La jueza cree que el ex vicealcalde de València usó a su familia para ocultar mordidas en varios países

VALÈNCIA. El que fuera vicealcalde de València durante los gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, es uno de los principales investigados del conocido como caso Azud junto al empresario Jaime Febrer. La causa investiga una presunta trama de comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento durante los gobiernos de Rita Barberá. Y este miércoles dio otro paso más al conocerse otra parte del sumario sobre el supuesto desvío de estas mordidas que Grau habría ocultado en varios países del extranjero, empleando para ello también a sus familiares.

En uno de los autos del sumario, la titular del juzgado número 13 de Valencia señala que el exvicealcalde participó en "al menos ocho tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas" para beneficiar "al empresario Jaime María Febrer Rovira y sus empresas (Grupo Axis) desde 2003 a 2013". Una década en la que, señala la jueza, el exvicealcalde cobró hasta un millón de euros en mordidas a cambio de favores urbanísticos al citado grupo.

La jueza señala que Grau, en su condición de cargo público, fue "sobornado" por varios empresarios que se presentaban a concursos públicos y licitaban "para la obtención de adjudicaciones de obras y servicios públicos". Los sobornos, además, alcanzaron también a otros funcionarios públicos e intermediarios "en el amaño de contrataciones públicas". 

Quien fuera mano derecha de Barberá, según el auto de la jueza, "amañó varios concursos" para que las empresas propiedad de Jaime Febrer se adjudicaran los terrenos públicos o derechos sobre los mismos, algo que "acabó perjudicando los intereses del Ayuntamiento de València". Este perjuicio, señala, "no ha podido ser resarcido" todavía, por lo que el "quebranto" en los fondos públicos y los activos que tenía el consistorio persiste a día de hoy. 

A cambio del amaño de estos concursos, Febrer "abona a Alfonso Grau grandes cantidades de dinero de origen oculto, dado que empleaba para ello una sociedad tipo offshore de nacionalidad panameña", expone el auto. Ello, indica, dificultaba que pudiera conocerse el origen del pago de los sobornos. 

Además de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, el juzgado también investiga a Grau por delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales, asociación ilícita, organización criminal y un delito relativo a las negociaciones prohibidas a los funcionarios. 

El auto, al que ha tenido acceso este diario, expone que para introducir el dinero procedente de sobornos en circuito legal, Alfonso Grau se sirvió de sus familiares directos. En particular, de sus dos hijas: María Ángeles Grau y Sofía Grau, además de a los maridos de estas, Kent Lawrence Baker y Eugenio Cámara Alberola.

Para el blanqueo de capitales en España, entre 2002 y 2014, "Grau introdujo en sus cuentas pequeñas cantidades de dinero". "Realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas y de su hija por un montante de 412.725 euros", señala la jueza, según la cual, para evitar el control financiero o administrativo, estas cantidades nunca superaban los 3.000 euros.  A ello se suma, tal como relata la jueza, que Grau alquiló tres cajas de seguridad en BBVA y Bancaja, en las que autorizó a sus dos hijas y en las que ingresó efectivo que se le entregaba como comisiones ilícitas previamente pactadas con Febrer.

Fue su hija María Ángeles la encargada de "ejecutar" el blanqueo, dice el auto, pues ingresó de forma periódica el dinero en Citybank -nunca cantidades por encima de los 3.000 euros- y, posteriormente, desde la cuenta online del citado banco, ordenó transferencias a una cuenta radicada en Estados Unidos (donde reside con su marido) en la entidad JP Morgan. 

En esta cuenta, cuya titular era la hija de Grau y su marido, Kent Lawrence, el empresario que se benefició de la trama "realizó el pago de un millón de euros", señala el auto. Una cantidad que habría pactado para Grau por "haber propiciado una de las ocho operaciones urbanísticas que favoreció al empresario en perjuicio de los intereses públicos".

La 'offshore' de Panamá

Gracias a la petición de cooperación internacional, la entidad JP Morgan facilitó al juzgado información sobre la cuenta bancaria en cuestión que se empleó para el pago del soborno de una de las tramas. En ella, se ingresaron un total de 282.094,64 euros mediante tres transferencias entre diciembre de 2006 y febrero de 2008. Estas se realizaron, según el auto de la juez, desde un banco suizo y otro radicado en Reino Unido. 

El ordenante de las tres transferencias fue una mercantil panameña: Edimboro Investment SL, una sociedad offshore, "intrumento que se utiliza tradicionalmente en estas operativas de lavado de dinero", expone. Edimboro se trata de una sociedad anónima con domicilio en el citado país que se incorporó en el registro de sociedades en julio de 2004 y se disolvió en septiembre de 2013. 

La respuesta a las diversas comisiones rogatorias del juzgado ha permitido averiguar que el beneficiario final de Edimboro era el empresario fallecido Miguel Montoro. Junto a su hija Mónica (investigada en la causa), dirigían una mercantil socia de Mediterránea de Actuaciones integradas (MAI), utilizada en un importante pelotazo de la trama Azud, como fue la denominada Operación Colegios.

"Debe reseñarse que durante el tiempo de vigencia de dicha sociedad, instrumento del delito -investigado-, está activa durante el periodo de tiempo que se producen de manera constante los sobornos y pagos por el amaño de contrataciones públicas, siendo particularmente relevante la actividad que se realiza en la ciudad de Valencia durante los años 2006 a 2009 como consecuencia de los eventos de la Fórmula 1 y de la Copa América", resume el auto. Es decir, que durante la offshore tuvo actividad durante la década en la que Grau habría cobrado las supuestas mordidas y cuyo periodo coincide, además, con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 y la America's Cup.