ALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, vuelve a dar por descartada su dimisión tras el estallido de la crisis de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus, tras insistir en que cuenta con el respaldo del PP tanto de la dirección regional como de la nacional. Así lo ha asegurado en una entrevista concedida a Radio Alicante, en la que, además, ha insistido en que el ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para evitar que las 140 viviendas de ese residencial queden en manos de propietarios que superen los requisitos de renta, y en la que ha prometido que se revisarán los pliegos de los procesos de promoción de vivienda pública que impulse el ayuntamiento de forma directa para garantizar que las viviendas lleguen a quienes las necesitan, sin posibilidad de fraude.

En realidad, se trata en gran parte de las piezas del discurso que ha venido manteniendo desde que se conoció la identidad de algunos de los compradores de esos pisos, entre los que figura la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que ha regresado a su plaza como jefa del área de Contratación; de dos arquitectos municipales, y de la madre de las hijas del ya exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez, que ejerció como asesor municipal en el pasado mandato. Con todo, en los más de 30 minutos en los que se ha prolongado la entrevista, sí ha apuntado dos elementos novedosos: que fue un "error" que la exconcejal de Urbanismo no informase de que era una de las cooperativistas que optaban a uno de los pisos, y que, vistas las circunstancias actuales, si pudiese retroceder al pasado, habría endurecido los controles al alcance del ayuntamiento para evitar que alguien que superase los requisitos de renta económica pudiese comprar las viviendas. 

Eso sí, ha reiterado que el expediente sobre la subasta del solar municipal en el que se construyeron las viviendas se inició en 2016, bajo el mandato del tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, y que fue entonces cuando se delimitó que las viviendas se construirían por gestión indirecta, por parte de un promotor externo, y no por parte del Ayuntamiento. Y, además, también ha reiterado que el Ayuntamiento solo tenía competencias sobre el proceso de venta del solar, sobre la concesión de la licencia de obra, y sobre la supervisión de que el suelo hubiese tenido el fin previsto: la construcción de VPP. Así, ha recalcado que era la cooperativa Residencial Les Naus la encargada de seleccionar a los compradores y de comprobar que cumplían los requisitos para acceder a una VPP, y que después era la Conselleria de Vivienda quien debía revisar que, en efecto, esos compradores cumplían las condiciones para poder comprarlas. Y no solo eso. También ha recordado que fue él el primero que reclamó que se adoptasen las modificaciones normativas necesarias para evitar que pudiesen producirse compras fraudulentas en lo sucesivo, lo que habría propiciado que el Consell ya haya manifestado su intención de modificar las condiciones para la compra de las VPP que se construyan en el marco del Plan Vive.

En primer término, el primer edil ha considerado que para él, la vivienda "es un derecho" y que las administraciones tienen "la responsabilidad de que se puedan poner en el mercado viviendas de todas las tipologías a disposición de la ciudadanía. Al respecto, ha señalado que "hay que combatir las irregularidades" que se habrían registrado tanto en el caso de las viviendas de Les Naus como en otras promociones desarrolladas en otros puntos del país, por lo que ha considerado que existe un problema "de sistema". Sobre el caso concreto de Les Naus, ha negado que se pueda considerar que "una parte significativa" de los compradores estén vinculados al PP, para enumerar que se trataría de siete casos. En todo caso, ha considerado que se trataba de "un escándalo" y que, por ello, al tener constancia de ello, se tomaron decisiones como la presentación de dimisiones o la apertura de expedientes informativos respecto a la posible participación indebida de funcionarios en los expedientes relacionadas con las VPP. 

Después, ha recordado que, en 2018, el PP ya paralizó el concurso e intentó modificar la cláusula de desempate prevista en el pliego para introducir la fórmula del sorteo, pero que, finalmente, fue el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) quien dio la razón al recurso presentado por Residencial Les Naus y mantuvo la condición por la que se primaba a la propuesta que se presentase en primer lugar. Además, ha insistido en que el papel del ayuntamiento, una vez vendida la parcela, era el de velar por el objeto de la subasta: comprobar que se cumplía el interés general con la compra de las viviendas protegidas. Así, ha sostenido que, al tener constancia de la identidad de los compradores, se decidió acudir a Fiscalía. 

