Al margen de ello, el Ayuntamiento de Alicante también ha confirmado su intención de personarse en el procedimiento para ejercer la acusación particular como parte interesada y directamente afectada por las supuestas anomalías objeto de la instrucción, en tanto que las viviendas objeto de escrutinio judicial se construyeron sobre suelo municipal subastado con el propósito de que se destinase a la construcción de vivienda protegida para compradores que cumpliesen los niveles de renta establecidos en la legislación, no a otros adquirientes que excediesen de esos límites.

Eso es lo podría haber sucedido al menos en seis casos, a partir de los informes elaborados por la Conselleria de Vivienda tras la revisión de los visados de los 140 contratos de compra. Además, figurarían otros tres casos en los que los socios cooperativistas que compraron las viviendas no aportaron la documentación adicional que se les requirió, por lo que no se habría podido verificar si cumplían o no los requisitos de renta delimitados para comprar una VPP.

Denuncia en Fiscalía

El grupo municipal del PSOE registró una de las primeras denuncias o manifestaciones de hechos ante la Fiscalía días después de que trascendiese la identidad de algunos de los compradores de los 140 pisos de la promoción, entre los que figuraba la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, y dos arquitectos municipales, Francisco Nieto y Elsa Lloret (esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los contratos), además de otros nueve funcionarios no vinculados con las áreas de Urbanismo, Contratación o Patrimonio. 

En ese escrito, el PSOE apuntaba que, a partir de la documentación a la que había tenido acceso, la venta de la parcela municipal en la que se levantó la promoción, y el proceso de adjudicación de las viviendas construidas, se podía apreciar indicios de cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal.