VALÈNCIA. "Name and shame" es un concepto inglés para definir el señalamiento público a una persona, empresa o similar cuando ha incurrido en un comportamiento incorrecto o ilegal. La Agencia Antifraude ha decidido aplicarlo a sus rebeldes. Aquellos que hacen caso omiso a sus recomendaciones, con lo que considera argumentos poco justificados, una o más veces. Porque hay reincidentes. El presidente de la entidad, Joan Llinares, destaca que la mayoría de administraciones tratan de aplicar las sugerencias de buena gana, pero lo cierto es que hay algunas que no. Y de todos los colores.
Aunque la ley le permite hacerlo, Antifraude ha incluido por primera vez en una memoria, la de 2022 –y la cual entregó ayer martes a Les Corts–, una lista del sonrojo. Debido a que la agencia tiene una capacidad de actuación limitada, parece que la intención es que, al menos, conste en algún lugar. En total, han sido 14 administraciones y entes públicos los que no han aceptado las recomendaciones de Antifraude en 25 expedientes de investigación concluidos. Se trata de siete ayuntamientos (Benidorm, Torrevieja, València, Alcoi, Gavarda, Tous y San Antonio de Benagéber), la Diputación de Alicante, dos empresas públicas (Gespa, del ayuntamiento de Paterna, y Divalterra, de la Diputación de Valencia), la Generalitat, el Patronato de Turismo Costa Blanca, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (Ivam) y la Fundación Valencia Activa (del Ayuntamiento de València).
Destacan especialmente los incumplimientos de los ayuntamientos de Benidorm y Torrevieja por haber sido reiterados. Ambos ocupan el primer puesto del ranking. Pero el de València es el de mayor número de expedientes a cuyas recomendaciones no se ha atendido. La mayoría de éstas suelen ir dirigidas a la revisión de procedimientos, la exigencia de responsabilidades y planes reales para que se no vuelvan a repetir hechos similares.
En rueda de prensa posterior a la entrega de la memoria, Llinares reconoció que en 2022 se duplicaron las actuaciones incumplidoras de las recomendaciones. "No es una buena noticia. No deja más que entrever que hay una actitud de enroque en comportamientos que no se corrigen porque son hechos que ya han ocurrido o no se atreven a poner en marcha la solución", reflexionó.
Los comportamientos que han observado, indicó, son de "no me bajo del burro" o, directamente, de faltas de educación. En este sentido, señaló que en el caso del Ayuntamiento de Benidorm (gobernado por Toni Pérez) ha habido una "actitud beligerante y ofensiva" contra Antifraude, mientras que en otros casos como el de València ha visto "respuestas fuera de lugar" en las que quien escribe parece que "no sabe de leyes".
En Benidorm –con la alcaldía en manos del PP– las investigaciones que concluyeron en 2022 han sido variadas. Una fue el trato de favor por parte del concejal de Tráfico y Movilidad a un exedil del Ayuntamiento. El primero realizó una llamada un sábado al servicio de grúas municipal para permitir la retirada de un vehículo del segundo sin el abono de la tasa correspondiente. Otra fue la filtración de respuestas de una prueba para la cobertura de 20 plazas de agentes de policía local en la localidad; y la última irregularidades en el proceso de selección también de policía local.
En Torrevieja, una investigación fue la del asfaltado municipal de la calle en la que vivían familiares del alcalde, Eduardo Dolón (PP), y si la persona encargada de redactar el proyecto era familiar de cargos electos del Ayuntamiento. Otra consistió en la prestación de servicios sin contrato respecto al plan de choque contra los mosquitos.
En el Ayuntamiento de València –dirigido por Compromís y PSPV– hay hasta cuatro. Una es sobre la gestión de la contrata de la grúa, una de las más importantes del consistorio y que, según la agencia, habría supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de más de 614.000 euros al estar prestándose el servicio fuera de contrato desde 2017. Para Antifraude, ese dinero jamás debería haberse abonado, por lo que pidió que se revisaran los pagos por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por el socialista Aarón Cano, rechazó hacerlo y alegó que no se daban "ninguno de los requisitos establecidos" en la ley para ello.
