ALICANTE. Fumata blanca en la concesión de licencia para la instalación de los depósitos de almacenaje de combustible promovidos por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha emitido un decreto de reconocimiento de los efectos del silencio positivo en la licencia ambiental solicitada por la mercantil XC Business 90, SL, para la instalación de un centro de distribución de combustibles y carburantes en el Puerto de Alicante, "por imperativo legal", en estricto cumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que así lo exige, según informan fuentes municipales, a través de un comunicado.
La decisión se produce, primero, a la vista de la presión ejercida por la propia empresa promotora, que viene reivindicando la concesión de ese permiso desde que se produjo la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo frente a la sentencia dictada por el TSJ, el pasado diciembre, con advertencia, incluso, del inicio de acciones legales en el caso de que se persistiese en el bloqueo a la concesión de esa licencia. Es más, la compañía ha registrado desde entonces varios escritos en los que se ha solicitado mantener un encuentro informativo con responsables municipales para tratar sobre la situación del expediente. Y, segundo, el decreto de concesión del permiso se dicta también ahora ante la caducidad del plazo máximo del que se disponía para darle cumplimiento efectivo a la sentencia favorable a la empresa, toda vez que el decreto por el que adquirió firmeza, tras la desestimación del recurso de casación, se notificó con fecha de 9 de enero. A partir de ese momento, comenzaron a correr los dos meses previstos para ejecutar el contenido del fallo. Ese plazo venció el 9 de marzo, lo que habría precipitado la firma del decreto de concesión de la licencia.
Sea como fuere, fuentes municipales apuntan, igualmente, que el decreto de concesión de la licencia advierte a la mercantil de que "antes del inicio y funcionamiento de la actividad, la explotación deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad y prevención exigidos en las normativas sectoriales en materia de medio ambiente, control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como de afectación a la Red Natura 2000, debiendo haber obtenido las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos de los órganos autonómicos competentes".
La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha explicado que este decreto de reconocimiento de obtención de la licencia ambiental solicitada, por silencio administrativo, "no supone en ningún caso que la empresa pueda instalar los depósitos en el Puerto de Alicante". De hecho, como ha añadido el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), Manuel Villar, ha apuntado -en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local- que el permiso concedido es el ambiental, pero no la licencia de obra, que "requiere de otro procedimiento distinto", ha recalcado. Así, tanto Gómez -a través del mismo comunicado- como Villar han sostenido que "sigue intacta la firme oposición del Ayuntamiento a la instalación de este centro de distribución de combustibles" y su propósito "de seguir plantando batalla desde todos los frentes posibles, incluido el judicial, para evitar que este proyecto llegue a ser una realidad". Una batalla, que según la nota pública, en la que tiene como aliada a la Autoridad Portuaria de Alicante, que ha establecido con el Ayuntamiento un frente común de rechazo a esta iniciativa privada.
El proyecto queda sujeto a la concesión de licencia de obra y a la tramitación de informes sobre el plan de emergencias, seguridad y manejo de residuos peligrosos
De igual modo, la emisión de ese decreto no supone que el Ayuntamiento haya renunciado al ejercicio de acciones legales frente a la puesta en marcha del proyecto. De hecho, las mismas fuentes apuntan que se sigue preparando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), por entender, como ya planteó en su recurso de casación ante el TSJCV, que este tribunal no tuvo en cuenta en su sentencia la inconstitucionalidad del artículo de la ley autonómica que establecía dicho silencio positivo en licencias ambientales, decretada en 2022.
Informes preceptivos para la actividad
El decreto emitido por la concejalía de Urbanismo informa a la mercantil de que "antes del inicio y funcionamiento de la actividad, la explotación deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad y prevención exigidos en las normativas sectoriales en materia de medio ambiente, control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como de afectación a la Red Natura 2000, debiendo haber obtenido las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos de los órganos autonómicos competentes que deben emitir pronunciamiento en las materias correspondientes, en el caso de establecimientos nuevos, antes de comenzar su construcción o explotación".