Al ser preguntado sobre si volvería a actuar del mismo modo, en el caso de poder retroceder en el proceso, ha sostenido que "los trámites administrativos se han hecho perfectamente" para señalar que ninguno de ellos ha sido objeto de denuncia en el juzgado, como tampoco nadie había planteado ningún reproche respecto a la concesión de 24 viviendas sociales acordadas por el Patronato de Vivienda la semana pasada. "Ahora estamos con el Plan Vive, en el que el ayuntamiento cede parcelas a la conselleria para que se construya VPP, y lo primero que exigí después de todo esto es que había que cambiar las normas y reforzarlas; eso es lo que pedí y lo que el presidente Pérez Llorca se ha comprometido a hacer", ha recalcado. Al tiempo, ha sostenido que el ayuntamiento estaba revisando los pliegos del concurso sobre la subasta de la parcela de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, también destinada a la construcción de VPP, con el fin de endurecer los controles y las condiciones de compra de los futuros pisos.

Aprender de lo que ha pasado

Y, pese a que inicialmente ha sostenido que "él no tenía por qué presumir que se iban a hacer trampas" en el caso de la compra de las viviendas de Les Naus, ha apuntado que "si volviéramos atrás, sabiendo lo que sabemos, en ese pliego probablemente habríamos endurecido determinadas circunstancias, pero siempre sujeto a que la normativa que lo regula no es municipal". Así, ha señalado que "tenemos que aprender de lo que ha pasado y lo exigí desde el primer minuto; no podemos permitir que se puedan hacer trampas", por lo que ha defendido que "el ayuntamiento no va a promover vivienda pública sin endurecer las medidas para el control de las personas, para que las viviendas lleguen a quien tienen que llegar". 

Sobre el momento en el que tuvo conocimiento de que la exedil de Urbanismo era una de las compradoras de los pisos, y sobre por qué le retiró las competencias de Patrimonio en 2024, ha sostenido que ya había ofrecido explicaciones en su comparecencia en el pleno. En este sentido, ha recalcado que la jefa de Patrimonio emitió un informe dos días antes de que trascendiesen los hechos a través de los medios de comunicación, en el que se daba cuenta de la identidad de algunos de los compradores, entre los que figuraban Gómez. Entonces, según ha explicado, ordenó que se instruyese un expediente de averiguación de hechos para verificar toda la información y, simultáneamente, que la Asesoría Jurídica preparase una denuncia por si pudiese inferirse algún tipo de delito. El primer edil ha explicado, igualmente, que las compras de los pisos mediante la firma de las escrituras se realizaron entre julio, agosto y septiembre de 2025. En concreto, la de Gómez se produjo en septiembre, cuando estaba de baja por su embarazo, y no lo comunicó porque "entonces no iba ni al ayuntamiento". 

Respecto a la posibilidad de que lo hubiese comunicado con antelación, puesto que se inscribió en la cooperativa en 2021, Barcala ha señalado que en ese momento no era concejala y que no es lo mismo "tener una expectativa de derecho" por inscribirse en una cooperativa, que comprar el piso con la firma de la escritura. De nuevo, ha sostenido que el funcionario de la Conselleria de Vivienda fue quien no revisó correctamente la documentación de los adquiriente y ha lamentado que se "me pidan a mí unas responsabilidades sobre las que el ayuntamiento no tiene competencias y no interviene". Además, ha sostenido que no era previsible que sucediese lo que ha sucedido cuando se incorporó a Gómez en la candidatura electoral, aunque ha reconocido que le honra el hecho de que presentase su renuncia cuando se constató una pérdida de confianza, como sucedió con el caso de la exdirectora general de Organización Interna. Igualmente, ha reiterado que ya se había puesto a disposición de la comisión de investigación de las Cortes para ofrecer las explicaciones que resultasen necesarias.