La segunda investigación concluyó que uno de los contratos suscritos por el consistorio en el marco de la celebración del Bonica Fest de 2019 –dependiente de la concejalía de Carlos Galiana (Compromís) no se cumplió en su totalidad, no se pudo acreditar el gasto en parte del material y se encontraron incumplimientos en la facturación y "errores" en la ejecución del acuerdo. Antifraude instó a que se dictaran instrucciones internas estableciendo protocolos de actuación para garantizar el cumplimiento íntegro de las obligaciones contraídas en la fase de ejecución del contrato, así como la forma de actuación en caso de incumplimiento. También cuál es la justificación exigible para acreditar el cumplimiento íntegro de las obligaciones de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y contratos formalizados. Nada de ello se ha hecho.
La tercera investigación fue la relativa al servicio del Bus Turístic, que la concejalía de Movilidad Sostenible que dirige Giuseppe Grezzi (Compromís) no ha sacado a concurso en las dos legislaturas que lleva en el Ayuntamiento. La agencia le afeó que siguiera manteniéndolo a dedo tras ocho años en una situación que proviene de la etapa del PP.
Antifraude instó al consistorio a que la prestación del servicio se realice en régimen de concurrencia competitiva" porque es el que reporta "mayores ingresos públicos para las arcas municipales". Incluso detectó una irregularidad en una de las prórrogas concedidas a la firma sevillana Viajes Privilege, que entró en la gestión. Pero la cosa sigue igual.
Por último, en relación al Ayuntamiento de València aparece la fundación Valencia Activa. Antifraude concluyó que la fundación municipal nombró en 2017 y 2018 a la subdirectora Mar Marín y al subdirector de Emprendimiento Javier Mateo -ahora concejal socialista- sin sostén jurídico y "sin respetar la aplicación de los principios" de mérito, igualdad, capacidad, publicidad y concurrencia de la normativa del empleado público. Hechos se produjeron durante la presidencia de la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV). La agencia exigía al consistorio que los altos directivos debían superar un proceso público y de concurrencia para ser contratados, como el resto de empleados, pero el Ayuntamiento sostenía el criterio contrario. Y se acabó.
Los 'rebeldes' de Antifraude no se quedan ahí. La Generalitat es otro ejemplo. La memoria cita la investigación que alertó de casi una decena de irregularidades en el contrato de patrocinio de 242.000 euros (IVA incluido) concedido a dedo por Presidencia de la Generalitat a la Cadena Ser para el evento 'Congreso del Bienestar' que tuvo lugar en el Palau de les Arts de València los días 24, 25 y 26 de enero de 2020. Una cita con cariz político en la que se reflexionó sobre la socialdemocracia. El departamento de Ximo Puig optó por un contrato de patrocinio negociado sin publicidad pese a la importante cuantía del mismo y lo argumentó en su momento en la promoción que suponía para la Comunitat Valenciana.
La Agencia recomendó a Presidencia que procediera a la revisión de oficio de los actos incursos en causa de nulidad de pleno derecho o anulabilidad con relación al contrato de patrocinio. También que en un futuro cumpla con los criterios de la Sindicatura de Comptes y con las sentencias judiciales en esta materia. No se ha hecho.
Otro de los expedientes fue uno en el que las indagaciones duraron dos años: el de los contratos de emergencia suscritos por la Generalitat en 2020, en plena primera ola de la covid. La Generalitat recurrió a este tipo de contratación, que supone que la adjudicación sea sin concurso, debido a la acuciante necesidad de material en ese momento y a la dificultad de suministrarlo de manera inmediata. Sin embargo, han sido diversos los órganos que, desde entonces, han cuestionado que se relajaran los controles posteriores y la transparencia.
La agencia analizó 11 adjudicaciones de suministro de material sanitario, efectuadas entre marzo y junio de 2020 y que suman más de 18 millones de euros. Detectó irregularidades, "déficits" en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, sobrecostes y comisiones repercutidas a la Conselleria de Sanidad que dirigía Ana Barceló (PSPV).
Antifraude recomendó a la Generalitat que revisara de oficio los contratos adjudicados a mercantiles que no acreditaron su capacidad y solvencia para ser contratistas, lo que supone "un vicio de nulidad de pleno de derecho", y que adquirieron derechos cuando carecían de los elementos esenciales para su adquisición. También aconsejó que dictara instrucciones internas para que los órganos de contratación de la Conselleria dejen constancia formal por escrito de que las contrataciones se ajustan a precios de mercado y los argumentos objetivos que así lo acrediten o, en su defecto, de las razones de interés general que justifican la contratación no basada en precios de mercado. Incumplimiento.