En concreto, el proyecto debe recabar evaluación sobre el plan de seguridad, el plan de emergencias, emisiones a la atmósfera, manejo de residuos peligrosos y la afección a espacios protegidos por la Red Natura. Además de todos estas autorizaciones supramunicipales, deberá obtener por parte del Ayuntamiento de Alicante la licencia de obra mayor, que está en tramitación y donde el Consistorio será exigente con el cumplimiento máximo de los requisitos necesarios, antes de emitirla.
Críticas de la oposición
Sea como fuere, la nueva situación administrativa del proyecto no ha tardado en suscitar las críticas de los grupos que ejercen funciones de oposición, que han lamentado que se haya adoptado esta decisión ante la falta de respuesta en tiempo y forma cuando el Ayuntamiento tenía la potestad de denegar la concesión de la licencia en base a los argumentos legales que lo fundamentasen, sin que la empresa pudiese solicitarla por silencio administrativo positivo. Así lo han subrayado tanto la edil de Compromís, Sara Llobell, como la portavoz del PSOE, Ana Barceló, en sendas comparecencias públicas.
En primer término, Llobell ha considerado que "no puede ser que el alcalde Luis Barcala, por un lado, se haga vídeos diciendo que no va a permitir la instalación de macro depósitos en el puerto y, por otro, otorgue la licencia ambiental. Está en manos de este Ayuntamiento el denegar esa licencia, cómo, cumpliendo con su obligación de contestar no autorizando la instalación, no utilizando esa licencia ambiental. No puede ser que un asunto tan grave y urgente y que afecta a la seguridad de todo lo vecinos y vecinas, no solo de la zona sur, sino de toda la ciudad, esté en manos de la falta de obligación y de la incompetencia del Ayuntamiento por no contestar a la licencia", ha señalado. En esta línea, ha estimado que "el Ayuntamiento, lo que tenía que haber hecho, es denegar esa licencia y no tendríamos este problema. Está en manos del Ayuntamiento, está en manos del alcalde, el solucionar esta situación y, por eso, reiteramos que se convoque ya la Comisión municipal Puerto Ciudad, que ya hemos pedido en anteriores plenos. Se nos contestó en el último pleno que seria a la mayor brevedad posible cuando el Puerto pudiese. No, esto no se puede alargar más, tiene que convocarse, que deje de poner excusas el alcalde y que se siente con el Puerto y con los grupos de la oposición para hablar sobre este tema y dar explicaciones", ha concluido.
En segundo lugar, Barceló ha incidido en el mismo argumento del retraso en la resolución de la solicitud de licencia como causa de que se haya concedido ahora ese permiso "con la intención de no incurrir en una posible prevaricación" sin abrir la vía de la negociación. "El ayuntamiento ha apurado hasta el últmo minuto" para no quedar expuesto a la comisión de ese delito, ha señalado, para sostener que, a su juicio, resulta inadmisible que "el diálogo que establece el ayuntamiento con los ciudadanos y con las empresas siempre esté en el ámbito judicial; estábamos pidiendo que se sentase a negociar con antelación y desde el grupo socialista le ofrecimos colaboración, pero ni ha querido hablar con nosotros ni con la empresa", ha incidido.
En su opinión, "ahora es muy complejo que pueda encontrarse una solución por la vía judicial", ha apuntado, y ha recalcado que "ese recurso ante el Constitucional no es más que una excusa dilatoria de un problema que requiere sentarse; les ofrecimos diálogo y seguimos sin él". Así, ha anticipado que, de continuar con esa estrategia, "van a tener que otorgar una licencia de obra; esto es lo preocupante que no encuentre otra vía para solucionar este problema que no sea la vía judicial". "No sabemos ahora la empresa qué va a hacer" en un momento que, según ha sostenido, se produce después de "todo este recorrido judicial, esta inacción de este equipo de gobierno, que lleva varias condenas por silencio administrativo, y que no mantiene una posición clara desde el principio, de aceptar o denegar la solicitud de licencia", ha subrayado. “Si ya hablan de cómo se van a controlar las obras es porque, irremediablemente, van a otorgar licencia para que la actividad se pueda desarrollar", ha concluido.
