ALICANTE. Las diligencias de investigación judicial instruidas por la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante para tratar de desentrañar las presuntas irregularidades en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 suman un actor más. Se trata del Ayuntamiento de Alicante que pretende personarse en el proceso como acusación particular. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha dado instrucciones al servicio de Asesoría Jurídica Municipal para que se tramite la solicitud de personación con la finalidad de ejercer la defensa del interés general, según precisan fuentes consultadas.

Los populares venían sopesando la posibilidad de dar ese paso desde hace cerca de dos semanas. Y finalmente se ha tomado la decisión con el mismo propósito de actuación que han venido defendiendo sus representantes desde que estalló la polémica: garantizar que las viviendas construidas queden en manos de compradores con los niveles de renta límite establecidos para el acceso a una VPP. De este modo, se pretende velar por el cumplimiento del objetivo con el que se puso a la venta la parcela municipal del distrito de Playa de San Juan y, así, poder instar la nulidad de los contratos de compra de los pisos, en el supuesto que de la instrucción se determine que pudo cometerse algún delito o fraude de ley. Esa es, de hecho, la posición que volvió a mantener este viernes el alcalde, Luis Barcala, en una entrevista concedida a Radio Alicante Cadena Ser.

Por el momento, como ha informado este diario, el informe de comprobaciones elaborado por la Conselleria de Vivienda tras hallar omisiones de información en la documentación aportada por algunos de los socios de la cooperativa reflejaría que seis de esos adquirientes no cumplirían los requisitos económicos regulados para acceder a una VPP y que otros tres no habrían llegado a facilitar la información adicional que se les había reclamado, por lo que no se habría podido verificar si los cumplen. Entre esos tres últimos casos, se incluyen la exinterventora autonómica que regresó a su plaza como tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant en 2025, y la arquitecta municipal, esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los contratos de los 140 pisos, ahora suspendido de empleo y sueldo después de que el departamento autonómico detectase que había validado el contrato de su mujer sin computar sus propios ingresos económicos (los de él) a pesar de ser miembro de la misma unidad familiar conviviente.

Parte interesada y/o afectada

La pretensión del equipo de gobierno sería la de poder ejercer la acusación particular en la causa tras argumentar que el Ayuntamiento sería parte interesada o afectada por las supuestas irregularidades que se investigan en tanto que las viviendas se construyeron sobre suelo municipal que tenía un uso finalista: la promoción de VPP. No obstante, está por ver si la jueza responsable de la instrucción asume ese argumento o si, por el contrario, considera que el ayuntamiento perdió toda vinculación con ese bien patrimonial -y, por tanto, hubiese dejado de ser parte interesada- desde el momento en el que se produjo su venta, sin que, después, hubiese participado en la selección de los compradores o en la comprobación de sus requisitos.

Lo cierto es que, hasta ahora, la instructora ha seguido un criterio estricto respecto a las solicitudes de personación ya registrados como el de la organización Manos Limpias o el del grupo municipal del PSOE. En ambos casos, ha solicitado el registro de querella y la aportación de fianza de 3.000 euros para que pudiesen ser admitidos para ejercer la acción popular. Manos Limpias presentó su querella hace semanas -después de haber presentado la denuncia que motivó la incoación de diligencias- y ahora prevé presentar recurso de apelación frente a la exigencia de ese aval. El grupo socialista, por su parte, estaría analizando los pasos a seguir a partir de ahora. 

Por ahora, se desconoce si la Conselleria de Vivienda estaría dispuesta a ejercer también la acusación particular en las diligencias, después de haber presentado denuncia en Fiscalía respecto al comportamiento supuestamente irregular del funcionario de su servicio territorial ya expedientado. Como mínimo, tanto el Ayuntamiento como la conselleria sí han reiterado su intención de prestar toda la colaboración al juzgado para esclarecer los hechos, tras presentar la documentación que ya se les ha requerido.