Por último, de la Generalitat menciona la investigación sobre irregularidades administrativas en la tramitación y en el pago de modificados en la reforma de un instituto de la Vall d'Uixó. Las recomendaciones a la Conselleria de Educación que gestionaba Vicent Marzà y ahora Raquel Tamarit (Compromís) no han sido atentidas.
Al margen de estas administraciones, destacan otras como desobedientes. Una, el ayuntamiento de Gavarda por las incompatibilidades de su alcalde y presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó. Antifraude consideró que incumplió su dedicación exclusiva mientras era primer edil al ejercer a la vez una actividad privada.
La entidad explicó que el dirigente popular fue declarado en este régimen para el ejercicio de su cargo de primer edil de la localidad durante dos legislaturas, de 2011 a 2019. Pero durante ese tiempo en el que tenía reconocida la dedicación exclusiva, y de acuerdo a los rendimientos económicos, trabajó en una empresa privada en la que fue gerente. Según Antifraude, esta actividad no se puso en conocimiento del pleno del consistorio, por lo que no solicitó ni obtuvo declaración de compatibilidad aunque era preceptivo al encontrarse sujeto a la ley de Incompatibilidades.
La agencia le instó a que devolviera parte del sueldo que cobró. Igualmente, recomendó al Ayuntamiento el inicio de la revisión de oficio de aquellas actuaciones que incurrieran en causa de nulidad de pleno derecho, correspondientes a los actos administrativos aprobatorios de las distintas nóminas abonadas a Mompó. También que estableciera los protocolos o procedimientos dirigidos a informar a los cargos electos municipales sobre la obligatoria observancia y cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades. Al parecer, no han hecho mucho caso.
Otro expediente relevante es el de las irregularidades en el proceso de selección del gerente del IVAM Sergi Pérez. Entre otras, Antifraude señalaba la admisión de dos candidatos fuera de plazo; que no se justificaran suficientemente los motivos que condujeron al nombramiento del aspirante seleccionado; o que no se usaran los procedimientos de revisión legalmente establecidos para modificar la base de la convocatoria. La recomendación consistía en que se tramitara el expediente para convalidar las actuaciones realizadas en el procedimiento, de manera que tenía que pasar por el pleno del Consell al ser el órgano competente para la convalidación del acto anulable. No lo ha hecho.
Otro expediente llamativo es el de las irregularidades en una subvención nominativa de 363.000 euros que el Patronato de Turismo de la Costa Blanca concedió a la patronal Hosbec para la campaña del verano y otoño de 2020. La agencia cree que se incumplió la ley y recomendó aplicar una normativa sobre la subcontratación de la actividad de las ayudas; fijar el tiempo de inicial y final de la actividad subvencionable; incorporar baremos de puntuación entre los beneficiarios de la contrataciones; e identificar con código seguro los informes que hagan referencia a las resoluciones para ofrecer certeza del mismo. No se ha cumplido nada.
A todos ellos se suman los de Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia. En un expediente, Antifraude pidió que la Diputación de Valencia valorara la exigencia de responsabilidades a tres directivos que cobraron de forma indebida 45.105 euros de kilometraje. La entidad inició una investigación a raíz de una comunicación recibida en febrero de 2021 sobre posibles irregularidades en la percepción de dietas de José Luis Vera, quien ocupaba el puesto de jefe jurídico, transparencia y prevención de riesgos penales. Como publicó Valencia Plaza, eludió la devolución de más de 10.000 euros en desplazamientos que cobró mientras estuvo de baja durante dos periodos entre 2016 y 2019. La resolución final afectaba, además de a Vera, a la excogerente de la empresa pública Agustina Brines y a la exresponsable de Medio Ambiente. En total, Antifraude considera que Vera cobró indebidamente 36.426 euros; Brines 4.786 euros y la tercera directiva 3.892 euros.
La Agencia recomendó la exigencia de responsabilidades y el inicio de los expedientes de reintegro del dinero. En teoría, la Diputación había empezado a gestionar lo segundo, pero lo paró.
Los amaños en los procedimientos de contratación en Divalterra fueron otros de los expedientes de Antifraude en los que no se han atendido las recomendaciones.