La oposición reprocha que no se hubiese denegado el permiso antes de que se expusiese al Ayuntamiento a concederlo por silencio administrativo positivo
En tercer lugar, la portavoz del grupo municipal de Vox, Carmen Robledillo, también se ha referido al decreto de concesión de licencia ambiental en sentido crítico, aunque extendiendo las responsabilidades sobre esa decisión tanto al Ayuntamiento como al Gobierno central y a la misma Autoridad Portuaria. "Esto es una triste derrota para la ciudad de Alicante y hay que señalar a los responsables: los partidos políticos que han gestionado el Gobierno central y el municipal, así como el Puerto en los últimos años", ha apuntado. Eso sí, también ha añadido que "desgraciadamente hay una sentencia judicial y ninguna administración puede ir en contra", en una suerte de descargo respecto a la decisión ejecutada ahora.
- Una de las protestas vecinales contra el proyecto de los depósitos. -
- Foto: RAFA MOLINA
En cuarto término, también se ha pronunciado el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, quien ha apuntado, con una interpretación más sosegada (no una reacción de urgencia como la manifestada por el resto de representantes municipales) que "desde Esquerra Unida Podem mostramos nuestro más absoluto rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Alicante de conceder la licencia ambiental a los depósitos en el Puerto. Aunque el equipo de gobierno trate de escudarse en una decisión judicial, la realidad es que existen numerosos precedentes en los que la administración no ha seguido a rajatabla las resoluciones judiciales cuando no le ha interesado". "Si el PP aplicara siempre las sentencias con la misma rapidez, hace años que el edificio Gemelos 28 de Benidorm estaría derribado, que la urbanización Azalea Golf en el PAU4 habría desaparecido, que la zona ZAS del Centro Tradicional se habría declarado en el plazo de dos meses, la licencia del Algarrobico estaría revocada, o que el complejo de apartamentos del campo de golf El Plantío habría sido demolido tras tres sentencias del Tribunal Supremo", ha explicado.
"Pero no, cuando las sentencias afectan a grandes intereses privados, las administraciones encuentran excusas para dilatar su aplicación, mientras que aquí, cuando perjudica a la ciudadanía y al medio ambiente, la cumplen con diligencia extrema", ha añadido. En esta línea, ha recalcado que "este proyecto ha sido ampliamente contestado por la ciudadanía, especialmente por los vecinos y vecinas de los barrios cercanos, que llevan meses denunciando el riesgo que supone la instalación de estos depósitos. Sin embargo, el Ayuntamiento, en lugar de recurrir o explorar vías para frenar su implantación, ha optado por la sumisión absoluta a la decisión judicial, dejando claro que su prioridad no es el bienestar de la gente, sino el beneficio de unos pocos". "Es inaceptable que, en plena crisis climática, se sigan impulsando infraestructuras que aumentan la contaminación y ponen en peligro la calidad del aire que respiramos y del agua de nuestra bahía. Alicante necesita un modelo de desarrollo sostenible, que priorice la salud de sus habitantes y la protección del medio ambiente, no decisiones irresponsables como esta", ha considerado. Por último, ha asegurado que su formación seguirá "exigiendo la paralización de este proyecto y apoyando la movilización vecinal para frenar esta barbaridad. La lucha por un Alicante más habitable y saludable no ha terminado".
Rechazo vecinal
De igual modo, también se ha producido reacciones en contra de la concesión de permiso por parte de la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) que agrupa a representantes de asociaciones vecinales, colectivos conservacionistas, AMPAS y otras entidades sociales. En esta línea, su portavoz José Santamaría, ha considerado que el equipo de gobierno tiene la oportunidad de sumarse a las iniciativas que ya están en curso para tratar de frenar el desarrollo de la planta de carburantes, como el contencioso interpuesto por la asociación Ecologistas en Acción frente al acuerdo de modificación de la concesión de la terminal de mercancías aprobado en 2019 por el que se dio encaje a la instalación de los silos de combustible, además de contra la falta de respuesta a la solicitud de revisión de oficio frente a ese acuerdo registrado por la propia PPS ante la Autoridad Portuaria, a la vista de que, a su juicio, la empresa promotora no reuniría los requisitos de solvencia económica y técnica requeridos. Además, también ha apuntado que el objetivo de la plataforma es interponer un nuevo contencioso en esa dirección con el propósito de que se acabe revocando esa autorización como freno definitivo del proyecto.