Respecto a la petición de responsabilidades políticas, ha sostenido que no había escuchado a nadie de Compromís exigir responsabilidades por el caso del director del Instituto Cartográfico Valenciano que también compró una VPP en una promoción de Valencia pese a disponer de un sueldo de 63.000 euros. Además, ha sostenido que no puede compararse como ejemplo de exigencia de responsabilidad política la situación de José Luis Ábalos o de Santos Cerdán, investigados y hasta encarcelados por el supuesto cobro de comisiones ilegales, sobre casos en los que el PP ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez, con el de una concejala que "cometió un error evidente al no decir y al optar a una vivienda protegida que ha dimitido por esa razón". "Estamos haciendo unas comparaciones que no tienen parangón", ha indicado. 

El primer edil también se ha pronunciado respecto a las manifestaciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien, este jueves, tildó el caso de la cooperativa de Les Naus de "horrible", para sostener que él compartía esa repugnancia. "Es que yo me avergüenzo y me he propuesto que va a caer quien tenga que caer en este tema, y me he propuesto que nadie que no tenga derecho a estas viviendas pueda quedárselas". En este sentido, ha recalcado que "me personé en Fiscalía y nos personaremos también" ante el juzgado, ha abundado. "Voy a ejercitar las acciones necesarias; estamos a punto de firmar el convenio con la Generalitat para poder ejercer el derecho de tanteo y retracto", ha insistido, y ha señalado que, en el caso de que se detecte un posible delito o un fraude de ley, "voy a ejercer la nulidad para que esas ventas se retrotraigan". 

Respecto a su futuro político, ha señalado que "ahora no es el momento" de hablar de su posible candidatura a las elecciones de 2027, para señalar que "eso ahora no toca" porque "el partido tiene sus tiempos". En este sentido, ha señalado que "hasta el día de hoy, me remito a las declaraciones del presidente regional" y a las del "secretario general Miguel Tellado" respecto a su respaldo. "Tengo su absoluto respaldo concreto y estamos haciendo lo que hay que hacer", ha zanjado, respecto a la polémica de las VPP.

Igualdad, ZAS y centro de congresos

Sea como fuere, la entrevista no ha versado únicamente sobre la controversia de las VPP. Barcala también ha defendido las iniciativas desplegadas por el equipo de gobierno para promover la igualdad de género, frente a las críticas de las formaciones de izquierda. "Hay muchas maneras de garantizar que la igualdad sea real, y nosotros estamos trabajando en unas líneas en las que vemos un resultado satisfactorio; comprendo que a la izquierda le gustaría que pusiese en marcha sus estrategias, pero es que no soy de izquierdas", ha dicho, para recriminar la "hipocresía" de algunos de sus representantes y de atribuirles "un feminismo de pancarta". 

En segundo término, también se ha referido al control al ruido en zonas como el Casco Antiguo, para señalar que en las últimas tres semanas se han elevado 192 denuncias que se han elevado a la Generalitat, que es quien sanciona, y que "en el momento en el que se cometan" infracciones de forma reiterada "vamos a comenzar a cerrar establecimientos". Además, ha anticipado que se pretende poner en marcha un nuevo plan de choque con refuerzo de vigilancia policial para defender el derecho al descanso de los vecinos, puesto que ese sería el objetivo de la ZAS. "No hemos dejado de intervenir, en el marco de nuestras competencias y vamos a ir hasta el final de las consecuencias; si se sigue infringiendo, con la acumulación de infracciones, procederemos al cierre de los establecimientos".

Igualmente, se ha pronunciado respecto al estado del proyecto del centro de congresos para señalar que se está tramitando la modificación del Plan Especial del Puerto, pendiente de aprobación por parte del consejo de ministros. "Se está retrasando y nos preocupa; hemos requerido para que ese Plan sea una realidad, que es el que nos tiene que permitir que se ubique ahí el centro de congresos", ha dicho, para añadir que "el proyecto definitivo está prácticamente terminado" lo que posibilitará que se liciten las obras. Sobre el futuro Plan General, ha señalado que se ha convocado un nuevo proceso participativo "para que todo el mundo que tenga algo que decir, lo diga". "Queremos una ciudad en la que haya más zonas verdes", ha dicho, tras mencionar el parque de Las Lagunas de Rabasa o el Parque Agrario de La Condomina, así como la reserva de suelo para el tercer hospital, también en Rabasa.